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Cinco mujeres y dos hombres nicaragüenses serán juzgados el próximo 25 de marzo, en la Audiencia Provincial de La Rioja, en España, acusados de la introducción irregular de compatriotas y su posterior explotación económica.
Según la agencia de noticias Europa Press, los procesados, algunos en situación regular y otros no, habrían operado durante varios años desde localidades como Alfaro (La Rioja), Navarra y Huesca.
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El grupo trabajaba en la captación de mujeres nicaragüenses que necesitaban empleo y, tras facilitar su ingreso a España, les imponían deudas abusivas.
La investigación sostiene que la red era liderada por dos hermanas, también nicaragüenses, una de ellas residente en Huesca, quienes ofrecían a mujeres oportunidades laborales en España, principalmente en el cuidado de personas mayores. Como parte del proceso, facilitaban dinero, alrededor de 1,000 euros (unos 1,100 dólares), para que las víctimas pudieran ingresar al país como turistas.
Sin embargo, según la acusación, al llegar a España, las mujeres eran despojadas de ese dinero y trasladadas a viviendas controladas por la organización. A partir de ese momento, se les imponía una deuda que podía oscilar entre los 5,000 y 6,000 euros, producto de sobrecostos en boletos aéreos, alojamiento, manutención y otros gastos.
Se aprovechaban de la necesidad
La Fiscalía señala que el grupo se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, manteniéndolas en condición irregular, lo que facilitaba su control y el cobro constante de estas deudas. Incluso, se documentan incrementos en los costos de servicios básicos, como medicamentos o vivienda.
El resto de los acusados habría desempeñado funciones de apoyo dentro de la estructura, participando en la recepción de las mujeres, su traslado, vigilancia, convivencia y en la gestión de cobros, así como en el envío de dinero hacia Nicaragua, con montos que, en algunos casos, alcanzaban los 25,000 euros.
Según el expediente, esta actividad ocurrió entre el 2016 o 2017, generando beneficios económicos calificados como “extraordinarios” y fuera del control fiscal y bancario.
El caso salió a la luz tras la detención de una de las principales acusadas en 2019, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuando regresaba de Nicaragua acompañada de tres mujeres. Durante las diligencias, las autoridades incautaron documentos que evidenciarían el funcionamiento de la red, incluidos registros de cobros considerados desproporcionados.
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Los acusados enfrentan cargos por delito continuado de inmigración ilegal, pertenencia a grupo criminal, coacciones y, en el caso de la principal imputada, también por blanqueo de capitales. Las penas solicitadas por la Fiscalía incluyen condenas de prisión que oscilan entre 15 meses y hasta seis años, además de multas económicas que podrían alcanzar los 40,000 euros.
El proceso judicial se sustenta en el testimonio de al menos 26 mujeres.
