En apenas unas semanas, la restricción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz ha revelado la verdadera naturaleza de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán. No se trata de un conflicto regional, porque el mundo entero está pagando las consecuencias. Si bien aún no se ha determinado el monto total, ya es evidente que los beligerantes no serán los únicos que pagarán la factura.
La guerra suele enmarcarse en términos de seguridad nacional, integridad territorial, humanitarismo o incluso lucha civilizatoria. Pero tales justificaciones ocultan una verdad inquietante: la guerra es una de las actividades humanas con el costo más desproporcionado. Quienes la inician rara vez asumen la totalidad de los costos, que tienden a trasladarse a través de fronteras, mercados y el tiempo. Más allá de la destrucción física, la guerra genera enormes externalidades negativas. El precio que paga el perpetrador refleja solo una pequeña fracción del costo social.
Por supuesto, la intuición de que la guerra impone costos indirectos a otros está profundamente arraigada en la literatura de economía política, desde Adam Smith y David Ricardo hasta John Maynard Keynes y Karl Polanyi. Pero la globalización ha transformado este efecto en una característica estructural de la economía moderna.
Consideremos las cifras del actual conflicto con Irán. Más allá de la pérdida de vidas, el gasto militar directo de Estados Unidos podría ascender a decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares (el costo ya era de 12,700 millones de dólares una semana después del inicio de los combates). Sin embargo, el costo económico general —transmitido a través de la energía, los alimentos y los mercados financieros— es mucho mayor. El Fondo Monetario Internacional advierte que la guerra ya está mermando las perspectivas de crecimiento de muchas economías, a medida que las crisis energéticas se extienden y las presiones inflacionarias se intensifican.
El mecanismo de transmisión es brutalmente simple. Cuando suben los precios del petróleo y el gas, el transporte y la electricidad se encarecen. Cuando aumentan los precios de los fertilizantes, también lo hacen los de los alimentos. Los bancos centrales pueden responder adoptando una política monetaria más restrictiva. En última instancia, el crecimiento se ralentiza.
Sin embargo, este efecto dominó no se refleja en el balance real de la guerra. Los esfuerzos por medir los verdaderos costos de la guerra han demostrado sistemáticamente que estos se extienden más allá del campo de batalla. En su trabajo sobre la guerra de Irak, Joseph E. Stiglitz y Linda Bilmes contabilizaron un catálogo de costos que ascendía a billones de dólares una vez incluidos los efectos macroeconómicos. De manera similar, tanto el FMI como el Banco Mundial han constatado que los conflictos violentos frenan el crecimiento en economías alejadas de ellos.
Incluso bajo supuestos conservadores, Estados Unidos podría soportar solo una modesta parte del daño económico global total (de manera similar a como los efectos indirectos negativos de la guerra en Ucrania superan con creces el costo directo para Rusia). Como dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el resto se difunde por todo el sistema, absorbido por los importadores de energía, los mercados emergentes y los hogares de todo el mundo. En este sentido, la guerra está subvencionada a nivel global.
Esto es posible gracias a tres mecanismos. El primero es espacial. Las economías modernas están profundamente interconectadas. Cuando una guerra perturba un nodo (en particular, un punto estratégico para el suministro de energía), los efectos se propagan en cascada. El estrecho de Ormuz no es simplemente un paso geográfico, sino una vulnerabilidad estructural en la economía global.
El segundo mecanismo es temporal. La guerra suele requerir que el presente tome prestado del futuro. Los gobiernos financian los conflictos mediante deuda, aplazando su coste a generaciones que aún no tienen representación política. Las consecuencias fiscales de las guerras pasadas siguen manifestándose décadas después, reflejadas en la deuda pública, las limitaciones en las opciones políticas y las obligaciones que perduran más allá de la política que las originó.
El tercer mecanismo es distributivo. La guerra concentra la toma de decisiones a la vez que dispersa los costos. Quienes deciden no son quienes pagan. Esta última idea constituye la base de la economía moderna de los conflictos. El economista de la Universidad de Oxford, Paul Collier, ha demostrado que las guerras persisten no porque sean colectivamente racionales, sino porque benefician a particulares. Los grupos pequeños se apropian de las ganancias mientras que la población en general absorbe las pérdidas. La economía interconectada actual amplifica esta asimetría.
Como argumenta Edward Fishman, del Centro de Política Energética Global, en su libro Chokepoints, el poder fluye hoy a través de sistemas globales como las rutas energéticas, las redes financieras y las cadenas de suministro. Pero el conflicto convierte estos sistemas en canales de contagio económico. El resultado es una peculiar inversión. La guerra parece costosa en teoría, pero asequible en la práctica, porque gran parte de la factura la pagan otros.
Esta fijación errónea de precios tiene consecuencias predecibles. Cuando los bienes están subvencionados, hay más de ellos. Cuando su precio es demasiado bajo, hay un exceso de oferta: demasiada contaminación, demasiado riesgo y demasiadas guerras.
El desafío político resulta, por tanto, familiar, aunque la política en sí no lo sea: para desalentar la guerra, es necesario internalizar sus costos. Quienes inician el conflicto deben asumir una mayor parte (o, mejor aún, la totalidad) de sus verdaderos costos. Garantizar este resultado requiere una institución global eficaz que pueda armonizar los costos privados y sociales del conflicto con mayor eficacia que los mercados globales. Hasta que el mundo logre crear dicha institución, los incentivos seguirán siendo perversos, ya que una de las actividades más destructivas imaginables parece tan asequible para quienes la emprenden.
La autora es profesora asociada de Estudios Jurídicos Empíricos en la Universidad de Cambridge, profesora visitante en la Universidad de Harvard e investigadora principal de una subvención del Consejo Europeo de Investigación sobre derecho y cognición.
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