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Nicaragua tendrá que responder ante la comunidad internacional por la muerte de al menos cinco presos políticos bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según expertos consultados por LA PRENSA.
El régimen nicaragüense ha intensificado la represión contra los opositores que mantiene encarcelados desde 2018, y la muerte de reos políticos bajo custodia del Estado es cada vez más frecuente. El caso más reciente es el de Carlos Cárdenas Zepeda, un abogado que permanecía secuestrado desde hacía 15 días y fue entregado muerto a su familia. Pero menos de una semana antes, ocurrió lo mismo con Mauricio Alonso Petri.
Los convenios internacionales establecen que los Estados tienen una obligación de garante frente a las personas privadas de libertad bajo su jurisdicción. «Esto significa que el Estado asume una responsabilidad mayor de proteger activamente su dignidad, porque estas personas se encuentran bajo una situación de sujeción y vulnerabilidad», dijo a LA PRENSA Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, una de las principales organizaciones de derechos humanos del continente.
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Goebertus explicó que Nicaragua es parte de la mayoría de los tratados internacionales sobre derechos humanos, y agregó que aunque haya denunciado la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y haya anunciado su retiro del Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, así como de otras entidades, «no afectan la vigencia de estos tratados ni las obligaciones de Nicaragua frente a ellos».
«En ese sentido, la violación del deber de garante frente a las personas privadas de su libertad, acarrea responsabilidad internacional para Nicaragua», señaló.
El régimen de Ortega ha privado de libertad de forma arbitraria a miles de opositores desde la crisis política de 2018. Más de 450 presos políticos han sido expulsados del país y privados de su nacionalidad y se estima que más de 75 aún permanecen detenidos, según un conteo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
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«La reciente muerte bajo custodia de dos presos políticos, Carlos Cárdenas y Mauricio Alonso, agrava aún más la situación en el país: ya no solo los detienen, expulsan y les quitan su nacionalidad, sino que ahora los dejan morir en cautiverio», señaló la defensora de derechos humanos.
Crímenes de lesa humanidad
Yader Morazán, abogado nicaragüense y exfuncionario del poder judicial, comentó a LA PRENSA que el Estado debe garantizar la vida y la integridad de las personas bajo su custodia, porque al privarlas de libertad asume un rol de garante, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 4 y 5), las Reglas Mandela y la Constitución Política de Nicaragua.
«Los detenidos dependen exclusivamente del Estado para su seguridad, salud y dignidad, lo que obliga a prevenir abusos, torturas y negligencias mediante el establecimiento de condiciones dignas y la provisión médica adecuada. Casos como el de Hugo Torres evidencian la importancia de esta obligación para evitar muertes prevenibles», dijo Morazán.
Sobre el caso de Alonso y Cárdenas, la dictadura de Ortega no se ha pronunciado, tampoco las entidades estatales como la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal. Cárdenas y Alonso fueron sepultados «de manera exprés».
Goebertus mencionó que la realidad es que «hoy no existe un Estado de derecho en Nicaragua» y cualquier avance para la protección de las personas privadas de la libertad pasa en primer lugar por una transición a la democracia.
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«Solo así será posible garantizar que no haya más opositores políticos privados de su libertad arbitrariamente, y que exista un poder judicial independiente, capaz de investigar de manera imparcial cualquier fallecimiento dentro de un establecimiento carcelario», lamentó.
En ese sentido, Morazán dijo que las muertes de opositores como Eddy Montes y Mauricio Alonso Petri «son gravísimas», pues reflejan un patrón sistemático de represión que viola derechos humanos y puede constituir crímenes de lesa humanidad.
«Estas muertes generan desconfianza, polarización y miedo, afectan a familias al negarles duelo digno, y provocan condenas internacionales de la CIDH y la ONU, además de sanciones y aislamiento diplomático. En Nicaragua, socavan la democracia al silenciar a la oposición, exigiendo investigaciones y reparaciones urgentes», sentenció.
