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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acelera la juramentación de policías voluntarios, reforzando su red de control y vigilancia. En solo cinco días, la Policía orteguista ha juramentado a 7,504 policías voluntarios en cuatro departamentos, siendo León el que concentra la mayor cantidad de estos efectivos.
El pasado 15 de enero, la Policía juramentó a 1,204 policías voluntarios en Madriz y a otros 1,300 en Estelí. El 17 de enero juramentó a 1,400 en Ocotal, cabecera departamental de Nueva Segovia, y el 20 de enero sumó 3,600 más en León.
Octavio Álvarez, coordinador político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Madriz y Nueva Segovia, admitió que el objetivo de incorporar más policías voluntarios es contrarrestar las “acciones desestabilizadoras”, término que la dictadura utiliza para referirse a las manifestaciones opositoras.
Según un especialista consultado, aunque la red de policías voluntarios existe desde la década de 1980, la reciente exhibición masiva de efectivos busca transmitir un mensaje de intimidación a la población.
Una red antigua con intenciones nuevas
Un experto en temas policiales, que prefirió el anonimato, explicó a LA PRENSA que la red de policías voluntarios no es nueva, pero que el régimen está ampliando su alcance para reforzar el control en las zonas donde se han juramentado los efectivos.
El especialista señaló que la presentación masiva de estos grupos tiene como propósito infundir temor entre la ciudadanía.
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“Mostrar a estos grupos de paramilitares uniformados y encapuchados busca enviar un mensaje de intimidación para que la población se abstenga de expresar su descontento”, indicó.
Díaz insiste en un error constitucional
El director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, repitió durante el acto de juramentación en León que la Policía Voluntaria tiene “rango constitucional”.
“La Policía Voluntaria tiene rango constitucional, conformada por compañeros y compañeras nicaragüenses que expresan su servicio de forma voluntaria para defender la paz y la seguridad”, afirmó Díaz.
Además, señaló que los policías voluntarios “seguirán protegiendo la paz del pueblo y los logros del ‘buen gobierno’, ya que en cada policía voluntario hay una familia comprometida con la paz, la seguridad y la revolución”.
No obstante, la Constitución vigente no reconoce esta figura. Este concepto está incluido únicamente en la nueva Constitución promovida por el régimen sandinista, lo que sugiere que el régimen está preparando las bases para imponer un Estado totalitario respaldado por dicha Carta Magna.
Naturaleza de Policía Voluntaria fue distorsinada después de 2018
La Ley 872, de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, contempla la figura de la Policía Voluntaria, definiéndola como una modalidad de participación comunitaria. Este cuerpo auxiliar y de apoyo está conformado por ciudadanos que prestan su servicio de forma voluntaria y temporal.
Sin embargo, desde la crisis sociopolítica de abril de 2018 se ha señalado a la Policía Voluntaria como un componente de los grupos paramilitares organizados por el régimen de Ortega-Murillo para reprimir a los manifestantes, una vinculación reforzada por declaraciones del propio Daniel Ortega en medios internacionales.
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El artículo 24 de la Ley 872 otorga a los policías voluntarios derechos como el avituallamiento necesario, asistencia económica, defensoría en juicios relacionados con sus funciones, y una indemnización o pensión en caso de muerte o discapacidad durante el servicio.
El artículo 25, por su parte, dispone que los policías voluntarios deben portar uniformes y distintivos propios, aunque no especifica sus características. Además, su labor debe estar supervisada por un miembro de la Policía Nacional y limitarse a tareas de apoyo, como vigilancia, patrullaje, regulación del tránsito y la asistencia en casos de desastres naturales. También deben colaborar con las autoridades al tener conocimiento de actos delictivos.
