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A veces, cuando desde la oposición tocamos el tema de la justicia, nos damos cuenta de que se ha instalado una promesa que suena a remedio casero para una herida que requiere cirugía mayor. Cuántas veces hemos escuchado que «habrá justicia para todos cuando la dictadura caiga». Es una frase muy fuerte, capaz de endulzarle el oído a cualquiera y hacernos creer que el mandado ya está hecho. Sin embargo, es necesario que empecemos a hablar con la verdad, por dolorosa que sea: esa justicia total, inmediata y perfecta no es real. Prometer justicia universal tras un régimen autoritario no es solo ligereza política, es en muchos casos, un engaño cruel hacia las víctimas.
Lecciones de una historia circular
La historia es una maestra implacable en esto. Miremos hacia el sur: en Chile, a más de tres décadas del fin de la dictadura de Pinochet, las familias siguen desenterrando la verdad a cuentagotas y muchos perpetradores murieron en sus camas sin pisar una celda. En la propia Nicaragua de los 80, las víctimas de ambos bandos terminaron engullidas por el olvido de las amnistías y los pactos de “borrón y cuenta nueva”.
Otra de las lecciones más importantes de nuestra historia reciente es que la impunidad es el combustible de la repetición. Sin justicia “la paz y reconciliación” tienen fecha de caducidad. Ese pacto de silencio Nicaragua ya lo ha pagado caro.
Las transiciones políticas suelen ser procesos complejos y pragmáticos. Los cambios de régimen frecuentemente terminan en mesas de negociación donde la libertad de unos se cambia por la salida de otros. Decirle esto a una madre cuyo hijo fue asesinado en abril, o a alguien a quien le confiscaron el esfuerzo de toda una vida, es demoledor. Pero es más digno enfrentar esa precariedad jurídica que alimentar una esperanza que en su momento se va a convertir en una de las próximas grandes frustraciones nacionales.
El sistema que nos queda
Además, siendo realistas: ¿con qué sistema judicial pensamos cumplir esa promesa? Todos sabemos que las instituciones en Nicaragua no solo están en ruinas, están podridas desde la raíz. Nuestra Constitución Política, en teoría, garantiza el debido proceso, pero en la práctica, la ley orgánica del poder judicial ha sido desmantelada y puesta al servicio del poder. Prometer una justicia exprés es ignorar que el sistema requiere una seria depuración técnica profunda —no solo política— para no caer nuevamente en la prevaricación o el revanchismo. Limpiar un sistema judicial, formar jueces con ética y reconstruir expedientes destruidos toma años, sino décadas. Se habla de reestructuración y de anular sentencias como quien borra una pizarra, ignorando que la justicia requiere una infraestructura que hoy no existe. Toda promesa de justicia que no incluya el “cómo” es, en el mejor de los casos, una ilusión.
Es comprensible que, como sociedad, prefiramos el alivio de la mentira. Pero construir madurez política comienza cuando dejamos de edificar el futuro sobre promesas vacías. La verdadera madurez e integridad política consiste en decir que la justicia será lenta, y sumamente difícil y que la “justicia posible” será probablemente mucho más pequeña que la “justicia ideal”.
Hacia una justicia posible
Aun en esta realidad, la honestidad puede ser una forma de esperanza. Si aceptamos que la justicia no llegará como un decreto ni como saldo de cuentas, podemos empezar a hablar de lo que sí está a nuestro alcance. La justicia, sobre todo en contextos como el nuestro, es un proceso largo que comienza por garantizar verdad documentada, reconocimiento público del daño y mínimas formas de reparación que devuelvan dignidad a las víctimas. Significa priorizar los casos más graves, reconstruir archivos, proteger la memoria y sentar las bases de un sistema judicial que no repita los mismos vicios del pasado. No es una justicia que satisface todas las demandas, pero es una justicia que avanza, que deja constancia y que no renuncia a la verdad como punto de partida.
La transición no va a ser un interruptor de luz que va a darnos justicia de inmediato. Asumir este camino implica aceptar que la justicia no será un evento, sino «una responsabilidad sostenida» en el tiempo. Requerirá paciencia social, presión constante, y vigilancia ciudadana. Lo que sí podemos prometer —y exigir— es que nunca más se normalice la impunidad y que, aunque el camino sea largo y difícil, no volveremos a sacrificar la verdad en el altar de la conveniencia política.
El autor es abogado y miembro del Consejo de Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).
