El 78.1 por ciento de los nicaragüenses consultados en una encuesta reciente de Hagamos Democracia (HD) afirmó que conoce actos de corrupción en sus municipalidades en los últimos tres meses. Hay predominio de prácticas como uso indebido de bienes públicos, nepotismo y licitaciones amañadas. Todo esto está vinculado a las redes de poder del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que se extienden en lo local.
Así lo revelan los resultados del Informe de Percepción de la Realidad Política, Social y Económica, publicado el 31 de marzo de 2026. HD realizó 400 entrevistas en 40 municipios de todo el país.
El informe señaló que “la corrupción es percibida como un fenómeno extendido y cotidiano en la vida local. No aparece como un hecho aislado, sino como parte del funcionamiento normalizado del poder”.
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El orteguismo asaltó el poder local desde 2008. Eso ocurrió cuando el FSLN cometió un colosal fraude electoral en 40 de los 146 municipios que tenía entonces Nicaragua. A partir de ese momento, las alcaldías se convirtieron en parte activa del engranaje de poder del oficialismo. Ese afán de control marcó un contraste con el discurso de los orteguistas que se decían defensores de la autonomía en los municipios, mientras estuvieron en la oposición entre 1990 y 2006.
FSLN con control total en las municipalidades
Ahora el régimen controla las 153 municipalidades del país desde 2022. En ese sentido, la influencia directa la ejerce la dictadora Rosario Murillo. Ella maneja las redes territoriales de las instituciones y las del partido oficialista. A los alcaldes, por ejemplo, los solían reunir en Managua para dictarles instrucciones, a través del secretario de organización del FSLN, Fidel Moreno Briones.
Ese poder ahora tiene un campo de acción más amplio en las localidades. A finales de marzo, la Asamblea concentró más poder en la Procuraduría General de Justicia. Esta institución es dirigida por Wendy Morales, funcionaria cercana a Murillo. En un cambio legislativo importante, los legisladores facultaron a la PGJ para «velar por las conquistas del pueblo en las municipalidades y en las regiones autónomas de la Costa Caribe«.
Otra de las nuevas atribuciones de la PGJ es la de «asegurar (ahora) la gestión y ejecución de políticas municipales», con lo que el control de Murillo es total. Tal como explicó al momento del cambio legislativo el exdiputado opositor Eliseo Núñez, la procuradora Morales garantiza obedecer sin preguntar a la dictadora.
Si esto es posible es por el modelo actual. La corrupción es parte característica del sistema instaurado por la familia Ortega Murillo desde 2007. Otros rasgos son la represión y la impunidad con que protegen a sus allegados. La independencia de poderes tampoco existe en Nicaragua. Según las reformas a las Constitución, aprobadas en 2025, el ejecutivo coordina al resto de instituciones.
Población identifica prácticas corruptas
El estudio de HD identificó en la vida local como principales prácticas corruptas el uso indebido de bienes públicos con 73.2 por ciento, el nepotismo con 48.3 por ciento, las licitaciones amañadas con 39.4 por ciento, la malversación de caudales públicos con 32.2 por ciento y los sobresueldos con 18.6 por ciento.
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Según Hagamos Democracia, las municipalidades aparecen como espacios donde se articulan prácticas de control y uso discrecional de recursos públicos.
El documento advierte que “la combinación de uso indebido de bienes públicos, nepotismo y licitaciones amañadas muestra una percepción muy clara de captura patrimonial del Estado y de los gobiernos locales por redes de poder vinculadas al régimen”. Estas prácticas están relacionadas con el manejo de bienes públicos, la contratación y la administración de recursos a nivel municipal.
El informe agregó que estos patrones son parte de una dinámica en la que el uso de recursos estatales y las redes de poder local se encuentran estrechamente vinculadas.
Represión: La continuidad del modelo orteguista
En el plano político, el informe describió un entorno marcado por mecanismos de control y vigilancia. Señaló la existencia de represión laboral dentro del Estado (controlado por la dictadura Ortega Murillo), vigilancia territorial y digital, así como la partidización de servicios públicos esenciales como la educación y la salud.
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La investigación de Hagamos Democracia indicó que estos resultados “sugieren no solo continuidad del modelo represivo, sino también una sofisticación de sus mecanismos de control, especialmente en el ámbito digital y en la vida institucional”.
Ese modelo represivo ha permitido que la cúpula del FSLN haya conculcado las libertades de los nicaragüenses desde 2018. En abril de ese año, miles de ciudadanos salieron a las calles protestar. Las manifestaciones pacíficas fueron aplastadas a punto de violencia. Los organismos de derechos humanos dijeron que 355 personas fueron asesinadas entre abril de 2018 y julio de 2019.
El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Nicaragua (GHREN) denunció a mediados de marzo que la dictadura desvió 5 millones de dólares de proyectos de asistencia social en los municipios para financiar durante los dos primeros meses los costos logísticos de los grupos paraestatales con los cuales la dictadura atacó a la población en 2018. Con esto se evidenció nuevamente el vínculo directo entre la cúpula del FSLN, los municipios y la represión.
Ciudadanos entre el pesimismo y la supervivencia
Por otro lado, en el mismo estudio, HD destacó que el pesimismo continúa siendo predominante ya que el 95.8 por ciento de los encuestados calificó su percepción sobre el futuro como negativa, frente a un 4.2 por ciento que la considera positiva.
Entre las razones de esta valoración, el 44.9 por ciento la atribuye a la crisis sociopolítica, el 44.1 por ciento a la situación económica y el 11 por ciento a la corrupción.
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Asimismo el informe expuso que “la economía gana peso como factor de pesimismo, mientras la crisis sociopolítica se mantiene prácticamente al mismo nivel”, y agrega que “la crisis provocada por la dictadura ya no se percibe únicamente como un problema político o de libertades, sino como una crisis material de supervivencia cotidiana”.
También el documento de Hagamos Democracia sostuvo que la migración se consolida como una válvula de escape frente a la crisis social y política que se vive en Nicaragua y el aumento de la intención de migrar confirma que una parte creciente de la población no identifica dentro del país condiciones mínimas para proyectar su vida, sostener a su familia o construir un futuro.
