Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Defensores de derechos humanos recordaron esta semana los ataques liderados por el alcalde sandinista Sadrach Zeledón, en Matagalpa, ocurridos entre el 11 y 15 de mayo de 2018. Estos dejaron un saldo de tres muertos y aproximadamente 40 heridos, incluido un bebé de apenas un año de edad. La impunidad, ocho años después, se ha convertido en algo muy doloroso para los parientes de las víctimas.
A Danny Ramírez-Ayérdiz, defensor del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), lo invadió el “terror” cuando supo de la noticia, y “una sensación profunda de desamparo e indefensión”. Para él, esta impunidad se ha convertido en “una carga de dolor insoportable para los familiares de los asesinados”.
Ramírez-Ayérdiz ha acompañado a centenares de víctimas en procesos contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalados de cometer delitos de lesa humanidad por organismos internacionales.
Puede leer: Dictadura silencia frecuencias de Radio Stereo Romance y confisca sus equipos
Así fueron los ataques en Matagalpa
Al caer la noche en la ciudad de Matagalpa, el 11 de mayo de 2018 era el día número 23 de las protestas antigubernamentales en Nicaragua. Un grupo no precisado de manifestantes se desplazaban en motocicletas en las cercanías de la Gasolinera Uno La Virgen —próxima a la salida hacia Managua—, de repente fueron atacados con morteros y piedras por grupos de choque, dirigidos por el alcalde de ese municipio, el sandinista Sadrach Zeledón Rocha.
Previo al ataque, un sistema de audio, según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), reveló ciertas directrices. Este era propiedad de la Alcaldía de Matagalpa. “A ver los morteristas, acá, para que les den municiones”, “a ver (…) entreguemos esos morteros a la gente”, o “es a tirarlos abajo, abajo, nada de al aire, mientras no vengan ellos no desperdiciamos los morteros”, se podía escuchar.
El GIEI es un órgano técnico creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar graves violaciones de DD. HH. en casos de alto impacto en América Latina, entre estos los ocurridos en Nicaragua. En específico del caso nicaragüense investigaron los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.
Al día siguiente del ataque, circuló en redes sociales un video en que se ve el alcalde Sadrach Zeledón arengando a la turba sandinista que reprimió a los motorizados la noche del 11 de mayo. Algunos han llegado a asegurar que es él quien da las órdenes del uso de los morteros en el sistema de audio de la Alcaldía. Incluso el propio GIEI agrega en el informe capturas de pantalla y afirma que se trata del alcalde matagalpino.
«Efectivos policiales disparando armas de fuego»
Desde esa noche, la represión bajo las órdenes de Sadrach Zeledón se extendió sin tregua hasta el 15 de mayo, cuando se reportaron tres muertes y los heridos. “(Hay) videos en los que puede verse a efectivos policiales disparando armas de fuego”, resalta el GIEI en el informe.
“La Policía subió hasta aquí y ya ordenó que iba a tirar a matar (…) y entonces comenzaron a disparar con AK, yo acosté a los niños ahí (…) y se levantó el más chiquito y lo agarré chineado, cuando los disparos sentí que me bañó (…) entonces yo digo (…) creo que me pegaron y miro la sangre, pero cuando me fijo en el niño ya tenía el balazo en la quijadita”, recoge el GIEI el relato de cómo resultó herido el menor.
Puede leer también: USCIRF denuncia “implacable campaña para eliminar libertad religiosa” en Nicaragua
El informe señala que el proyectil de arma de fuego ingresó a la vivienda familiar a través de una pared hasta alcanzar al bebé. “Sus familiares han atribuido públicamente a la Policía Nacional la responsabilidad por el hecho”, resalta el GIEI.
“Es más que evidente y está documentado que quien dirigió los ataques en contra de la población civil desarmada que estaba en los tranques de Matagalpa, principalmente en el tranque La Virgen, fue el alcalde Sadrach Zeledón y la vicealcaldesa (Yohaira Hernández Chirino)”, sostiene el abogado Pablo Cuevas, de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH).
Sadrach, el hombre del FSLN en Matagalpa
Sadrach Zeledón es ingeniero agrónomo de profesión. Lleva 17 años como alcalde de manera ininterrumpida en Matagalpa desde 2009, tras resultar electo en los comicios municipales de 2008. Pero antes ya había sido edil entre 2001 y 2004, siempre por el partido sandinista.
Lea además: Defensora de derechos humanos denuncia ante Parlamento Europeo la crueldad de Ortega
En abril de 2025 se convirtió en uno de los 54 funcionarios del régimen, encabezados por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) identifica como responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país.
“Extrabajadores de la Alcaldía de Matagalpa y del poder judicial mencionaban cómo fueron obligados (por el alcalde) a asumir roles de paramilitares sandinistas y atacar a los grupos de civiles, pobladores y estudiantes que protestaban de manera pacífica”, destaca el defensor de los testimonios que recibió vía telefónica en ese entonces de personas que le contaban la situación.
Alcaldes fueron encargados de reprimir
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha caracterizado por otorgar puestos a sus leales, entre ellos los alcaldes, que también fungen como secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y, por consiguiente, se convierten en algunos de los principales operadores de la represión.
Puede interesarle: Defensora de derechos humanos denuncia ante Parlamento Europeo la crueldad de Ortega
Según Cuevas, la maquinaria represiva de la dictadura se cimenta en ejes como la Policía, la Fiscalía, jueces, fanáticos sandinistas y gente que trabajaba en otras instancias del Gobierno que son “obligadas” a reprimir.
Sostiene que los alcaldes y secretarios políticos del FSLN eran quienes “jefeaban” a las “bandas criminales” de paramilitares, juventud sandinista, Consejos del Poder Ciudadano (CPC), policías y hasta miembros del Ejército.
Otros alcaldes «sicarios»
Además de Zeledón, otros alcaldes jugaron un papel clave en la represión. Entre ellos está el de Jinotega, Leónidas Centeno Rivera o Fidel Moreno en Managua, quien es secretario general de la Alcaldía capitalina y, además, se desempeña como secretario de organización del FSLN.
Moreno fue quien dio la orden de Murillo a los partidarios del sandinismo, la orden de “vamos con todo” para ejecutar la represión.
Puede leer: Relatos de dolor de las víctimas de la dictadura: «Mi mamá murió mientras estaba encerrado»
“El rol de este alcalde (Sadrach Zeledón) es de un verdadero sicario y hay mucha información que describe la actuación de esta persona en el GHREN y está documentado, sigue impune (…) este es el actual criminal que utilizó el fanatismo y a otras personas las obligó a ser parte”, añade Pablo Cuevas.
El abogado Danny Ramírez-Ayérdiz afirma que hay “esperanza de que en un futuro de justicia rindan cuentas por los delitos de lesa humanidad que perpetraron y que, aún hoy, continúan ejecutándolos”. Otros casos como el del alcalde de Masaya, Orlando Noguera Vega, quedaron impunes porque han fallecido.
CPC: las redes de la represión
Además de los alcaldes, secretarios políticos y demás funcionarios estatales señalados como responsables de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, el abogado de Calidh menciona a otras figuras claves: Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
Lea también: “Nos arrancaron de nuestra tierra”. El exilio de los miskitos
“Sin los CPC la represión no hubiera tenido los alcances que hoy conocemos. La articulación entre CPC-Estado es cruelmente perfecta”, sostiene el defensor de derechos humanos, quien expone cómo estos elementos sustraen la información de sus vecinos en los barrios y comunidades y luego la llevan al aparato de la dictadura.
En marzo pasado el GHREN reveló que el régimen Ortega-Murillo desvió más de cinco millones de dólares del erario para financiar la represión durante los primeros dos meses de la letal “Operación Limpieza” en 2018.
Entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2019, al menos 355 personas fueron víctimas mortales de la represión desencadenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según los distintos órganos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han documentado la situación de Nicaragua.
Puede leer también: Régimen intenta “lavarse la cara” de los abusos contra pueblos indígenas, denuncia Anexa Alfred
De estas muertes, 15 fueron mujeres y 340 hombres. “Además, 27 del total de víctimas serían niñas, niños y/o adolescentes. Los datos también dan cuenta de 23 agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida en este contexto”, señala la OEA.
Defensores no pierden la esperanza de justicia
Hasta ahora todas las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen impunes en Nicaragua sin poder castigar a los culpables porque el régimen engulló a todas las instituciones estatales, poderes del Estado y modificó las leyes a su conveniencia. Nada se mueve si no es por una decisión de Rosario Murillo o Daniel Ortega.
Sin embargo, la esperanza de justicia se mantiene. “No van a quedar en la impunidad porque todas sus maldades están documentadas, aunque la narrativa oficial, en vano, las niegue”, concluye el defensor Danny Ramírez-Ayérdiz.
