Para analistas políticos y defensores de derechos humanos, la condena de siete años y medio que le impusieron al opositor Donald Margarito Alvarenga Mendoza se puede interpretar como un mensaje de intimidación a la población en general, para que evite expresarse libremente en contra del régimen de Daniel Ortega, así como también para el resto de presos políticos, sobre el futuro que les espera.
La sentencia se sustenta en las supuestas publicaciones en redes sociales que hizo el opositor chinandegano. Alvarenga Mendoza se convirtió el martes 18 de enero en el primer nicaragüense en ser juzgado y condenado por infringir la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos y la 1055, conocida como Ley de Soberanía.
En un juicio maratónico, que se desarrolló en un solo día, el pasado 13 de enero la jueza del Distrito Penal de Juicio de Chinandega, Rosa Velia Baca Cardoza, aceptó el testimonio de siete oficiales de la Policía que el Ministerio Público presentó como testigos. Fundamentada en esas declaraciones, la jueza lo declaró culpable por incurrir supuestamente en una conducta de: “Subversión, desobediencia y rebeldía al nivel de la conspiración para afectar la integridad nacional”.
Según la jueza, las publicaciones, expresiones y posteos de Alvarenga Mendoza “incitan al odio y la violencia”. Además, “fomentaba las reuniones con los propósitos de crear zozobra, inestabilidad, angustia y desesperación en la población, particularmente de los habitantes del municipio de Chichigalpa”.
Régimen endurece posición para intimidar a la población
Para el exdiputado y analista político Eliseo Núñez Morales, lo que ha sucedido en las últimas semanas con el tema de esta condena y de las universidades es básicamente que el régimen está endureciendo su posición.
“Es un delito que es menor en cualquier parte del mundo. Una expresión en internet, ahora la llevan al punto de casi igualarlo con el homicidio involuntario que es el que existe ahora. Esta es una barbaridad desde el punto de vista jurídico y lo están haciendo precisamente para enviar un mensaje a la población para que se calle. Para que nadie diga nada en las redes sociales”, explicó.
Vilma Núñez, presidenta del cancelado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), coincide en que la sentencia envía un mensaje intimidatorio.
“Definitivamente es un mensaje intimidatorio y es una muestra más de la instrumentalización del poder judicial. Ya no va a ser la Policía disparando en las calles, sino que el poder judicial echando presa a la gente y violando todos sus derechos. Ahora la represión la ejercen a través del poder judicial”, expresó la presidenta del Cenidh.
También es mensaje para los presos políticos
Mientras para Núñez Morales, la condena impuesta a Alvarenga Mendoza también envía un mensaje a los presos políticos: para que sepan que ese es el camino que están siguiendo. “Ellos están en una posición de endurecerse y los presos son sus rehenes. Y les van a hacer tanto mal como ellos crean que eso obliga a Estados Unidos y Europa a negociar con ellos. Y su negociación es dejame en paz, dejame en el Gobierno y no me molestés con nada de elecciones y similares; a cambio de eso solo entrego los presos”, señaló el analista político.
Añadió que el cierre de universidades a través de la anulación de su personería jurídica acompaña esto “porque ellos están en una posición de tierra arrasada”.
“Nadie que se les oponga tiene derecho a vivir en Nicaragua. O se va a vivir afuera o lo echan preso, ese es el mensaje que están enviando”, sostuvo Núñez Morales.
Y a propósito de lo que dijo recientemente Daniel Ortega sobre la existencia de presos políticos en Estados Unidos, Núñez dice que de los 700 enjuiciados por ingresar violentamente al Congreso hay menos de treinta condenados. La condena más alta es de cuatro años. Además, a todos se les han respetado sus derechos y garantías y la mayoría está pagando sus sentencias en libertad, porque son menores a seis meses de prisión.