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Las siete personas, todas familiares y de origen nicaragüense, que entretejieron toda una estrategia para llevar a España a nicaragüenses, con la promesa de empleos cuidando adultos mayores, para luego extorsionarlas con exageradas sumas de dinero que superaban los 5 mil euros (más de 200 mil córdobas) por coordinar el viaje a ese país, serán juzgadas hasta febrero de 2027.
El juicio contra estas personas, 4 mujeres y tres hombres, estaba previsto para el pasado 25 de marzo, pero el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en España, según publicaciones de Europa Press, indicó que se suspendía para “poder alcanzar una sentencia de conformidad” y seguir “avanzando en las conversaciones”.
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Según la acusación realizada por el Ministerio Fiscal de España, citada por Europa Press, que tuvo acceso al documento, cuatro de esas personas son acusadas de los delitos “continuado de inmigración ilegal, coacciones y pertenencia a un grupo criminal”.
A los otros se les imputa: a uno, el delito de blanqueo de capitales; y a otro, solo coacciones.
Más de 20 mujeres fueron víctimas de este grupo delincuencial
El esquema delictivo que se señala en la acusación describe una situación, en perjuicio de “muchas mujeres”, de introducción ilegal en España, pues las víctimas eran llevadas bajo categorías de turistas para laborar, y la generación y cobro insistente de una deuda abusiva.
Las autoridades policiales de España, según el documento, hasta ahora han logrado la colaboración de 26 víctimas.
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Algunas de las pruebas que hasta ahora se han logrado reunir contra los acusados, en relación con los allanamientos de los domicilios de los imputados, incluyen un cuaderno oculto en una cómoda de la habitación de una de las personas acusadas de iniciales F.D.C., en Alfaro, España.
Pruebas reunidas contra los acusados
El cuaderno, según la publicación de Europa Press, contenía “apuntes” con referencias de años “2009-2010-2011-2012-2013-2017”.
No obstante, según la acusación, la intermediación abusiva que realizaban con personas de origen nicaragüense, a quienes introducían de forma irregular, se perpetró con habitualidad al menos desde 2017.
Este caso salió a la luz luego de que una de las acusadas, de iniciales Z.M.T., el 30 de julio de 2019, fue detenida “in fraganti” en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, España, llegando con tres mujeres a quienes trasladó desde Nicaragua, presuntamente bajo el mismo modus operandi que tenían como grupo.
Todos los acusados compartían algún parentesco familiar
El documento detalla que la principal responsable de la acusación es identificada con las iniciales F.D.C., coludida con su marido, de iniciales S.A.C., contra quienes se piden seis años y cinco años y nueve meses de cárcel, respectivamente, y 40 mil euros de multa.
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Contra los demás acusados, una sobrina de iniciales T.D.C. y el hijo, de iniciales O.D.S., según la acusación, el Ministerio Fiscal solicitó una pena de cuatro años y seis meses de cárcel.
Mientras que para la hermana de la principal responsable, se señalan los mismos delitos de continuado de inmigración ilegal, coacciones y pertenencia a grupo criminal, excepto blanqueo de capitales, por lo que las autoridades solicitaron una pena de cuatro años y medio. Igualmente, su marido, de iniciales F.J.G., comparte los mismos delitos y solicitud de pena.
Mientras que, para una tercera hermana, de iniciales L.M.T., a la que solo se le imputa el delito de coacciones, el Ministerio Fiscal solicitó seis meses de cárcel, ya que a esta solo se le señala de “exigencia de cobro de la deuda”.
