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El régimen de Daniel Ortega no tiene ya suficientes recursos externos para financiar proyectos internos. Ante la imposibilidad de conseguir financiamiento fresco, la dictadura lleva dos años consecutivos usando casi todos los desembolsos que está recibiendo para pagar los vencimientos de deudas, lo que le deja reducido margen para invertir, según muestra el informe de deuda externa de cierre del año pasado divulgado por el Banco Central de Nicaragua (BCN).
El año pasado, por ejemplo, el Gobierno central recibió en desembolsos 531.6 millones de dólares, sin embargo, pagó en amortización de capital e intereses 739.1 millones de dólares, 63.9 millones más que en el 2024 (675.2 millones de dólares). Es decir se pagó más de lo que recibió en recursos.
Del total del servicio pagado, 436.3 millones de dólares correspondieron a amortizaciones y 302.8 millones de dólares a intereses y comisiones, detalla el BCN.
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Situación similar vivió en el 2024, cuando los desembolsos fueron de 531.6 millones de dólares, pero el régimen se vio obligado a hacer pagos por 675.4 millones de dólares, 171.3 millones más que el año anterior (504 millones de dólares en 2023).
El servicio de la deuda
En 2024, del total del servicio pagado, 388.4 millones de dólares correspondieron a amortizaciones y 287.0 millones de dólares a intereses y comisiones.
Esto no ocurría antes del 2018, cuando el Gobierno conseguía con facilidad recursos frescos, lo que le permitía con holgura destinar recursos para proyectos de inversión en distintas áreas de la economía. En el 2017, por ejemplo, el Gobierno central captó en desembolsos 540.5 millones de dólares, lo cual representó un aumento de 168.3 millones de dólares (45.2 por ciento) con respecto al 2016.
En ese año, el sector económico más favorecido con los desembolsos de préstamos al Gobierno General fue el sector electricidad, gas y agua con 33.8 por ciento del total.
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Ese mismo año, el régimen que gozaba de una buena reputación en los organismos financieros internacionales solo debió pagar en el servicio de la deuda 168.6 millones de dólares, 31.7 millones más que en el 2016, de los cuales 92.4 millones correspondieron a amortizaciones y 76.2 millones a intereses y
comisiones.
Falta de desembolsos limita inversión pública
La dictadura afronta desde el 2019, con excepción del 2020 y parte del 2021, fuertes dificultades para conseguir financiamiento fresco que le permita compensar los pagos por vencimientos de los créditos obtenidos en años anteriores con los desembolsos, lo que le reduce el margen de destinar recursos externos para proyectos de inversión pública, que ahora se cubren con impuestos de los nicaragüenses mayoritariamente.
En el 2021, por ejemplo, que la dictadura consiguió destrabar recursos para atender la pandemia, ese año recibió en desembolsos 807.4 millones de dólares, pero la amortización de la deuda fue de apenas 176.6 millones de dólares.
Una tendencia similar se observó en el 2022, cuando el régimen siguió recibiendo fuertes desembolsos de recursos post pandemia, unos 669.5 millones de dólares, pero solo debía pagar en amortización por deudas en vencimientos 208.1 millones de dólares, es decir aún quedaba un remante a favor del Gobierno unos 400 millones.
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China no es una alternativa
En medio de la sequía financiera internacional, especialmente en organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), China no es una alternativa. Aunque ha prometido y se han suscrito varios proyectos de financiamiento millonarios, estos siguen sin reflejarse en las finanzas públicas.
De hecho, el año pasado la deuda externa del Gobierno General resultó de 6,962.9 millones de dólares, la cual incrementó en 139.2 millones (+2 por ciento) respecto al año anterior (6,823.7 millones). De esta deuda, 6,932.1 millones de dólares (99.6 por ciento) correspondieron a préstamos y 30.8 millones a créditos y anticipos comerciales (0.4 por ciento).
El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente artículo IV advirtió que Nicaragua se estaba convirtiendo en un pagador neto de deudas. «El financiamiento externo continúa disminuyendo, lo que reduce el margen fiscal y limita la implementación de políticas. Desde 2024, Nicaragua se convirtió en un pagador neto, ya que la disminución de los desembolsos multilaterales aún no se compensa con préstamos bilaterales, y el servicio de la deuda aumentó más, reflejando principalmente la amortización de los préstamos multilaterales relacionados con la pandemia», afirmaron técnicos del Fondo.
«De cara al futuro, se proyecta que las necesidades brutas de financiamiento se satisfagan principalmente mediante superávits fiscales, mayores desembolsos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y China, y el uso de depósitos del Gobierno», agregó.
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FMI advierto dificultades
Las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura de Daniel Ortega han endurecido el acceso a recursos frescos, por lo que el régimen se ha visto imposibilitado a compensar los vencimientos de préstamos con la suscripción de nuevos créditos.
Tales han sido las dificultades, que el saldo de la deuda ha reducido su participación como porcentaje del Producto Interno Bruto. Según cifras recogidas por el Fondo Monetario, en el 2020 los 6,957 millones de dólares en deuda pública externa representaban el 54.6 por ciento del PIB.
En el 2024, si bien el saldo de la deuda externa pública ascendió a 8,658 millones de dólares, esta redujo su participación a 44 por ciento del Producto Interno Bruto, según cifras del reporte del Fondo.
«Los préstamos multilaterales en condiciones favorables han disminuido, y los préstamos bilaterales (por ejemplo, de China y Arabia Saudita) aún no los han reemplazado, lo que convierte a Nicaragua en un contribuyente neto en 2024», resume el informe.
«Se espera que el financiamiento concesional de las Instituciones Financieras Internacionales se mantenga limitado. Dado que el nuevo financiamiento en el mercado sigue siendo costoso, dadas las condiciones financieras actuales, el personal técnico apoya la prudente gestión de la deuda y las estrategias de financiamiento de las autoridades y recomienda que cualquier nuevo financiamiento se realice con transparencia y en condiciones concesionales en la medida de lo posible, para mantener la sostenibilidad de la deuda», señaló el FMI.
