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La victoria de Laura Fernández en las elecciones generales de Costa Rica el fin de semana pasado ha generado expectativas entre la diáspora nicaragüense. Por un lado, esperan de la nueva administración cambios positivos a favor de los migrantes, y por otro un mayor compromiso en la defensa de la democracia.
Alex Moraga, integrante de la organización política nicaragüense Renacer, dijo a LA PRENSA que «como exiliado nicaragüense en Costa Rica confía en un trato humano y justo para quienes huyen por persecución».
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«He visto con preocupación señales de deterioro en la protección a personas perseguidas políticas, desde orientaciones que, en la práctica, empujaron a algunos a cambiar su proceso migratorio, hasta declaraciones que minimizaron la presencia de redes de inteligencia del sandinismo y la negación de esquemas de protección para víctimas de atentados», subrayó.
Moraga se encuentra desde hace siete años en Costa Rica y ha encontrado trabas para que su solicitud de refugio sea aceptado en el país centroamericano.
En ese sentido dijo que, en estos momentos en que «la migración es blanco de mayor hostilidad en el mundo», confía «en un trato humano y justo para quienes huyen por persecución».
En Costa Rica viven miles de nicaragüenses. Hasta marzo de 2025, este país acogía a más de 194,000 solicitantes de asilo nicaragüenses y a 9,216 refugiados nicaragüenses reconocidos, según datos de Naciones Unidas. En las elecciones ticas recientes, al menos, 50 mil nicaragüenses estaban habilitados para votar.
En ese sentido, Moraga valoró como positivo que se ponga sobre la mesa el combate a la delincuencia organizada, «que lamentablemente está afectando a esta nación».
«El régimen de Nicaragua ha utilizado territorio costarricense para atentados y asesinatos políticos, y ha forzado la migración por crisis económica y persecución. Es un tema que nos toca directamente a quienes vivimos el exilio y, al mismo tiempo, a la soberanía costarricense», dijo.
¿Un cambio con respecto a Chaves?
Para Claudia Vargas, viuda del opositor nicaragüense Roberto Samcam, asesinado en circunstancias sospechosas en junio de 2025, la esperanza es que la nueva administración propicie la justicia y esclarecimiento que busca, un asunto que a su ver es también de interés nacional.
«Espero verdad, justicia y garantías de no repetición», refirió Vargas en entrevista con LA PRENSA.
Samcam fue asesinado por un pistolero en su residencia en San José, la mañana del 19 de junio de 2025, desatando consternación entre las comunidades de exiliados nicaragüenses. De profesión militar, pero ya retirado, en las últimas décadas de su vida Samcam se había convertido en un opositor de alto perfil de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Tres sospechosos fueron retenidos por las autoridades costarricenses, incluyendo al propio pistolero, en septiembre de ese año, pero a la fecha el vínculo con el régimen de Nicaragua no ha sido establecido con completa certeza.
Para Vargas, es importante que la investigación sea «seria, diligente e independiente, que no descarte ninguna hipótesis y que reconozca el contexto de violencia política y represión transnacional en el que ocurrió».
«Costa Rica, como país de refugio, debe enviar un mensaje claro: su territorio no puede ser espacio de impunidad para crímenes políticos, porque lo que está en juego no es solo este caso, sino la seguridad de todas las personas refugiadas y exiliadas», agregó.
El juicio contra los sospechosos tendrá lugar más tarde este año.
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La administración del presidente Rodrigo Chaves marcó cierta distancia del caso, negándose a admitir los temores expresados por legisladores sobre la existencia de «células» operando al servicio del régimen en Nicaragua y que amenazan a las comunidades de opositores exiliados.
El hecho de que Laura Fernández se presentase en campaña como la candidata que daría continuidad al proyecto de Chaves en principio apuntaría a una postura de indiferente a rígida, de cara a las comunidades de migrantes nicaragüenses.
En campaña apenas sí fue mencionado el tema, enfocándose más en la cuestión de la inseguridad que ha crecido en la última década en el país a niveles alarmantes. Tanto Chaves como Fernández han sido abiertos en sus intenciones de emular al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y su modelo de encarcelación y vigilancia masivas, así como en su retórica populista.
«Escuché a la presidenta electa decir que quiere gobernar para los nadies», notó Vargas. «Quiero que recuerden que la población migrante es, muchas veces, ese nadie: personas que llegan buscando protección, que traen sueños y manos que trabajan honradamente y sobre todo ganas de convertirse en alguien», agregó.
Juan Diego Barberena, exiliado nicaragüense en Costa Rica y además integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, espera que la nueva administración tica «mantenga la tradición histórica del Estado costarricense de rechazar cualquier forma de dictadura como la nicaragüense y que sea parte del concierto de la comunidad internacional en el marco de la promoción para la transición democrática en Nicaragua».
Por otro lado, subrayó que confía en que Costa Rica «mantendrá colaboración con la comunidad de nicaragüenses en el exilio para enfrentar a la represión transnacional de la que han sido víctimas varios nicaragüenses residente en Costa Rica. Y en ese sentido, es importante que abra canales de diálogo y cooperación en el marco de la institucionalidad y no repita el hermetismo del gobierno saliente de Rodrigo Chaves».
