A pocos días de que se cumplan cinco años del estallido sociopolítico en Nicaragua, el informe anual de los países sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos indica que hasta la fecha la dictadura de Daniel Ortega “no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento en favor de la democracia de 2018″.
Más bien —indica el reporte— el dictador Daniel Ortega en 2022 “reforzó la impunidad de los violadores de derechos humanos que le fueron leales“.
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En el documento se describen las funciones que, en teoría, tiene la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, pero también detalla el papel que han tomado los parapoliciales, que son unidades no uniformadas, armadas y enmascaradas con entrenamiento táctico marginal y organización jerárquica, que actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del Gobierno y reportan directamente a la Policía.
“Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad policiales, militares y parapoliciales. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos“, precisa el informe.
A su vez, añade que los parapolicías y personas vinculadas al régimen “llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia los supuestos enemigos del régimen, como exprisioneros políticos y sus familias, activistas campesinos, grupos de oposición a favor de la democracia, defensores de derechos humanos, líderes del sector privado y clérigos, otros actores religiosos y grupos de la sociedad civil afiliados a la Iglesia. Las autoridades no investigaron ni procesaron estas acciones“.
Represión transnacional
En cuanto a los problemas significativos en materia de derechos humanos, el Departamento de Estado sostiene que existen informes fidedignos que documentan desde ejecuciones ilícitas o arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; prisioneros políticos; represión transnacional contra personas ubicadas en otro país.
Sobre este último dijo que “grupos de exiliados en Costa Rica denunciaron hostigamiento y opresión política por parte de parapoliciales y simpatizantes del FSLN que cruzaron la frontera para atacar a los exiliados, así como por parte de funcionarios de Inteligencia dentro de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica”.
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El Departamento de Estado destaca que la Ley de Cibernéticos, aprobada en 2020 por la Asamblea Nacional, establece que el Gobierno “puede utilizar el sistema de extradición internacional para perseguir a los ciudadanos que viven en el extranjero que cometen los llamados delitos cibernéticos”.
Asimismo, el informe revela que en Nicaragua se han producido serios problemas con la independencia del poder judicial.
En cuanto a la falta de investigación y rendición de cuentas por cualquier tipo de violencia incluida de género; delitos que impliquen violencia o amenazas contra minorías étnicas y comunidades indígenas; contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales; trata de personas; el informe afirma que, a pesar de que hubo numerosos informes de que el Gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales, el régimen no respondió a consultas.
Destaca además el caso del preso político Hugo Torres Jiménez, quien murió el 12 de febrero mientras se encontraba bajo custodia policial, después de que fue arrestado en junio de 2021. “A pesar de varios llamados para liberar a Torres a arresto domiciliario debido al deterioro de su salud, las autoridades lo trasladaron a un hospital administrado por la Policía Nacional de Nicaragua solo unas semanas antes de su muerte”, indica el informe.
Bajo un sistema político autoritario
El informe resalta que Nicaragua “tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario” controlado tanto por Daniel Ortega como Rosario Murillo, cogobernante y primera dama de Nicaragua, y de la misma forma, señala que la pareja presidencial ejerce un control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales del país.
“El oficialismo consolidó su poder en las elecciones municipales de noviembre, en las que la mayoría de los votantes optaron por no participar, al ganar en los 153 municipios”, destaca EE. UU.
Asimismo, se lee que los presos políticos fueron víctimas de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Mencionan el caso particular de los opositores que permanecieron encarcelados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocido como el nuevo Chipote, hasta su destierro.
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“Las prisioneras eran sometidas periódicamente a cacheos al desnudo, trato degradante, amenazas, violaciones y otros tipos de violencia de género, mientras estaban bajo la custodia de las fuerzas parapoliciales, los funcionarios penitenciarios y la Policía. Los familiares de los reclusos también sufrieron un trato degradante por parte de la Policía y los guardias penitenciarios durante las visitas”.
Por lo anterior, el informe afirma que persistió la impunidad entre la Policía y las fuerzas parapoliciales en los casos denunciados de tortura, malos tratos u otros abusos.
“La Oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional de Nicaragua está encargada de investigar a los policías sospechosos de cometer un delito. La Fiscalía Militar investiga los delitos cometidos por el Ejército, bajo la jurisdicción de la Auditoría General Militar. Sin embargo, con un control total sobre la Policía, el Sistema Penitenciario y el poder judicial, el Gobierno no hizo ningún esfuerzo por investigar las denuncias de que los opositores al régimen fueron torturados y abusados de otra manera“, denuncia el documento.