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El domingo 1 de febrero habrá elecciones generales en Costa Rica. Ese día se elegirá al nuevo presidente de la República, a dos vicepresidentes y a los 57 diputados que integran la Asamblea Legislativa. En Costa Rica viven más de 800 mil nicaragüenses, según informó LA PRENSA el viernes 16 de enero y de ellos más de 50 mil tienen derecho a votar en las elecciones del 1 de febrero.
Los nicaragüenses, en general, cualquiera que sea su estatus migratorio, no son ajenos a la problemática social, política y electoral de Costa Rica. Pero no se les ha tomado en cuenta para nada en los debates electorales y la campaña política en general. Inclusive, en un debate de candidatos presidenciales sobre los problemas de migración que hubo a mediados de enero pasado, los cuatro que están arriba de las encuestas ni siquiera se presentaron a debatir sobre el tema.
En la actualidad, la delincuencia y la inseguridad pública constituyen el problema que más preocupa a los costarricenses. Según el medio de comunicación El Observador, las encuestas revelan que “la inseguridad dejó de ser un tema coyuntural para convertirse en la preocupación dominante de la sociedad costarricense. Un 60 por ciento de los ciudadanos identifica a la seguridad y la delincuencia como el principal problema nacional… por encima de la economía, el costo de vida y el desempleo, temas que ocupan el segundo lugar con un 20 por ciento. La corrupción, que tradicionalmente había encabezado las preocupaciones en otros periodos, aparece en un tercer plano con apenas un 10 por ciento”.
La delincuencia y la inseguridad pública golpea con más dureza a los nicaragüenses que viven en Costa Rica, porque son más vulnerables. Una clara muestra de ello es el dato que dio a conocer en estos días el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, de que “92 personas de nacionalidad nicaragüense fueron asesinadas el año pasado, en un contexto marcado por el aumento sostenido de la violencia homicida en el país”. La OIJ informó que en 2025 se cometieron en Costa Rica 873 homicidios dolosos, entre los cuales 112 de las víctimas fueron personas extranjeras, y de estas, como ya lo hemos dicho, 92 nicaragüenses. Muy por encima de las 6 víctimas panameñas y estadounidenses que ocuparon el segundo lugar en ese registro trágico.
Según los analistas costarricenses de los problemas de delincuencia y seguridad pública, esto se debe a que los migrantes nicaragüenses no solo son los más numerosos sino también los que viven en condiciones de mayor precariedad, por la enorme cantidad de ellos que buscaron refugio en Costa Rica después de las protestas de 2018 y la sangrienta represión que desató la dictadura sandinista para exterminarlas.
Pero los nicaragüenses refugiados en Costa Rica no solo son víctimas de la delincuencia común, que ha crecido exponencialmente en ese país y se ha convertido en el principal problema nacional que está socavando las bases de la institucionalidad democrática costarricense. También los afecta la criminalidad política que ha llegado desde Nicaragua. Nos referimos a la criminalidad instigada sin duda por la dictadura sandinista, que ya segó la vida del prominente activista opositor Roberto Samcam y en dos ocasiones ha tratado de asesinar al también opositor Joao Maldonado, dejando en estado de invalidez a su compañera de vida, la refugiada política Nadia Robleto.
Dicen las encuestas que más del 70 por ciento de los nicaragüenses radicados en Costa Rica que tienen derecho de votar en las próximas elecciones han dicho que tienen la intención de hacerlo. Pero opinan que lo harán sin ninguna esperanza de que el siguiente gobierno vaya a hacer mayor cosa a su favor.
Sin embargo, cualquiera que sea el presidente de Costa Rica en el período de 2026 a 2030, estará obligado a actuar enérgicamente contra la delincuencia criminal, por la prevención de la violencia y la protección a los sectores sociales en mayor riesgo. Entre los que, como ya lo hemos dicho, están los nicaragüenses.
De manera que las medidas que el próximo Gobierno de Costa Riga obligatoriamente tomará contra la delincuencia y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, aunque sea indirectamente favorecerá a los nicaragüenses establecidos y refugiados en Costa Rica.
