Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo “profundizó su deriva autoritaria”, mientras mantiene una persecución sistemática a sus críticos, advirtió el informe global de Human Rigths Watch (HRW), publicado este 4 de febrero y divulgado de manera simultánea en Washington y Ciudad de México.
El documento evalúa la situación de derechos humanos en 100 países del mundo e incluye un capítulo sobre Nicaragua en su edición 36. Juanita Goebertus Estrada, directora para las Américas del organismo, dijo a LA PRENSA que ha faltado una “voluntad política sostenida” a la comunidad internacional para que se rindan cuentas por los abusos denunciados.
La funcionaria del organismo de DD. HH. explicó que aunque el país centroamericano no pertenece a la Corte Penal Internacional, un Estado podría presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por la violación a la Convención contra la Apatridia, por ejemplo.
“Las conclusiones del GHREN (Grupo de Expertos de Derechos humanos de la ONU) y la documentación de organismos internacionales —incluida la persecución sistemática que hemos registrado en Nicaragua— no pueden quedar sin consecuencias”, alentó Goebertus.
El documento de HRW hace una radiografía de la situación de Nicaragua y su gente. Explica que el deterioro de la situación de derechos humanos ha ocurrido mientras se ha concentrado poder en el régimen. En 2025, una reforma constitucional, que se aprobó en segunda legislatura ese año, permitió a Ortega y Murillo compartir el mismo nivel jerárquico en el Estado con la figura de “copresidentes” y eliminó la independencia de los poderes del Estado.
Puede interesarle: El despiadado ascenso de la dictadora Rosario Murillo
“En enero (de 2025), la Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, aprobó una amplia reforma constitucional. La reforma nombró a Murillo, esposa de Ortega y entonces vicepresidenta, ‘copresidenta’, y otorgó al Ejecutivo la facultad de ‘coordinar’ los poderes judicial y legislativo. Ortega se mantiene en el poder desde 2007”, recordó HRW en el capítulo sobre Nicaragua.
“Dictadura tortura y encarcela”
Goebertus mostró preocupación por el deterioro sostenido de la crisis de derechos humanos, la situación de los presos políticos —en especial aquellos declarados en desaparición forzada— y también por la situación de vulnerabilidad de quienes están en el exilio en condiciones de apatridia.
“Los países que reciben a personas exiliadas tienen una responsabilidad clara: protegerlas, no deportarlas a un país en el que son perseguidos. Ningún gobierno puede alegar ignorancia sobre lo que ocurre en Nicaragua. Quien hoy huye del régimen Ortega-Murillo está huyendo de una dictadura que tortura, encarcela y hace desaparecer a sus críticos”, enfatizó Goebertus.
Lea también: GREHN identificó cadena de mando en violaciones a derechos humanos y recomienda “investigaciones judiciales”
De esa manera, ella hizo referencia al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. En julio de 2025 la administración Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS). Aunque la medida entró en vigor en septiembre, esta puso fin a la protección que tenían 4,000 personas. En el primer semestre del mismo año, 2,100 nicaragüenses fueron deportados a Managua.
Persecución sistemática y medidas represivas
El informe de HRW describe una persecución sistemática de críticos y opositores, así como detenciones, procesos arbitrarios, y medidas abusivas, como la privación de la nacionalidad de 452 personas, ocurrida entre 2023 y 2024, además de la confiscación de sus bienes.
Para hacer la denuncia se basa en los informes del GHREN de la ONU, pero también en otras organizaciones como la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia, igual que publicaciones de medios de comunicación. La privación de la nacionalidad, aplicada a través de los tribunales a 358 ex presos políticos y a 94 personalidades, por ejemplo, se convirtió en una facultad entregada por la reforma constitucional a las autoridades para que fuese aplicada a quienes consideraran “traidores de la patria”.
Puede leer también: Los presos políticos y la puerta giratoria de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua
Según los datos de octubre de 2025, del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, Nicaragua tenía 77 presos políticos entonces. Este número suele variar por la llamada puerta giratoria, que es cuando el régimen excarcela a presos, pero de manera paralela ingresa a otros.
“Es una estrategia de control y propaganda, no una señal de apertura. El régimen usa las excarcelaciones para reducir presión internacional, mientras mantiene intacta la maquinaria represiva y sigue produciendo nuevos presos políticos”, explica la directora para la División para las Américas de HRW.
El organismo hace énfasis en la situación de las personas detenidas, que se encuentran en condición de “desaparición forzada”. Menciona además los casos en que fueron reportados muertos, como ocurrió con Carlos Cárdenas y Mauricio Alonso, en agosto de 2025. HRW afirma que al menos seis personas han muerto bajo custodia del Estado desde 2019.
En el informe se mencionó que “las fuerzas de seguridad sostienen un clima de miedo mediante la vigilancia, el acoso y las detenciones arbitrarias”. Ese ambiente de opresión se ha extendido incluso a los partidarios del régimen, a través de las purgas políticas. Es un mecanismo atribuido a Murillo para consolidar su poder en todas las instituciones estatales.
HRW afirma también que la entrada en vigor de la nueva ley de telecomunicaciones obliga a los proveedores de servicios públicos de comunicaciones audiovisuales a suministrar toda la información que le sea requerida ante el ente regulador, incluyendo información georreferenciada. Esto representa una amenaza para la privacidad, protección de datos personales y finalmente para la libertad de expresión.
El cierre del espacio cívico
Las medidas represivas han dejado como consecuencia el cierre del espacio cívico en Nicaragua. Desde 2018, más de 5,500 organizaciones han sido cerradas por el poder ejecutivo, entre ellas hay organismos de derechos humanos, organizaciones y universidades.
“Esa cifra representa aproximadamente el 80 % de las ONG que operaban oficialmente en Nicaragua, según las últimas cifras disponibles, de 2018. Al menos 58 medios de comunicación han sido clausurados”, denunció el informe de HRW.
La persecución a los periodistas y a los religiosos también es mencionada. Según datos de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) se contaban 293 periodistas en el exilio en julio de 2025. Sin embargo, ese número aumentó recientemente a 309.
La persecución a los religiosos, al momento del cierre del informe de HRW, era de más de 200. Hoy se cuentan 306 religiosos, según datos de la investigadora Martha Patricia Molina.
Samcam y la represión transnacional
El riesgo de la represión trasnacional es otro tema del informe. Entre 2018 y 2025, al menos 342,000 nicaragüenses solicitaron asilo en el extranjero, especialmente en Costa Rica, Estados Unidos, México y España. Otros 31,000 fueron reconocidos como refugiados.
Lea además: Víctimas en el exilio denuncian en la ONU cómo opera la represión trasnacional del régimen
El asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en su apartamento en San José, Costa Rica, es mencionado en el informe. Según la publicación, él había recibido amenazas de muerte, aparentemente vinculadas a las fuerzas de seguridad nicaragüense. Cuatro personas fueron detenidas en septiembre y tres de ellas se encuentran en prisión en territorio costarricense.
De acuerdo con HRW, “al menos siete críticos nicaragüenses en el exilio han sido asesinados o atacados desde 2018, según organizaciones nicaragüenses de derechos humanos. En septiembre, el GHREN pidió mecanismos de protección para las poblaciones exiliadas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la dimensión transnacional de las amenazas que enfrentan”.
¿Cómo ha respondido Ortega y Murillo a estas denuncias? Además del silencio oficial, han desarrollado una estrategia de aislamiento internacional. HRW dice que el régimen anunció su salida del Consejo de Derechos humanos de la ONU, de la FAO, la OIT, la OIM, la Unesco y Acnur.
“En marzo (de 2025), Nicaragua también decidió no participar en la adopción del resultado de su Examen Periódico Universal de la ONU. Asimismo, el Gobierno se retiró de la Organización de los Estados Americanos en 2023”, indica el documento. Esto ocurre, mientras Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido y Canadá han impuesto sanciones a individuos por graves violaciones de derechos humanos.
En abril de 2025, el GHREN identificó a 54 funcionarios involucrados en la represión contra los ciudadanos nicaragüenses. La represión sistemática ha afectado también a los pueblos indígenas como recuerda HRW. Citan los casos de Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez, miembros del partido indígena Yatama y otrora aliados de Ortega y Murillo, quienes fueron encarcelados.
