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Nicaragüenses radicados en Estados Unidos denunciaron que el régimen sandinista les estaría negando la renovación de sus pasaportes, supuestamente bajo acusaciones por ciberdelitos. Estas denuncias surgen a un mes de que la Dirección General de Migración y Extranjería, habilitara una nueva plataforma en línea destinada a que los nicaragüenses en el extranjero pudieran tramitar su pasaporte por primera vez o solicitar su renovación.
Una nicaragüense, que solicitó el anonimato, relató a LA PRENSA que desde hace tres años inició en el Consulado de Nicaragua en Miami el trámite de renovación de su pasaporte. Durante ese tiempo, acudió de forma periódica para conocer el estado de su solicitud, pero en cada ocasión le informaban que el documento aún no había sido enviado desde Nicaragua.
La semana pasada, al presentarse nuevamente en el consulado, fue informada de que el régimen sandinista la estaría acusando de supuestos ciberdelitos, razón por la cual su proceso de renovación fue paralizado.
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«Es cierto que yo migré hace 4 años, pero cuando estaba en Nicaragua nunca participé en actividades políticas. No entiendo por qué ahora me acusan de tal supuesto delito», señaló la afectada. «Yo solo quería volver a mi país, pero sin pasaporte no puedo viajar».
Otro nicaragüense, que prefirió no profundizar en su caso por temor a ser identificado, confirmó que desde hace varios meses enfrenta dificultades para renovar su pasaporte en Estados Unidos. Explicó que el trámite se ha vuelto lento y engorroso, sin recibir respuestas claras por parte de las autoridades consulares.
En su última visita al Consulado de Nicaragua, se le informó que autoridades en el país lo estarían señalando por supuesto ciberdelitos, situación que habría frenado su proceso de renovación. «Ya ni quiero ir a preguntar más», expresó.
De acuerdo con un experto en derecho, esta nueva política migratoria destinada a “amordazar la opinión pública” —ahora también en el extranjero— es ilegal. El especialista señaló que «negar la renovación de pasaporte a un nicaragüense en el extranjero invocando la Ley de Ciberdelitos es jurídicamente improcedente porque se desnaturaliza la finalidad de la norma penal».
«El pasaporte es un derecho vinculado a la identidad, la nacionalidad y la libre circulación, no un privilegio condicionado a valoraciones políticas o conductas no juzgadas», advirtió. En ese sentido, sostuvo que «el artículo 29 de la constitución política establece el reconocimiento a la protección legal de los derechos de los nicaragüenses que residen en el extranjero».
Nuevo método de represión
Según las denuncias, la Ley de Ciberdelitos estaría siendo utilizada como una herramienta de hostigamiento y control contra nicaragüenses en el extranjero, a quienes se les aplican acusaciones sin procesos judiciales claros, impidiéndoles la facilidad de regresar al país. Anteriormente sirvió como un mecanismo de represión contra periodistas, opositores y defensores de derechos humanos que se negaron a acatar el discurso oficialista.
La medida impactaría directamente a nicaragüenses que, tras años de trabajo y residencia en Estados Unidos, deciden regresar al país, enfrentándose a restricciones que limitan su derecho a retornar a Nicaragua.
Cabe señalar que recientemente LA PRENSA confirmó un cambio en la política migratoria que afectó a miles de nicaragüenses en el extranjero, a quienes se les había negado el derecho de ingresar a su propio país. Recientemente, autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería contactaron directamente a personas afectadas para informarles que su retorno a Nicaragua había sido aprobado.
Este diario tuvo conocimiento de al menos cuatro casos en los que Migración se comunicó con los afectados para notificarles que, “tras una actualización de una lista” en el sistema, ahora se les permitiría ingresar al territorio nacional. “Una recibió un correo electrónico, otra un mensaje por WhatsApp y otra una llamada telefónica”, detalló una fuente consultada.
En febrero del año pasado, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU señaló en un informe que entre 2024 y enero de 2025 cerca de 300 personas quedaron en un limbo migratorio, tras ser impedidas de retornar al país. No obstante, hasta mediados del mes pasado, la Dirección de Migración del régimen continuaba negando diariamente el ingreso a al menos dos o tres nicaragüenses.
Nuevo trámite de pasaporte en línea en el extranjero
Este giro en la política migratoria ocurre también luego que hace un mes la Dirección de Migración y Extranjería ampliara el servicio de solicitud de pasaporte —ya sea por primera vez o para renovación— para quienes están fuera del territorio nacional. Los encargados de entregar estos documentos impresos serán los consulados de Nicaragua en los países donde se encuentren los nicaragüenses que lo hayan gestionado.
Es importante señalar que, en los últimos años, numerosos nicaragüenses se han visto obligados a recurrir a terceros —abogados o notarios— para gestionar su pasaporte en Nicaragua, ante las dificultades y obstáculos que implica realizar el trámite desde el extranjero.
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A ello se suma la preocupación de otros nicaragüenses que ya adquirieron o se encuentran en proceso de adquirir una segunda nacionalidad. Este temor surge luego de que, en enero pasado, la Asamblea Nacional, bajo órdenes del régimen Ortega-Murillo, ratificara en segunda legislatura las reformas a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política, mediante las cuales se elimina la doble nacionalidad para los nicaragüenses. En el caso de los extranjeros, la normativa establece que deben renunciar a su nacionalidad de origen para poder naturalizarse en Nicaragua.
El régimen ha justificado estas reformas bajo un discurso de “lealtad a Nicaragua”; sin embargo, diversos sectores señalan que las verdaderas motivaciones son de carácter eminentemente político, en un contexto marcado por el control, la exclusión y la represión de la diáspora nicaragüense.
