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Nick Fuentes, nacionalista blanco, negacionista del Holocausto y admirador de Hitler, hizo recientemente un llamado a un gobierno autoritario de los talibanes católicos en Estados Unidos. Si bien es tentador ignorar tales provocaciones, sería imprudente. Según miembros del movimiento MAGA de Donald Trump, la influencia de Fuentes entre los jóvenes republicanos es grande y sigue creciendo. Los conservadores de derecha, en particular los católicos, deben estar preparados para argumentar en contra de sus perniciosas opiniones.
Una refutación de este tipo podría comenzar con la Declaración sobre la Libertad Religiosa (Dignitatis humanae), que el papa Pablo VI promulgó durante el Concilio Vaticano II hace seis décadas. Ese documento dejó clarísima la postura de la Iglesia católica: toda persona tiene derecho a la libertad religiosa, y los gobiernos deben garantizar que “nadie sea obligado a actuar de manera contraria a sus propias creencias, ya sea privada o públicamente, solo o en asociación con otros, dentro de los límites debidos”. Además, el Concilio declaró: “Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa debe ser reconocido en la ley constitucional que rige la sociedad y, por lo tanto, debe convertirse en un derecho civil”.
La Iglesia enseña que los seres humanos tienen la obligación moral de buscar la verdad. Para que la búsqueda sea auténtica, no puede ser impuesta por el poder político. El proceso requiere “inmunidad ante la coerción externa, así como libertad psicológica”. O, como lo expresó el papa Juan Pablo II: “La Iglesia propone; no impone nada”.
Dios no obliga a la obediencia. En las primeras páginas de la Biblia, Dios no impidió que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, un acto que usurpó su papel como árbitro del bien y del mal. Dios estableció pactos con los israelitas, pero no les impidió desviarse. Jesús no buscó usar el poder político ni la coerción para difundir sus enseñanzas.
El Estado no tiene por qué ejercer su poder coercitivo en cuestiones de conciencia. Como bien lo entendió Juan Pablo II, la libertad religiosa es un baluarte contra el totalitarismo. Quienes, como Fuentes, se empeñan en imponer sus creencias religiosas a otros contradicen flagrantemente las enseñanzas de la Iglesia que dicen representar. Si Fuentes quiere que la gente se adhiera a las enseñanzas católicas, primero debería conocerlas, empezando por la postura de la Iglesia sobre la libertad religiosa.
Desafortunadamente, el problema no se limita a Fuentes. El posliberalismo ha ido ganando terreno entre los intelectuales, comentaristas y políticos católicos en general. Si bien los líderes posliberales que conozco no son racistas ni antisemitas, sí comparten, en distintos grados, la opinión de que el compromiso de la tradición liberal con la libertad religiosa ha sido perjudicial para el auténtico desarrollo humano.
De nuevo, resulta tentador descartar a estas figuras como un grupo marginal de académicos, comentaristas y activistas. Pero políticos prominentes coquetean con el posliberalismo, y algunos van más allá. El vicepresidente J. D. Vance, por ejemplo, se identificó explícitamente como “antirrégimen” y “posliberal” en 2023.
En el largo recorrido de la historia, pocas cosas importan más que las ideas. Discrepo rotundamente de la afirmación de que el liberalismo —el Estado de derecho, los derechos individuales, la libertad personal, el libre mercado— fue un error desde el principio. Rechazo el argumento de que ha perdido su utilidad y de que el sistema del capitalismo democrático (el “régimen”) necesita ser reemplazado. Sin embargo, siento cierta empatía por las preocupaciones culturales del posliberalismo. El mundo secular se ha vuelto, de hecho, menos receptivo y más hostil a la vida cristiana en las últimas décadas.
Pero restringir la libertad religiosa o promover una forma de teocracia blanda —utilizando el poder político para promover los intereses de la Iglesia o un estilo de vida cristiano— no es la solución. La raíz de los problemas culturales de Occidente reside en la incapacidad de apreciar y priorizar plenamente la dignidad inherente e inestimable de todo ser humano. Restringir la libertad religiosa sería otra afrenta a la primacía de la dignidad humana, exacerbando en lugar de aliviar este problema de raíz.
En cambio, los cristianos deberían dejar claro que la libertad religiosa puede protegerse plenamente sin que el gobierno sea radicalmente neutral en cuestiones morales. Los cristianos pueden fortalecer el papel de la Iglesia en la sociedad civil, en el ámbito entre el Estado y el individuo. Y pueden oponerse a las políticas que vulneran la capacidad de cualquier comunidad para practicar su propia fe religiosa, como, por ejemplo, los primeros esfuerzos de la Ley de Atención Médica Asequible para hacer cumplir su mandato sobre anticoncepción.
Es importante destacar que los cristianos pueden —y deben— participar en la esfera pública y defender posturas basadas en su fe, incluso en debates políticos y legislativos. Pero si sus opiniones están auténticamente fundamentadas en su fe, priorizarán el bien común y la dignidad de la persona. No intentarán reducir la libertad religiosa ni obstaculizar el camino de quienes buscan la verdad. No querrán, en palabras de Juan Pablo II, “imponerse”.
Rechazarán tanto el fundamentalismo religioso como el secularismo extremo como manifestaciones del mismo error fundamental. Ambos promueven una visión reduccionista y parcial de la persona humana, mientras que los cristianos deberían insistir en una visión mucho más completa.
El autor es director de Estudios de Política Económica en el American Enterprise Institute, es el autor, más recientemente, de “The American Dream Is Not Dead” (But Populism Could Kill It) (Templeton Press, 2020).
Derechos de autor: Project Syndicate, 2026.
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