Los tentáculos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para perseguir a exiliados nicaragüenses en otros países son cada vez más notorios y se manifiestan de diversas maneras, desde la intimidación y la vigilancia digital hasta el hostigamiento a familiares y, en los casos más graves, atentados para quitar la vida a las víctimas, tal como lo documentó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en siete ocasiones.
Según el informe Represión Transnacional: Nicaragua más allá de la frontera, Costa Rica es el epicentro de la represión transnacional contra exiliados nicaragüenses y advierte que ese país se convirtió en “una extensión geográfica de la represión política de Nicaragua”.
El informe detalla que esta represión se basa en la infiltración de agentes de la dictadura, el uso de redes digitales de hostigamiento y la operación de células paramilitares o individuos que actúan bajo órdenes indirectas del Estado de Nicaragua.
El documento recopila un total de 199 testimonios, de estos, 54 del grupo de 94 nicaragüenses despojados de su nacionalidad el 15 de febrero de 2023 y 92 testimonios de personas que denunciaron amenazas, vigilancia, agresiones, hostigamiento a familiares, impedimentos para ingresar a Nicaragua, entre otras formas de represión transfronteriza.
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Las modalidades encontradas
Con base en los 199 testimonios documentados por la organización, se identificaron al menos ocho categorías que reflejan las modalidades de persecución de la dictadura a exiliados nicaragüenses en otros países. Estas son:
1. Amenazas y hostigamiento en el exilio
2. Hostigamiento a familiares en Nicaragua
3. Impedimentos de ingreso y negación de retorno
4. Vigilancia transfronteriza y presencia activa de redes vinculadas al régimen
5. Destierros forzados y despojo de nacionalidad
6. Atentados y agresiones
7. Negación de servicios consulares y documentación
8. Riesgo de extradición y persecución judicial
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Represión transnacional de lo personal a lo familiar
«La represión opera mediante un círculo de violencia secuencial. De lo físico a lo digital. De lo personal a lo familiar», señala el Colectivo.
La organización advierte que el ciclo comienza con la salida forzada de la persona y la persecución inicial en Nicaragua. Luego se transforma en amenazas directas desde el exilio, con mensajes digitales o llamadas intimidatorias.
En cuanto a las amenazas digitales, el informe señala que muchos mensajes provienen de números de Nicaragua y Costa Rica. En varios casos, las víctimas identificaron la voz del remitente como “un policía activo, un militante del partido, funcionarios gubernamentales o perfil falso con el fin de intimidarles”.
Posteriormente, la persecución se convierte en vigilancia física y control del movimiento en el país de acogida. A la vez, se registra hostigamiento a familiares dentro de Nicaragua, sumado al despojo de identidad o a advertencias judiciales para impedir el retorno al país.
«No basta con atacar a la persona exiliada, sino que se busca quebrar su entorno relacional, emocional y legal para aislarla, silenciarla o colocarla en un estado permanente de temor e indefensión», señala el informe.
Revelan ubicación
Entre las formas de intimidación que reporta el informe está que muchas de las víctimas reciben mensajes desde números desconocidos sobre su ubicación exacta.
A la vez, reciben advertencias desde números desconocidos sobre la presencia de presuntos infiltrados en actividades públicas, lo que se traduce en una reducción de participación de exiliados en este tipo de actividades por temor.
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Siete ejecuciones en el exilio
El Colectivo reportó al menos siete atentados dirigidos a nueve exiliados en el exilio, con posibles motivaciones políticas. Estos son:
- 1. Edgar Aristo Montenegro y Jalmar Antonio Zeledón (asesinados el 27 de junio 2019 en Honduras)
- 2. Gerardo de Jesús Gutiérrez Gutiérrez (asesinado en Honduras el 7 de diciembre de 2020)
- 3. Rodolfo Rojas Cordero (asesinado en Honduras en junio de 2022)
- 4. Santiago Rivera Müller (asesinado en Honduras en junio de 2023)
- 5. Joao Maldonado y Nadia Robleto (sobrevivientes a un atentado en Costa Rica en enero de 2024)
- 6. Jaime Luis Ortega Chavarría (asesinado en Costa Rica el 30 de octubre de 2024)
- 7. Roberto Samcam (asesinado en Costa Rica el 19 de junio de 2024)
Los datos muestran una recurrencia de asesinatos en el mes de junio. Además, cinco de los nueve asesinatos documentados ocurrieron en Honduras y dos en Costa Rica, donde también se registraron dos atentados contra el opositor Joao Maldonado en 2021 y 2024. En este último atentado también resultó gravemente herida Nadia Robleto, su pareja.
El informe también señala que deben investigarse en este mismo contexto los asesinatos de los nicaragüenses Rubén Amado Loáisiga Rodríguez, Giancarlo Díaz Sevilla, Luis Alberto Olivas Aguilar Q. y Wilfredo Moreno Tinoco.
Impunidad en Costa Rica ante represión transnacional
Otro de los hallazgos del Colectivo es la impunidad, debido a que los hechos de agresión y amenazas en Costa Rica no son investigados ni sancionados con el rigor necesario por parte de las autoridades.
«En casi todos los testimonios, las personas relatan que han presentado denuncias ante autoridades policiales o judiciales, pero los casos han sido archivados bajo la categoría de ‘hecho no comprobable’, ‘problema entre privados’, ‘delito común’ o ‘falta de competencia territorial’», refiere el informe.
Por esta razón, la organización recomienda a los Estados de acogida fortalecer los mecanismos de protección ante este tipo de amenazas, garantizar los canales de denuncia, reconocer la persecución transnacional, documentar los casos y sumarse a la denuncia internacional.
