La relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, en entrevista con LA PRENSA denunció que en Nicaragua —ocho años después de la Rebelión de Abril de 2018— persiste una “absoluta impunidad” por los crímenes cometidos durante la represión a las manifestaciones.
La defensora advirtió que en el país, por orden del régimen orteguista, se mantienen anuladas las libertades de asociación, protesta y participación cívica, mediante un sistema de persecución institucionalizada.
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“No hay una búsqueda de justicia por las cientos de personas que murieron, que fueron asesinadas por el Estado de Nicaragua en ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas sociales de 2018. Al día de hoy, vemos una impunidad estructural que se manifiesta en la ausencia total de investigaciones independientes sobre los crímenes cometidos por agentes estatales y por grupos parapoliciales”, señaló la defensora colombiana.
Sin investigaciones contra altos mandos
Resaltó que después de ocho años en el país tampoco existen procesos penales abiertos contra altos mandos “por las ejecuciones extrajudiciales y, por el contrario, el Estado utilizó leyes de amnistía para blindar a los perpetradores y, adicionalmente, instrumentalizó el sistema judicial para perseguir a las víctimas que han exigido justicia, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil, que en tiempos posteriores fueron amedrentadas e, inclusive, afectadas en su capacidad de acción”.
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La defensora Romero apuntó que la señal más clara de impunidad en Nicaragua es la “consolidación de un sistema donde la denuncia se castiga y la violencia estatal se premia con ascensos, protección política y una absoluta impunidad”.
En 2019, la dictadura orteguista —a través de la Asamblea Nacional— aprobó su Ley de Amnistía como una supuesta excusa jurídica para liberar a los presos políticos, aunque en la misma legislación advertía que podrían ser encarcelados nuevamente si volvían a protestar. Dicha ley fue ampliamente cuestionada por organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW), que señalaron que esta ley solo sería utilizada para «consolidar la impunidad del régimen».
Aniquilación de las libertades
La defensora colombiana, que ejerce esa relatoría de la ONU desde abril de 2024, advirtió que en Nicaragua las libertades de asociación y reunión están prácticamente anuladas, debido al cierre masivo de organizaciones civiles y a la imposibilidad de crear nuevos espacios independientes bajo un clima permanente de represión estatal.
“El régimen pasó del uso de la fuerza letal en las calles a la muerte civil institucionalizada con el cierre de las organizaciones de la sociedad civil y la persecución de cualquier tipo de colectivo (…) el ejercicio de la protesta social, pues está casi anulado”, afirmó Romero.
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La relatora de la ONU señaló además que las restricciones impuestas por el orteguismo no solo afectan a organizaciones civiles, sino también a universidades, iglesias de diferentes denominaciones y grupos comunitarios y de asistencia social, limitando derechos fundamentales como la libertad de asociación, de culto y de expresión.
“Cada vez que se impide o se hace un proceso de afectación grave a un culto, eso también afecta porque los cultos son reuniones que entran dentro de la protección del derecho a la libertad de asamblea”, apuntó Romero.
Entre 2018 y 2024, según la documentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 5,400 organizaciones civiles fueron canceladas, entre estas organizaciones de mujeres, católicas, evangélicas y de asistencia social.
Cierre absoluto del espacio cívico
La experta de Naciones Unidas aseguró que en Nicaragua, desde hace ya ocho años, no existen garantías reales para ejercer la protesta social, denunciando que «cualquier intento de manifestación es reprimido de forma preventiva mediante vigilancia extrema, amenazas y detenciones arbitrarias».
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“La situación en el país es de asfixia total y de cierre absoluto del espacio cívico. El derecho a la reunión pacífica y protesta son inexistentes en la práctica”, señaló la relatora Romero.
En Nicaragua, en este mes, por el contexto del octavo aniversario de la Rebelión de Abril, la dictadura Ortega Murillo ordenó mayor vigilancia, sobre todo en la capital en espacios que funcionaron como puntos de concentración de manifestantes en 2018. El 18 y 19 de abril pasado, en Managua, confirmó LA PRENSA, el patrullaje policial incrementó al igual que la ubicación de agentes antidisturbios en zonas céntricas de la capital.
Persecución transnacional de nicaragüenses
La defensora de la ONU alertó que la represión —debido al exilio forzado y destierro masivo de nicaragüenses— además se ha extendido al espacio digital y al exilio, donde activistas, defensores y periodistas continúan siendo perseguidos a través de mecanismos de vigilancia y amenazas contra sus familiares en Nicaragua.
“Se silencian las voces de las personas que están en el exilio porque se amenaza la integridad, la vida y las condiciones de vida de las familias que todavía están en el territorio”, denunció.
En junio de 2025, una de las mayores expresiones de la persecución transnacional ordenada por la dictadura Ortega Murillo quedó evidenciada con el asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam. El opositor, que era un analista político activo y denunciaba desde su exilio en Costa Rica la represión de la dictadura, fue asesinado a balazos por un sicario dentro de su vivienda en territorio costarricense.
Comunidad internacional “ha fallado en su labor”
Romero, aunque mencionó el esfuerzo de denuncia internacional que se ha hecho desde diferentes espacios de la CIDH, ONU y grupos de expertos, lamentó la falta de «acciones efectivas» de la comunidad internacional para presionar al régimen nicaragüense y señaló que la debilidad del sistema multilateral ha impedido avances hacia la recuperación democrática del país.
“La comunidad internacional ha fallado en su labor (…) ha tenido poquísima capacidad para sancionar de forma real a Nicaragua y hacer que se genere un cambio democrático en el país”, resaltó.
La relatora además lamentó que la represión interna que se vive en Nicaragua, sumada a la persecución transnacional, que ahora también incluye asesinatos, cancelación de nacionalidad y documentos esenciales, también ha dificultado la documentación de violaciones a derechos humanos, debido al temor de las víctimas y al cierre total del acceso al país para los mecanismos internacionales.
“Cada vez recibimos menos información de denuncias sobre Nicaragua porque no solo hay muchísimo miedo de la gente que está dentro, sino que la gente que está fuera también tiene miedo de hacer procesos de denuncia”, concluyó.
