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«El asesinato de mi esposo no fue un hecho aislado, fue una ejecución política». Con esas palabras, Claudia Vargas, defensora de derechos humanos y viuda del mayor retirado del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, estremeció a expertos en derechos humanos y representantes de Naciones Unidas reunidos en Ginebra.
Vargas denunció que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo exportó sus prácticas represivas hasta Costa Rica, país donde residía su esposo desde 2018, tras exiliarse por persecución política. El pasado 19 de junio, Samcam fue asesinado en San José, en un crimen que —según la Fiscalía costarricense— fue planificado, con seguimiento y motivación política.
«El perfil de Roberto lo convirtió en un blanco: su formación militar, su voz pública y su compromiso ético contra la dictadura. Su asesinato fue un mensaje de terror dirigido a todo el exilio nicaragüense», relató Vargas, subrayando que este crimen marcó un «salto cualitativo» en la represión transnacional.
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«Este crimen no fue improvisado, fue planificado, coordinado y ejecutado con precisión (…) Las condiciones de seguridad y personal fueron superados por sus asesinos y por quienes ordenaron su asesinato a tal punto de llegar hasta la puerta de nuestra casa, nuestro hogar», subrayó.
Vargas apuntó que los atentados han «vulnerado la soberanía de Costa Rica como país de refugio» e insistió en que las autoridades costarricenses tienen una oportunidad única «demostrar que sigue siendo un país de refugio y paz».
«Yo soy sobreviviente de dos atentados»
El testimonio de Vargas fue seguido por el de Joao Maldonado, un joven activista político que sobrevivió a dos ataques armados en Costa Rica. En el último, su pareja Nadia Robleto fue víctima del mismo.
«He recibido tres impactos de bala en mi cuerpo y 13 disparos en total, pero la herida más dolorosa no es la mía, sino la de mi esposa Nadia Robledo, quien en el segundo atentado fue alcanzada por un proyectil que la condenó a una silla de ruedas y a un sufrimiento que ninguna persona debería pasar», contó.
Maldonado afirmó que lo vivido por él y su familia «no son hechos aislados, sino parte de un patrón de terrorismo de Estado ejercido por el régimen nicaragüense contra sus opositores, incluso más allá de las fronteras».
De la misma manera advirtió, pidiendo a la comunidad internacional romper el silencio, «Nicaragua es hoy el país con la práctica más agresiva de represión transnacional en la región. No hay límites, no hay sanción efectiva».
«Hago un llamado urgente y respetuoso a los Estados presente incrementar la presión diplomática y política sobre el régimen Ortega-Murillo hasta lograr el cese inmediato de la represión, exigir la libertad de todas las personas presas políticas e impulsar mecanismos de protección en países que acogen a refugiados políticos», enumeró.
Las declaraciones de Vargas y Maldonado fueron brindadas durante un evento paralelo que se celebró en el marco del 60 Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra. En el mismo participó Jean Michael Simon, del GHREN, y los defensores Lea Bolt, de la Fundación Sin Límite, y Juan Carlos Arce Campos, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
«La represión no se detiene en las fronteras»
Michael Camilleri, de Oacnudh, dijo que desde el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua en 2018 han documentado cómo las autoridades nicaragüenses no sólo consolidaron la persecución dentro del país, sino que la expandieron mucho más allá de sus fronteras.
«Lo que observamos hoy no son incidentes aislados, sino una práctica generalizada y sostenida de persecución transnacional por motivos políticos, junto con una preocupante tendencia regresiva. El perfil de las personas perseguidas se ha ampliado significativamente, ampliando el alcance de las violaciones de derechos humanos», mencionó Camilleri.
Por su parte, Simón, del GHREN, señaló que «como investigación de derechos humanos nuestro enfoque principal se centra en el daño que sufren las personas y en la responsabilidad de quienes causan ese daño. Nos centramos entonces en las víctimas, sus experiencias y los factores que contribuyen a su victimización».
Enseguida mencionó que la principal preocupación del GHREN «es la victimización que traspasa fronteras y tiene que ver con las características de las víctimas y que quiere decir que tiene que ver con la autonomía de la víctima que se ve afectada en todas sus formas por parte de un régimen».
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Fundación Sin Límites alertaron que más del 60 por ciento de los activistas en el exilio reportan afectaciones graves a su salud física y emocional por el hostigamiento, mientras que muchos han tenido que reducir o abandonar su trabajo por miedo a represalias.
La defensora Bolt señaló que «nuestros estudios evidencian que la violencia transnacional ejercida por el Gobierno de Nicaragua ha traspasado fronteras, impactando de manera profunda la vida de los nicaragüenses que desde el 2018 se han visto obligados a salir del país».
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También detalló que las consecuencias de la violencia transnacional «son devastadoras», dado a que más del 60 de las personas activistas encuestadas «reportan afectaciones en su salud física, problemas de sueño, tensión muscular, enfermedades gastrointestinales, mientras que el 92 por ciento manifiesta impactos emocionales como ansiedad, miedo y depresión».
Concluyó recalcando que la «represión que atraviesa frontera no debe dejarnos indiferentes. Los nicaragüenses en el exilio no pedimos privilegio, pedimos protección para seguir defendiendo nuestros derechos pacíficamente desde la libertad y la dignidad humana».
Bolt en declaraciones a LA PRENSA compartió que haber expuesto la represión transnacional «representa un acto de memoria y de resistencia. Significa visibilizar que la violencia del régimen no se detiene en las fronteras nacionales, sino que persigue a quienes defendemos la democracia incluso en el exilio. Es también un mensaje claro: no vamos a callar frente a estas violaciones, y tenemos el derecho a seguir luchando por la libertad desde donde estemos».
A su vez calificó la experiencia como «profundamente significativa» y apuntó que como defensores esperan «ante todo, coherencia y compromiso. Coherencia para que los principios de derechos humanos se traduzcan en acciones concretas; y compromiso para brindar protección real a las personas refugiadas políticas, condenar el uso de mecanismos internacionales para la persecución y asegurar apoyo integral a quienes continúan defendiendo la democracia desde el exilio. No pedimos privilegios: pedimos garantías para poder seguir ejerciendo nuestros derechos y aportando a la construcción de sociedades libres y justas».
«Necesitamos acompañamiento»
El abogado y defensor Arce también destacó que organizaciones y defensores viven un momento crítico tras siete años de represión. «Estamos sumamente debilitados, cansados y con menos recursos para acompañar a las víctimas. Necesitamos apoyo, cooperación y acompañamiento porque no podemos solos», afirmó.
El abogado advirtió que la persecución tiene respaldo directo desde el discurso oficial. «Doña Rosario Murillo dijo: ‘Ahí andan errantes, porque eso es lo que merecen, jamás volverán’. Y esas palabras se convierten en políticas de Estado, en acciones de terrorismo contra quienes estamos adentro y fuera de Nicaragua».
Arce relató además el caso de una madre que denunció la detención arbitraria de su hijo médico en agosto pasado, y que por esa acción debió exiliarse junto a su familia. «Lo presentaron porque hubo presión internacional. Eso demuestra que la presión funciona. Por eso pedimos que nos ayuden a visibilizar, a mantener la presión para que Nicaragua no desaparezca de la agenda internacional», concluyó.
