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Aunque es abogado de profesión y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional, el primer comisionado Francisco Díaz ha sido acusado y sancionado por violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Esta es una de las grandes contradicciones de su expediente como director general de la Policía, el principal brazo represor del régimen de sus consuegros Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Nació en agosto de 1961 en Chinandega, al occidente de Nicaragua. Es conocido como “Paco” Díaz y más de una vez ha dicho que se siente orgulloso del origen sandinista de la institución. Esta ficha de la dictadura inició su carrera en 1979 como oficial de investigaciones en Managua, tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Entre 1979 y 1981 ocupó ese puesto.
Luego Díaz ascendió a jefe policial del Distrito 4 de la capital. Lo nombraron en 1986 jefe de movilización en la Jefatura Nacional y asumió funciones como jefe de Operaciones. Así consolidó su lugar dentro de la estructura policial surgida con el derrocamiento de la dictadura de los Somoza.
«Desde un primer momento quisimos ser totalmente opuestos a lo que era la Guardia somocista, porque la Guardia Somocista se caracterizó por ser una Guardia asesina, corrupta», dijo a los medios oficialistas el 23 de septiembre de 2024. Tenía seis años de haber asumido como director de una institución, cuestionada por la represión y su notable sesgo político. Atrás habían quedado los años cuando eran teóricamente apartidistas entre 1990 y 2006.
En 2007, cuando Ortega regresó al poder, Díaz se desempeñaba como jefe de la Dirección de Investigaciones Económicas. Posteriormente lo trasladaron a la Dirección de Seguridad Pública Nacional y lo ascendieron en 2008 a comisionado general. Este rango lo ubicó como una de las figuras clave dentro de la institución. En ese momento, no era cualquier oficial el que obtenía ese rango que se imponía a oficiales que ocupaban cargos la subdirección o la inspectoría general.
El poder del consuegro de los dictadores
Ortega consolidaría después la lealtad de otros oficiales. Convertiría en comisionado general a muchos de ellos. Las direcciones generales de la institución empezaron a tener «comisionados generales» a cargo, pero él tenía una carta adicional para lograr sus ambiciones.
Su cercanía con el poder político se consolidó en 2010. Ese año, su hija Blanca Xaviera Díaz Flores contrajo matrimonio con Maurice Ortega Murillo, séptimo hijo de la pareja de dictadores. La boda, celebrada el 10 de enero de 2010, la ofició el cardenal Miguel Obando y Bravo, otro aliado político. De ese modo se selló la influencia de Díaz dentro del círculo del poder.
Según quienes lo conocen, siempre fue un oficial con modesto perfil. No se destacó como investigador e incluso tuvo incluso relaciones de amistad con personajes del bajo mundo como Jerónimo Polanco, envuelto en escándalos. Eso hubiese acabado con la trayectoria de cualquier policía. Pero él entró por la puerta grande a la cúpula del FSLN. Desde su cargo como director general, se convirtió en protagonista de la represión. En la práctica era parte de un engranaje, integrado por conspiradores como Néstor Moncada Lau, que se convirtió en la sombra de los dictadores al ocupar el puesto de asesor de seguridad.
También estuvo en ese cargo el antiguo comisionado general Horacio Rocha, pero el poder real siempre ha sido Ortega y Murillo. Como su consuegro, Díaz continúa en el cargo ocho años después de su nombramiento. Según reportes periodísticos, Moncada y Rocha están fuera del círculo de confianza, aunque debe compartir el poder con el comisionado general Juan Victoriano Ruiz, identificado en los medios oficialistas como «jefe de las fuerzas policiales».
Ambos oficiales figuran a la cabeza de una estructura que combina a la Policía y han sumado simpatizantes de Ortega como «policías voluntarios» en 2025. Encapuchados, algunos de ellos participaron en la masacre de 2018, junto a los grupos parapoliciales que bailaban «el comandante se queda», una canción para exaltar al dictador que sonaba en las ciudades donde quitaron las barricadas levantadas por la población.
El relevo de Aminta Granera y la represión
Ortega nombró a Díaz como máxima autoridad de la Policía de Nicaragua el 23 de agosto de 2018. Asumió oficialmente el cargo el cinco de septiembre de ese mismo año en sustitución de Aminta Granera Sacasa, en medio de la crisis sociopolítica que atravesaba el país a causa de la represión. Su designación ocurrió pocos meses después del inicio de las protestas, cuyo desmantelamiento dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ese mismo año, el cinco de julio de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Díaz bajo la Ley Magnitsky. Las autoridades estadounidenses lo responsabilizan por la represión contra la población, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, incluso contra menores de edad. Posteriormente la Unión Europea, Canadá y Reino Unido lo castigaron también. En 2020, Estados Unidos sancionó además a toda la institución policial.
El primer comisionado Francisco Díaz figura en la lista de 54 altos funcionarios señalados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de la ONU, publicada el 3 de abril de 2025 en Ginebra. En la estructura policial, él comparte la jefatura con otros oficiales acusados de crímenes violentos. Entre ellos están Zhukov Serrano, el jefe de inteligencia, a quien supuestamente destituyeron sus jefes, aunque nunca publicaron la remoción en la Gaceta diario oficial.
Otro es Ramón Avellán, considerado por Ortega un «héroe» por ejecutar ciudadanos en la conocida «operación limpieza» en 2018 como llamaron al despeje violento de los tranques. O Justo Pastor Urbina, a cargo de las tropas especiales. Todos ellos leales al régimen.
Según Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos de la ONU, el informe de su equipo pone al descubierto la anatomía de un sistema que “ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo”.
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En diferentes momentos, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos señalan a Díaz como responsable de dirigir acciones represivas durante y después de 2018. Se le atribuye participación en un plan sistemático de persecución contra políticos opositores, en coordinación con altos funcionarios del régimen.
Bajo su mando, la Policía ha sido acusada de colaborar precisamente con esos grupos paramilitares que operaron al margen de la ley, utilizando armas de guerra y recurriendo a detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
La existencia de un codirector, el comisionado general Juan Victoriano Ruiz, se explica en una política de nombramientos de «segundos» en las instituciones claves del Estado, impulsada por Murillo. Son en teoría gente que le debe sus cargos a la dictadora, mientras Díaz representa a la vieja guardia leal a Ortega. La diferencia con Ruiz, acusado de dirigir la Dirección de Auxilio Judicial, útil para fabricar casos contra presos políticos, es su parentesco con los tiranos nicaragüenses.
En una entrevista concedida en 2019 al medio noruego Dagbladet, Díaz desestimó las cifras de víctimas reportadas por organismos de derechos humanos, asegurando que “están manipulando los números” e incluso incluyendo a “muertos vivos”. Según afirmó, lograron identificar entre 15 y 20 casos de este tipo, mientras que otras muertes corresponderían a accidentes de tráfico, hechos vinculados al crimen organizado o causas naturales que, a su juicio, fueron agrupadas indebidamente en los registros.
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Asimismo, Díaz sostuvo que los organismos nacionales e internacionales “no ven los derechos humanos de los sandinistas” ni los de la Policía, pese a que informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la ONU documentaron también la muerte de al menos 22 oficiales.
En ningún momento de esa entrevista Díaz asumió responsabilidad por los abusos de poder ni por la represión ejercida contra los manifestantes; por el contrario, insistió en justificar la actuación policial, señalando que durante las protestas “atacaron nuestras casas”, “saquearon tiendas” y “prendieron fuego a viviendas del FSLN”.
El día que Francisco Díaz incriminó a Ortega
Sin embargo, durante octubre de 2024, el primer comisionado Díaz admitió a la cadena rusa RT que recibieron la orden de Ortega para reprimir a la población: «Nosotros cumplimos la orden que nos dio nuestro presidente de la República, nuestro jefe supremo, nuestro gobierno como es sabido siempre estuvo por el diálogo, fuimos al diálogo, sin embargo, estos terroristas golpistas, no quisieron el diálogo nunca, más bien arreciaron», afirmó.
En Argentina, la justicia incluyó a Francisco Díaz en una causa penal junto a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los señaló por su presunta responsabilidad en la organización y ejecución de la represión estatal en Nicaragua. A partir de informes elaborados por organismos de derechos humanos, el juez Ariel Lijo dictó una orden de captura internacional en su contra.
La medida se extiende a una veintena de altos funcionarios del oficialismo y se apoya en el principio de jurisdicción universal, configurando un precedente relevante en los esfuerzos por sancionar crímenes de lesa humanidad. Entre los implicados se encuentran, además de Díaz —jefe de la Policía Nacional y consuegro de Ortega—, los comisionados generales Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, así como la exdirectora policial Aminta Granera. Ella dirigió la institución entre 2006 y 2018.
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El origen del proceso es la denuncia presentada en agosto de 2022 por el abogado Darío Richarte, en colaboración con un equipo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ellos documentaron patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos desde abril de 2018. El expediente recopila testimonios de víctimas, informes internacionales y peritajes especializados, y atribuye hechos como homicidios, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamiento de población.
Policía leal a los Ortega Murillo desde su director
En febrero de 2025, Francisco Díaz fue juramentado para un nuevo período de seis años al frente de la Policía. Durante el acto oficial, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo en la Plaza de la Revolución, el jefe policial expresó abiertamente su subordinación al poder político.
“Expreso a ustedes mi gratitud por la confianza depositada en mi nombramiento como Jefe de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua, para el período 2025-2031 y continuar garantizando la Paz, la Seguridad y la Prosperidad de las personas, familias y comunidades”, dijo entonces.
En su intervención, Francisco Díaz también dejó clara a la estructura de mando la orden de que continuará “con obediencia y lealtad”, trabajando con “disposición y compromiso, contribuyendo a la defensa de la Paz y a la Seguridad Soberana de nuestra Nicaragua”.
El acto incluyó la juramentación de más de 30,000 integrantes de la denominada Policía Voluntaria, descrita por organismos y analistas como las estructuras parapoliciales, acusadas de crímenes. Díaz los presentó como parte esencial del modelo de seguridad del régimen.
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El jefe policial reivindicó la actuación de las fuerzas de seguridad en los últimos años. Reafirmó su alineamiento político, al sostener que “los logros en seguridad ciudadana y en todos los ámbitos del bienestar de nuestro pueblo, son el resultado de la dirección correcta de la Presidencia de la República”, en alusión directa al liderazgo de Ortega y Murillo.
Díaz siempre se ha mostrado servil con los Ortega Murillo. Ellos han incrementado el presupuesto a la Policía, desde que llegaron al poder. Esa cercanía con el poder político ha beneficiado a su familia. Varias de sus hijas han ocupado cargos dentro de instituciones estatales. Blanca Xaviera Díaz Flores, además de ser nuera de Ortega y Murillo, ha sido asesora del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
Su hermana Tania Isabel Díaz Flores ocupa desde 2017 el cargo de viceministra del Ministerio de Transporte e Infraestructura. En tanto, Nahima Janett Díaz Flores, es la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). La nombraron en 2020 tras la muerte de Orlando Castillo. Desde ese cargo, ella ha sido señalada por dirigir políticas de censura contra medios de comunicación y la han sancionado internacionalmente por eso.
China condecoró a Francisco Díaz
Hasta 2020, Díaz ha recibido 23 condecoraciones. En septiembre de 2025, medios oficialistas informaron que la República Popular China lo distinguió en el marco de una visita centrada en la cooperación en materia de seguridad. La dictadura restableció relaciones diplomáticas con Pekín desde diciembre de 2021, colocando a la familia como eje de estas relaciones. No solo es Díaz, fungiendo como alfil en esta materia, el enlace con los chinos es Laureano Ortega, hijo de los dictadores.
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Según reportes oficiales, el jefe policial sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Seguridad Pública chino, Wan Xiaohong. Se abordaron temas como la capacitación de fuerzas policiales, la prevención e investigación del delito y el fortalecimiento de capacidades técnicas frente al narcotráfico, el terrorismo y el ciberdelito.
Durante la visita, Francisco Díaz recibió la Medalla de Oro Conmemorativa Gran Muralla, un reconocimiento otorgado por esa cartera como parte del acercamiento entre ambas instituciones. La agenda incluyó además la participación de la delegación nicaragüense en el Foro de Cooperación Global de Seguridad Pública, realizado entre el 16 y el 18 de septiembre en la ciudad de Lianyungang.
Este reconocimiento se suma a otras condecoraciones otorgadas dentro del propio régimen. En septiembre de 2021, Daniel Ortega le entregó la orden Rigoberto López Pérez a seis jefes policiales sancionados por violaciones a los derechos humanos, entre ellos Díaz. Ese año, Ortega se reeligió después de eliminar la competencia electoral, haciendo uso de la represión.
Todos los posibles candidatos opositores fueron encarcelados, así como líderes de la sociedad civil, políticos y empresarios con los que Ortega infundió además miedo, en una segunda ola represiva tras la de 2018. La Policía jugó un papel esencial en la persecución: Desde la fabricación de casos hasta las detenciones.
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Francisco Díaz tiene un rol dentro del aparato de seguridad del Estado. La Policía es un instrumento clave en la vigilancia, el control y la persecución de la ciudadanía y todas las voces críticas. Con este papel ha incidido en la reducción del espacio público de los ciudadanos del país.
