Desde el punto de vista simbólico, es una obscenidad. Desde el ángulo estratégico, es una autolesión y una incongruencia que Estados Unidos termine, de hecho, financiando a quien convirtió el antiamericanismo en negocio y herramienta de poder durante 60 años, 30 de ellos desde la cúspide del Estado. A ese mismo aparato que ha puesto al país al servicio de la penetración china y rusa; que encarcela, tortura y masacra a su pueblo; que expropia a discreción y obstruye la estabilidad y la integración de Centroamérica.
Ese contrasentido choca de frente con la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y empaña el esfuerzo del presidente Donald Trump por enfrentar a las dictaduras de Cuba y Venezuela y encauzar la cooperación con América Latina. Aunque Nicaragua no represente un riesgo de seguridad mayúsculo para Washington, el mensaje resulta devastador. El compromiso no estaría con la democracia, sino con la docilidad. Las autocracias podrían seguir a salvo mientras permitan hacer negocios, incluso a pérdida para Estados Unidos. Los gobiernos autoritarios serían tolerados si agachan la cabeza, como el avestruz, y ofrecen alguna bagatela útil, como hacen ahora Daniel Ortega y Rosario Murillo al cooperar contra la inmigración ilegal y el narcotráfico.
La misma metamorfosis del poder nicaragüense es una aberración que Washington no debería tolerar. La represión política y la asfixia económica empujan a cientos de miles al exilio, y luego sus remesas engrosan la cuenta corriente del poder que los desterró. En 2025, el régimen recibió por esa vía 6,199 millones de dólares, 80 por ciento procedentes de migrantes en Estados Unidos, cifra equivalente a cerca de la mitad de las importaciones del país y al 29.5 por ciento del PIB. La autocracia cobra así por vía indirecta y convierte a sus víctimas en sostén involuntario de la maquinaria que prepara nuevos exilios.
Pero la benevolencia de Washington llega al absurdo. Mientras la Casa Blanca libra una guerra comercial para corregir déficits que subsidian a China, permite que esa misma lógica se reproduzca, en otra escala, a favor de Ortega y Murillo. En 2025, Estados Unidos compró bienes nicaragüenses por 4,961 millones de dólares y vendió apenas 2,436 millones. Ese superávit de 2,524 millones dio oxígeno a la tiranía y ayudó a cubrir el agujero con Pekín, generado por compras de 1,893 millones de dólares y ventas de escasos 80 millones. Ahí, la contabilidad del antimperialismo se revela como un excelente negocio, del que, hay que decirlo, también se benefician no pocos empresarios. Ortega insulta a Washington, vende al mercado estadounidense, deja al país inundado de importaciones chinas y conserva intacto el salvavidas que sostiene la fortuna familiar y la de sus testaferros.
La ecuación favorable al régimen tampoco se agota en las remesas ni en el superávit comercial. Desde Estados Unidos llegan, además, divisas del turismo, y permanecen vigentes los privilegios arancelarios del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana. Todo ello pese a más de sesenta sanciones impuestas desde 2018 a sus jerarcas y operadores, tantas que, a la luz de sus resultados, empiezan a sonar a castigos de papel. La contradicción es difícil de disimular. Un poder con instituciones sometidas, déficit abultado frente a China, zonas francas y acceso preferencial al mercado estadounidense queda instalado en una franja propicia para triangulaciones opacas y eventuales fraudes de origen.
Pero el trato caprichoso desde la primera administración Trump encierra otras paradojas. Aunque China y Rusia pesen poco en la economía visible, es en esa penumbra donde la tiranía respira con más soltura. Para Ortega y Murillo, esas alianzas valen porque abren un margen de maniobra fuera del escrutinio occidental, mediante contratos difíciles de rastrear, empresas pantalla, proveedores e intermediarios capaces de abastecer de tecnología, servicios y canales opacos a la maquinaria represiva.
Así, mientras Cuba y Venezuela concentran el escándalo y el castigo, Managua apuesta a pasar desapercibida, refugiarse en su bajo perfil estratégico y dejar que el periodo presidencial de Trump transcurra sin que nadie toque el nervio económico. Esa invisibilidad calculada les ha servido tanto a Ortega y Murillo que, sin debate ni pudor, una Asamblea Nacional servil les allanó el camino para borrar las elecciones de noviembre de 2026 y prolongar la dictadura hasta 2028. No necesitan derrotar a Estados Unidos. Les basta con servirse de su mercado, financiarse con sus migrantes, ofrecer fruslerías y distraerlo.
Es comprensible que Trump no pueda ocuparse de todos los frentes y que Estados Unidos tampoco pueda insuflar democracia donde demasiados se han acostumbrado al mando autoritario. Pero si no quiere que su legado latinoamericano quede marcado por haber sido el mejor amigo de los dictadores, el Departamento de Estado y las agencias federales deberían tener preparada una presión real y sostenida. Lo eficaz no consiste en acumular nombres en listas inanes, sino en alcanzar la anatomía patrimonial de la familia presidencial, obligarla a poner las barbas en remojo y volver costoso, riesgoso y tóxico hacer negocios con la dictadura invisible.
En América Latina, las tiranías no sobreviven solo por la brutalidad de sus aparatos. Sobreviven también cuando las democracias las financian, las subestiman o les permiten esconderse en su aparente marginalidad.
El autor es analista político internacional.
