El Departamento del Comercio de Estados Unidos incluyó a la Policía orteguista —como institución— a su «lista negra» de control de exportaciones del gobierno norteamericano, actualmente presidido por el demócrata Joe Biden. La lista la integran países, empresas e instituciones de países represores y violadores de derechos humanos como Siria, Irán y China, estos dos últimos cercanos al régimen de Daniel Ortega.
La medida de incluir a la Policía fue tomada después de que el Departamento de Estado de EE. UU. indicó —en su informe anual de los países sobre prácticas de derechos humanos— que la institución policial está involucrada en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua. De hecho citó informes sobre ejecuciones arbitrarias, arrestos y torturas en Nicaragua, así como condiciones inhumanas o degradantes, y potencialmente mortales en los diferentes sistemas penitenciarios del país.
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«Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad policiales, militares y parapoliciales. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos«, precisó el informe.
Las implicaciones o consecuencias
Con la nueva designación de la Policía a la «Lista de Entidades» el Departamento de Comercio prohíbe a las empresas vender tecnología estadounidense sin un permiso, el cual es difícil de obtener. Lo que significa que la sanción limita la capacidad de adquisición de la institución policial nicaragüense.
Además la incluye en el bolsón de entidades con «mayor riesgo de desvío a programas de armas de destrucción masiva», terrorismo u otras actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional y política exterior de EE. UU.
El politólogo y director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, en Washington, Manuel Orozco, indica que como implicaciones de la designación «la policía no podrá usar con facilidad tecnología de origen americano», lo que a su criterio busca enviar «una señal a proveedores del tipo de entidad con la que Estados Unidos no quiere trabajar«.
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Para el experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo Zamora, con la sanción a la Policía «se le cierra una serie de opciones para realizar acciones fuera de Nicaragua y sus representantes oficiales tendrán impedido participar en actividades regionales donde los países que sancionan tengan que ver en el tema o asunto».
Este tipo de sanciones, agregó Murillo, tiene un mecanismo que alcanza a terceros, es decir que «si un país negocia con la Policía de Nicaragua también se sanciona o repercute en ese país que facilite cualquier tipo de servicio a la entidad sancionada. Incluye a aquellos gobiernos latinoamericanos que tengan convenios con la Policía de Nicaragua, porque esos gobiernos resultarían afectados si mantienen ese tipo de vinculación».
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China, Irán y Rusia entre los países en la lista negra
La «Lista de Entidades» se publicó por primera vez en febrero de 1997 para informar al público sobre las entidades que según el Departamento del Comercio «han participado en actividades que podrían resultar en un mayor riesgo de desvío de artículos exportados, reexportados y transferidos —dentro del país— a armas de fuego, programas de destrucción masiva (ADM)».
En ella hay empresas y entidades chinas, así como de países como Cuba, Egipto, Irak, Israel, Siria, Pakistán, Irán y Rusia, entre otros, según datos del sitio web de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés).
En 2019, Huawei Technologies Co Ltd y 70 empresas afiliadas fueron puestas en la «lista negra» del Departamento de Comercio de EE.UU., lo que impidió que el gigante chino de las telecomunicaciones comprara piezas y componentes a las compañías norteamericanas sin la aprobación del Gobierno de EE.UU. y dejó a la empresa china fuera del sistema operativo Android de Google usado en los dispositivos móviles.
Recientemente, en noviembre de 2022, se incluyó a 36 instituciones y empresas chinas, entre las que figura la Academia de Ciencias Médicas Militares, 11 de sus centros de investigación, y Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) —por presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas chinas— en la lista negra de control de exportaciones alegando preocupación por la seguridad nacional norteamericana, los intereses del país y los derechos humanos.
Asimismo, 13 países del hemisferio occidental están incluidos en la lista, afirmó un experto en derecho internacional, bajo condición de anonimato, no obstante Nicaragua es el único país del hemisferio que tiene una entidad estatal incluida, «la cual, además, es parte intrínseca del aparato que sustenta el Estado de derecho. Es señal de su grave deterioro institucional y de imagen internacional», valoró la fuente.
Institución y tres comisionados sancionados
Esta es la segunda sanción a la institución policial. El 5 de marzo de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la Policía junto con tres comisionados: Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito de Managua.
Esta sanción implicó el bloqueo de todos los bienes que tenía la Policía en Estados Unidos, y desde ese momento tampoco pudo hacer negocios con ciudadanos o empresas estadounidenses.
Estados Unidos señaló, en ese momento, a la institución de «ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua» y de haber dirigido las órdenes para reprimir las protestas que iniciaron en 2018 en contra del régimen de Daniel Ortega.
