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El despojo de la concesión minera del lote La Guadalupana a la empresa estadounidense BMHB Mining Nicaragua S.A., y su entrega a la recién creada empresa asiática Palacagüina Mining por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según expertos consultados por LA PRENSA, representa un acto de arbitrariedad y revancha política tras la repercusión internacional que ha tenido el caso en un contexto donde el orteguismo busca consolidar el control del negocio del oro en Nicaragua.
El economista y excarcelado político, Juan Sebastián Chamorro, afirmó que la decisión contradice el discurso oficial sobre la seguridad jurídica —que pregonó la dictadura por medio de la Procuraduría General de la República (PGR) en febrero pasado— y representa una reacción política del régimen tras la repercusión internacional que ha tenido el caso de la minera estadounidense.
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«Es una total contradicción al famoso comunicado del 21 de febrero de la Procuraduría que nadie le pidió que aclarara nada y están haciendo exactamente lo que no iban a hacer. Es un acto de revancha por la denuncia interpuesta», aseguró Chamorro.
En septiembre de 2025, el plantel propiedad de BHMB Mining Nicaragua S.A. y valorado en aproximadamente 80 millones de dólares fue ocupado arbitrariamente por dos compañías chinas, Zhong Fu Development y Santa Rita Mining, bajo la protección del régimen orteguista.
El lote La Guadalupana conformado por 2,500 hectáreas se ubica en San Juan de Río Coco, Madriz. BHMB Mining había obtenido la concesión con aprobación de las autoridades. Los inversionistas estadounidenses habían pagado todos los impuestos y permisos.
Según LA PRENSA reveló este 14 de marzo, la autorización de los derechos de concesión quedó registrada en el Acuerdo Ministerial No. 000-DM-697-2015. Además, la autorización fue certificada el 13 de febrero del 2020, por el ministro de Energía, Salvador Mansell Castrillo, quien fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Patrón de decisiones arbitrarias
Para el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, el caso refleja un patrón de decisiones arbitrarias de la dictadura en el manejo del sector minero. «El régimen queda en evidencia una vez más de las decisiones arbitrarias alrededor del manejo del sector minero en el país», señaló.
Ruiz recordó que recientemente un informe realizado por la Fundación del Río expuso cómo el régimen ha favorecido la entrega de concesiones a empresas asiáticas y a actores cercanos al poder.
«Habíamos descrito cómo hay un manejo que favorece a las concesiones mineras chinas y a empresas vinculadas al régimen para tratar de controlar el sector industrial minero», apuntó.
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Según el ambientalista, ese proceso comenzó con la confiscación del plantel de BHMB Mining en Palacagüina y en la actualidad se consolida con la entrega de la concesión del lote La Guadalupana a la nueva empresa, lo que fue revelado por LA PRENSA.
«Evidentemente nuevamente se consolida ese despojo de algunos actores anteriores para favorecer a estos nuevos concesionarios chinos», recalcó.
Control del negocio del oro en Nicaragua
A juicio del economista Chamorro la medida también revela cómo el régimen está privilegiando inversiones vinculadas a capital chino con concesiones mineras en el país.
«Están entregando el territorio nacional a los chinos porque son con quienes están haciendo los negocios. Estas inversiones opacas le dejan plata a los que trafican con estas concesiones: los funcionarios públicos y la familia Ortega Murillo», sostuvo Chamorro.
A su vez, advirtió que el caso podría escalar aún más en EE. UU., donde la intervención de la dictadura a BMHB Mining Nicaragua S.A. despertó interés entre actores políticos cercanos al presidente Donald Trump, como Richard Grenell, un diplomático que fungió hasta octubre de 2025 como su emisario para Venezuela, y quien calificó como «indignante» la confiscación de capital estadounidense.
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«Cuando tenés una empresa norteamericana que fue invadida por estos chinos, con el apoyo de la Procuraduría, te dice dónde están los intereses. Esto va a tener repercusiones porque ha demostrado que este caso está llegando a los oídos de hacedores de política de EE. UU. y personas muy cercanas al presidente Trump. Esto va a picar y extender con esta nueva acción revanchista», indicó.
Ruiz también advirtió que el control de los planteles de procesamiento de oro podría formar parte de una estrategia para dominar el flujo de mineral procedente de la minería artesanal.
«La adquisición de los planteles por la vía de las arbitrariedades le permite al régimen mantener sitios donde procesar el material minero que viene de la minería ilegal que se desarrolla en Nicaragua y que promueve el régimen», señaló.
Según estimaciones citadas por el ambientalista, cerca del 30 por ciento del oro que se procesa en el territorio nacional proviene de la minería artesanal. «Necesita tener prácticamente el control de todos los planteles que procesan el material minero artesanal para controlar ese 30 por ciento», explicó Ruiz.
Riesgos ambientales y sociales
El presidente de la Fundación del Río también alertó que la expansión de concesiones mineras vinculadas a capital chino podría generar impactos ambientales y sociales que «no se pueden cuantificar» en distintas regiones de Nicaragua.
«Estas empresas no tienen un nivel de transparencia ni estándares ambientales y sociales que se adecúen a las normas internacionales en materia de estos proyectos mineros en cualquier parte del mundo», señaló.
Enseguida advirtió que estos proyectos mineros pueden provocar contaminación, desplazamiento de comunidades y expansión de la minería artesanal dentro de los lotes concesionados a empresas de capital asiático.
«Evidentemente mientras esto pasa, el régimen no tiene un nivel de seguimiento y control frente a esos riesgos, ni hemos visto la exigencia de los estudios de impacto ambiental y ni del determinado resguardo que estaba establecido en la ley, por lo contrario el régimen lo ha favorecido quitando estos requisitos para tener estos permisos de concesión», concluyó.
El sector del oro es controlado por la familia Ortega Murillo, que además tiene intereses y maneja un esquema de extorsión a mineros artesanales y empresas establecidas del sector, tal como publicó LA PRENSA. En 2025, Nicaragua exportó más de 1,961 millones de dólares, gracias al alto precio internacional del oro, lo que lo convirtió en uno de los pilares de la economía nacional.
