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Sheyla Talavera tiene 15 años de vivir en Costa Rica. Trabaja como dependienta en una tienda asiática en el populoso mercado central de San José. Espera que el próximo presidente logre mejorar la economía y la inseguridad «que está acabando con el país». Es nicaragüense y ha votado en varias ocasiones, entre ellas municipales y presidenciales, luego de que obtuvo la nacionalidad.
De acuerdo con cifras oficiales, ella es una de los 53 mil nicaragüenses que podrán elegir el 1 de febrero a autoridades costarricenses. En 2025, el Tribunal Supremo Electoral registraba 96 mil extranjeros naturalizados, destacando el número de nicaragüenses, pero también colombianos, salvadoreños y venezolanos. «No se soporta tanta violencia y todo está carísimo», recalca esta mujer.
Grethell Castillo Lazo se nacionalizó hace más de 30 años. Ella espera que el nuevo gobierno «respete los derechos humanos, genere oportunidades de estudiar y trabajar», pero además que promueva la libertad de expresión, la aceptación de la diversidad, entre otras demandas ciudadanas en beneficio suyo y de su familia.
En Nicaragua, Castillo no pudo ejercer el derecho al voto. Era una adolescente cuando debió huir a Costa Rica. Su país natal estaba en plena guerra civil en los años ochenta del siglo pasado y no era seguro para ella. «No (voté), porque no tuviera mucho que decir, sino porque tuve que huir», recordó.
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En Costa Rica viven miles de nicaragüenses. Hasta marzo de 2025, Costa Rica acogía a más de 194,000 solicitantes de asilo nicaragüenses y a 9,216 refugiados nicaragüenses reconocidos, según datos de Naciones Unidas.
De acuerdo con un informe de Popol Na, una ONG nicaragüense establecida en Costa Rica por la persecución del régimen sandinista contra sus dirigentes, el 77.5 % de los nicas naturalizados “no se sienten representados” por ninguno de los veinte partidos políticos que participan en las elecciones.
«Hay un desinterés… por la falta de políticas inclusivas, falta de educación cívica, la xenofobia, estigmatización pública», dijo Joswell Martínez, activista de derechos humanos y director de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu). Martínez formó parte del informe de la Popol Na.
El estudio de la Popol Na combinó datos y testimonios para entender cómo participan políticamente las personas migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Primero se aplicó una encuesta a 50 personas —nicaragüenses naturalizadas con derecho a voto y costarricenses vinculados a esta comunidad— para identificar tendencias sobre participación electoral, prioridades políticas y percepciones del sistema. Luego, esos resultados sirvieron de base para entrevistas en profundidad con especialistas, periodistas y líderes comunitarios, así como un grupo focal con personas migrantes sin nacionalidad costarricense, con el fin de explicar los motivos, experiencias y barreras detrás de esas cifras.
Continuidad vs. Ruptura
Los comicios de febrero suponen una encrucijada para los costarricenses en general. Por un lado, la favorita de las encuestas, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), se presenta como la opción que brindará continuidad al gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
Durante su período, Chaves ha sido criticado por un estilo de gobernanza populista y signos de una deriva autoritaria que eran impensables en la cultura política costarricense. Por un lado intentó limitar los derechos de los migrantes para frenar el «abuso» del sistema de refugio por parte de migrantes económicos, endureciendo requisitos y exigiendo cotización a la seguridad social para permisos de trabajo». Sin embargo, la Sala Constitucional ha frenado sus acciones.
Frente a la realidad del crimen organizado, Chaves ha mostrado interés en emular el modelo de militarización y vigilancia de Nayib Bukele en El Salvador. A este grupo se une Fernández, la posible sucesora, quien según las encuestas lidera los votos. De acuerdo con la más reciente encuesta de OPol Consultores, ella obtendrá un 62.79 %, mientras que su rival más cercano, Álvaro Ramos, del PLN, apenas 12.95 %.
De ganar, Fernández tendría el reto de disminuir los altos índices de criminalidad que su antecesor Rodrigo Chaves enfrentó. Solo en 2024 se registraron 880 homicidios y se convirtió en el segundo año con más muertes violentas registradas en su historia, detrás de 2023 con 905.
No son tema de campaña
Pese a las preocupaciones de Talavera y Castillo, los nacionalizados no han sido un tema de campaña como se reconoce desde la academia. «En esta campaña el tema de las personas naturalizadas no ha sido tema de campaña, que ha estado centrada en el continuismo», explicó el analista costarricense, Carlos Murillo.
«Lo que sí se ha sido mencionando por parte de algunas candidaturas es la urgencia de detener la inmigración y expulsar a personas extranjeras que, a su juicio, ocupan puestos de trabajo en detrimento de costarricenses», explicó el académico.
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Aun así, si bien los nicaragüenses naturalizados suponen sólo el 1.43 % del electorado, estimaciones sugieren que hasta un 10-15 % de la población costarricense tiene lazos con Nicaragua, de modo que la influencia, si bien sutil, podría ser mucho mayor.
«En lo que va del siglo XXI, el 17 % de los nacimientos ocurridos en Costa Rica son de una mamá nicaragüense. Es decir, que una parte de esa segunda generación nacida en el siglo XXI vota o puede votar; es un grupo grandísimo», subrayó el sociólogo Carlos Sandoval, catedrático de la Universidad de Costa Rica, quien a su vez lamentó que llama la atención que aún así «el voto migrante no es un tema de conversación».
