Como continuidad a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken a través de un comunicado informó que el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 116 personas consideradas «cómplices de socavar la democracia en Nicaragua», entre los que se incluyen alcaldes, fiscales, administradores universitarios, así como funcionarios policiales, penitenciarios y militares.
«Estamos implementando estas sanciones económicas y restricciones de visa para promover la rendición de cuentas por la escalada de autoritarismo y abusos del régimen de Ortega-Murillo», aseveró Blinken.
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La medida anunciada por el secretario de Estado se da una hora después de que la Unión Europea sancionó a miembros de la familia Ortega Murillo y a la Policía, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), como instituciones estatales. Mientras EE. UU. agregó a su lista a seis personas, entre estas altos mandos del Ejército
«Nos unimos a la Unión Europea para tomar una posición firme contra los abusos a los derechos humanos y la falta de respeto por el pueblo nicaragüense, demostrados por el régimen de Ortega-Murillo. El presidente Ortega se juramentará hoy para un nuevo período presidencial, pero la elección predeterminada que realizó el 7 de noviembre no le otorga un nuevo mandato democrático; sólo elecciones libres y justas pueden hacer eso. El pueblo nicaragüense no se merece menos», aseveró Blinken.
En un comunicado de prensa, Blinken señala que «el régimen sigue reteniendo a 170 presos políticos, y muchos de los detenidos sufren por falta de alimentación adecuada y atención médica adecuada. Otros permanecen en confinamiento solitario. El corrupto sistema judicial y de seguridad de Ortega arrestó a estas personas por ejercer el periodismo independiente, trabajar para organizaciones de la sociedad civil, buscar competir en elecciones y expresar públicamente una opinión contraria a la ortodoxia del gobierno, entre otras actividades consideradas normales en una sociedad libre».
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Ortega, de 76 años, confirmará este lunes 10 de enero un nuevo período de gobierno 2022-2026, que sería el cuarto de manera consecutiva desde que regresó al poder en 2007 y el quinto porque ya había estado en el poder por primera vez oficialmente en el período 1985-1990.
Esta nueva toma de posesión presidencial se da en un contexto de rechazo internacional, porque Ortega no ha permitido elecciones libres, justas y transparentes desde que retornó al poder en 2007. Lleva 15 años en el poder y completará 20 años si termina este nuevo período hasta 2026.
285 restricciones de visas, en menos de un año
La Administración de Biden inició a implementar esta medida a medidas del 2021, cuando revoca la visa estadounidense a un total de 169 funcionarios y allegados al régimen Ortega Murillo. Por lo que la lista de revocamiento ascendió a 285, este 10 de enero.
El 12 de julio de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visas a 100 miembros de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial de Nicaragua, incluidos fiscales y jueces, «que impulsaron el asalto del régimen de los Ortega Murillo a la democracia» en el país. Las restricciones incluyen además a algunos de los familiares de los sancionados directos.
Mientras que el pasado 6 de agosto de 2021, Estados Unidos impuso restricciones de visa a 50 familiares directos de funcionarios de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial, incluyendo de fiscales y jueces nicaragüenses.
Esta lista fue engrosada, el 20 de agosto de 2021, cuando el Gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación de visa a 19 funcionarios electorales y de partidos políticos acusados de ayudar al régimen a perpetrar un “ataque” contra la democracia en Nicaragua.