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Durante meses, Laura Fernández se calló sobre la vecina Nicaragua en la campaña que la llevó a la Presidencia de Costa Rica. Más de veinte días después de su triunfo, las cosas siguen igual. Dos politólogos costarricenses coincidieron en que ella no ha definido su política exterior, aunque el tema migratorio sigue marcando la agenda binacional. Se han sumado en los últimos días las denuncias de minería y tráfico ilegal de oro.
El académico Carlos Cascante, miembro de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), sostuvo que, hasta ahora, «Nicaragua no ha sido un tema en la agenda de la nueva presidenta. No se ha referido a ese asunto ni ha planteado nada específico, así que cualquier cosa que se diga en este momento es especulación».
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El experto en relaciones internacionales, Carlos Murillo, quien también es miembro de la misma casa de estudios, agrega que tampoco se vislumbra un giro con el nuevo gobierno, que se ha declarado heredero del anterior. «La presidenta electa no ha definido su política exterior, como tampoco la definió Rodrigo Chaves, a lo largo de sus cuatro años de gobierno», afirmó Murillo, precisamente refiriéndose a la administración saliente.
Fernández es líder del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y logró una victoria con más del 48 por ciento del voto, además de una mayoría en la Asamblea Legislativa en un mensaje de continuidad al proyecto chavista. La postura diplomática de Chaves hacia Managua ha oscilado entre la recepción los migrantes que han huido de la dictadura a posiciones consideradas ambivalentes en temas claves para la oposición nicaragüense.
De hecho, Cascante no anticipa cambios sustanciales, ya que «muy probablemente Fernández siga la misma línea en materia de asilo y migración nicaragüense hacia Costa Rica», salvo que ocurra otro deterioro grave en la situación interna nicaragüense que dispare un nuevo flujo masivo. Murillo no considera probable que la nueva gobernante impulse «la deportación masiva de nicaragüenses residentes en Costa Rica».
A juicio del abogado Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, un organismo fundado en Estados Unidos, «recién entrado este presidente (Rodrigo Chaves), tomó una actitud totalmente diferente a varios de los presidentes anteriores».
En diciembre de 2023, medios costarricenses reportaron que Chaves mantenía comunicación con Ortega y Murillo, a quienes confesó les hacía consultas «de vez en cuando». Describió en ese momento una relación bilateral como «cordial y constructiva».
«Eso habla muy mal de un gobierno democrático. Partiendo de eso te puedo decir que, desde el punto de vista de derechos humanos, está en deuda y mandó un mensaje negativo», dijo Cuevas.
En Costa Rica viven miles de nicaragüenses. Hasta marzo de 2025, este país acogía a más de 194,000 solicitantes de asilo nicaragüenses y a 9,216 reconocidos como refugiados nicaragüenses, según datos de Naciones Unidas. Muchos denunciaron lentitud y trabas en sus solicitudes.
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Cuevas recordó que Costa Rica cerró más de 55,000 expedientes de refugio, principalmente de nicaragüenses, entre enero y agosto de 2025 para combatir la mora burocrática y reducir el acumulado de solicitudes. «Costa Rica era un oasis migratorio desde la primera dictadura sandinista de los años 80 y ahora igual, pero la cosa fue poniéndose compleja para los migrantes», alegó Cuevas.
Para los opositores radicados en este país, uno de los temas más cuestionables para Chaves es el silencio que mantuvo sobre la represión trasnacional de la dictadura de Ortega en los últimos dos años. El primer caso fue el de Joao Maldonado y Nadia Robleto, quienes sobrevivieron a dos intentos de asesinato. El otro es el del mayor en retiro Roberto Samcam, quien fue muerto a tiros en su apartamento en San José. Fernández no se ha referido en absoluto, pero las autoridades judiciales sí han avanzado.
El 16 de febrero, el ministro de Seguridad costarricense, Mario Zamora, denunció ante el Legislativo el auge de la minería ilegal en la frontera y vinculó directamente a «empresas asiáticas», de capital chino, que compran la mercancía obtenida ilegalmente y la procesan bajo la jurisdicción del régimen en Managua. Esto asoma como un punto de tensión en las relaciones de ambos países.
Cascante subraya que el tema del oro «es muy delicado porque está incorporado al problema de las sanciones que Estados Unidos tiene establecidas contra la industria del oro en Nicaragua» y recuerda que el gobierno costarricense ha seguido una línea cercana a Washington en distintos temas. «Uno de los condicionantes —no digo que el único, pero sí uno importante— es la posición que asuma la administración Trump respecto al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo», explicó.
En ese sentido, Cascante considera que la posición costarricense dependerá de cómo evolucione la relación entre Managua y Washington. Según el experto, el régimen sandinista estaría intentando «negociar con Estados Unidos y otorgar ciertas concesiones para, hasta cierto punto, normalizar la relación». Si ese escenario se concreta —añade el especialista— «Costa Rica tendrá mayor facilidad para mantener una política pragmática».
Otra consideración sobre el tema del oro
Para el académico Murillo, «continuarán las denuncias sobre la extracción ilegal de oro en Crucitas, que luego se traspasa por la frontera y se vende en Nicaragua, ya sea a empresas chinas o para exportarlo desde Nicaragua. Ese será un tema que se mantendrá, pero al menos durante este año no veo posibilidad de que escale más allá».
Ante la llegada al poder de Fernández, Murillo señaló que cualquier cambio estructural dependería de decisiones legislativas y no ejecutivas, aunque reconoció que la presidenta posee «espacio» para maniobrar en la Asamblea.
«Costa Rica no parece tener una lectura geopolítica clara, y este gobierno (saliente), así como el próximo, pareciera que seguirá por la misma ruta», afirmó Murillo. El experto cree que, mientras las empresas chinas no operen directamente bajo jurisdicción costarricense, el Ejecutivo de su país evitará confrontaciones mayores. Fernández asumirá formalmente la Presidencia el próximo 8 de mayo.
