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Laura Fernández se juramentó este viernes 8 de mayo como la nueva presidenta de Costa Rica, ante 71 delegaciones de países invitados y 18 de organismos internacionales, entre ellos el cuestionado cocanciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, señalado por Naciones Unidas como una figura clave en la red de represión trasnacional del régimen Ortega-Murillo.
Fernández no mencionó directamente a Nicaragua, pero al expresarse se comprometió públicamente a respetar los derechos humanos, la democracia y la paz. La nueva mandataria costarricense se presentó públicamente como una «heredera del cambio», en referencia a que da continuidad al gobierno saliente de Rodrigo Chaves, quien a partir de ahora se convierte en uno de sus ministros.
“En el ámbito internacional, Costa Rica seguirá siendo un país de paz, democracia y respeto a los derechos humanos”, dijo Fernández, quien lidera ahora el país que históricamente ha acogido a miles de ciudadanos que han salido de Nicaragua para buscar cómo mejorar sus vidas y, desde 2018, también por la represión.
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Las demandas de los exiliados nicaragüenses
La comunidad de exiliados nicaragüenses ha cuestionado las políticas migratorias de Chaves —en relación al lento procesamiento de las solicitudes de refugio— y ha mostrado su incertidumbre ante la continuidad con Fernández. Para la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, la directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), las medidas tomadas por Chaves en este sentido no fueron las «más afortunadas».
La otra demanda tiene que ver con que se garantice acceso a la justicia en los casos de los atentados cometidos en suelo costarricense: el de Joao Maldonado y su esposa, quienes sobrevivieron a dos intentos de asesinato. O también con los asesinatos del mayor en retiro Roberto Samcam y el campesino Jaime Luis Ortega Chavarría.
Para el coordinador de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Juan Sebastián Chamorro, que no mencione directamente al régimen Ortega-Murillo es una señal de “distanciamiento”.
“Extremadamente significativo que el país vecino no haga ninguna mención. Lo interpreto como una forma de distanciamiento, y sobre todo si se menciona el tema de derechos humanos… El hecho de no mencionarlo (al régimen) pues indica un cierto nivel de distanciamiento”, sostiene Chamorro.
Eliminar el saqueo en Las Crucitas
Durante su discurso, Fernández aseguró que eliminará “el saqueo y la contaminación en Las Crucitas”, en la zona fronteriza con Nicaragua donde mineros artesanales extraen ilegalmente material aurífero. Según la denuncia, este se procesa posteriormente en suelo nicaragüense. El oro extraído es comprado por empresas mineras chinas que lo exportan. Incluso, en febrero, Chaves anunció que llevaría ante el presidente Donald Trump la denuncia por el robo de oro en Costa Rica.
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A pesar de la opinión de Chamorro, el exconcejal de Managua, Luciano García, dice que tanto el tema del oro como el compromiso del nuevo gobierno costarricense con los derechos humanos, la paz y la democracia “son mensajes bien claros hacia el régimen”. No obstante, considera que el mensaje de la seguridad en Costa Rica es un tema que está por encima de eso.
“Es un mensaje para el gobierno de Nicaragua. Los asesinatos transnacionales han sido un mecanismo que ha utilizado el gobierno sandinista para introducirse aquí en Costa Rica y hacer el daño que están haciendo”, expone García en referencia a los atentados mortales contra el mayor en retiro del Ejército nicaragüense, Roberto Samcam, el campesino Jaime Luis Ortega Chavarría y los de Joao Maldonado y Nadia Robleto, que afortunadamente sobrevivieron.
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Valdrack recibe “gancho al hígado”
García valora como “bastante positivo” el discurso de la mandataria y con un “sólido mensaje” en el que habla de derechos humanos “en la cara” de quien los “viola”. El opositor se refiere al cocanciller de Nicaragua, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, quien estuvo presente en la toma de posesión. “Es un gancho al hígado”, resalta haciendo mención a una terminología boxística.
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Jaentschke Whitaker, quien formó parte de la Dirección de Inteligencia y de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior en los años ochenta, es señalado en un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de ser un “tomador de decisiones” en la represión transnacional entre 2021 y 2023.
En ese período de tiempo, el ahora cocanciller fue removido constantemente en el cargo de ministro consejero en las embajadas nicaragüenses de Guatemala, Honduras y Costa Rica, y en simultáneo era asesor presidencial para Políticas y Asuntos Internacionales.
“La invitación de la nueva presidenta al canciller de Ortega es una simple norma diplomática. Lo que sí nos preocupa y es grave es la no investigación exhaustiva de que agentes de la seguridad de Ortega operan impunemente en Costa Rica”, expuso a LA PRENSA Luis Blandón, presidente de Unión Democrática Renovadora (Unamos).
Opositores esperan que Fernández cumpla promesas
El opositor espera que Fernández “sea consecuente con sus promesas de rectitud y no protección al crimen organizado” y capaz de “parar la impunidad de Ortega en territorio costarricense”.
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La gobernante aseguró ante miles de costarricenses presentes en el Estadio Nacional, este viernes, que no aceptará que el narcotráfico “encuentre grietas” en el sistema costarricense. “No me temblará el pulso para enfrentar al crimen organizado”, subrayó.
Los opositores nicaragüenses aglutinados en distintas organizaciones políticas y de la sociedad civil esperan mantener canales de comunicación abiertos con Fernández en búsqueda de apoyo para recuperar la democracia y restablecimiento de los derechos en Nicaragua.
