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Cuando Mercedes del Socorro Gutiérrez recuerda la noche en que quedó con su maleta en una plaza de Barcelona, sin papeles y con 30 euros que llevaba escondidos en el forro de su bolso, dice que sintió “algo así como morirse, pero sin morirse del todo”. Trabajaba como interna en un piso de España y el patrón la acababa de echar violentamente.
Lo dice con una voz que ya no tiembla de miedo, pero en la que aún habita el frío de aquella madrugada de 2022 en la que, según relata, “me sentí la mujer más sola y perdida del mundo”.
Mercedes, una managua de 44 años que llegó a España gracias a la invitación de una excompañera de secundaria, forma parte de las 72.490 personas nicaragüenses empadronadas en España que no tienen residencia permanente, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) al cierre de 2025.
De ese universo, cerca de 43.500 podrían acceder este año a la regularización extraordinaria que abrirá el gobierno español entre abril y junio de 2026.
De ese total más de 28.700 son mujeres que, en su mayoría, se dedican trabajos de cuidados: internas, empleadas domésticas, cuidadoras de personas mayores dependientes.
Para estas mujeres, la promesa de un estatus legal es la diferencia entre un trabajo de explotación interminable y la posibilidad de un trabajo digno y mejor remunerado.
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El duro encierro
“Dios quiera y puedan aprobarme esos papeles. Es duro trabajar encerrada día y noche y ganando poquito”, dice Mercedes, quien ahora habita en Huesca de Aragón.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya confirmó los criterios del proceso: podrán aplicar quienes hayan ingresado antes del 31 de diciembre de 2025, acrediten cinco meses de estancia, carezcan de antecedentes penales y presenten pruebas de presencia continuada en el país.
Una novedad crucial es que la aceptación a trámite permitirá trabajar legalmente desde el primer día, lo que significa que miles de internas podrán negociar salarios oficiales, demandar beneficios y cambiar de trabajo sin miedo a la deportación.
En España hay alrededor de 10 millones de personas de 65 años o más, lo que representa aproximadamente el 20 % de la población total del país.
Este grupo de edad ha ido creciendo de forma sostenida en las últimas décadas debido al envejecimiento demográfico y a la elevada esperanza de vida de la población española.
“Me ofreció vino y después me pidió s…”
La historia de Mercedes es casi un guion conocido en las comunidades migrantes, pero no por ello menos brutal.
Llegó a Barcelona llevada por una antigua compañera de secundaria del Maestro Gabriel en Managua, quien le había dicho que era un “trabajo seguro cuidando a un señor de 86 años, tranquilo y buena gente”.
En efecto, el anciano era amable. Su hijo, Arturo, quien según Mercedes “era el que pagaba todo y el que decidía sobre todo”, era otro tipo de gente.
Mercedes lo recuerda así:
“Me ofreció vino el viejo chancho. ‘Tómese una copa’, me dijo, cuando ya estaba dormido el abuelo. Yo lo agarré por cortesía, porque aquí una es empleada y toca ser educada. Pero después quiso darme más y le dije que no. Y ahí fue que se soltó. Me dijo que le hiciera sexo oral. Así, sin rodeos. Yo lo paré en seco”.
“Entonces se encachimbó y empezó a decirme barbaridades: que zorra, que a saber de dónde salía yo. Cuando se terminó la botella, volvió a exigirme lo mismo. Y yo le dije que iba a llamar a la policía. Fue ahí que sacó mi maleta, abrió la puerta del piso y me gritó que me fuera, que si no me acusaría de haber robado un reloj del papá. Me quedé fría”.
Mercedes salió del piso sintiéndose humillada y aterrorizada. Caminó sin rumbo hasta una plaza cercana a una estación de tren. Era casi medianoche de sábado. No sabía a quién llamar. Finalmente llamó a una mujer que había conocido en un supermercado cercano, Adilia López, originaria de Chinandega, residente en Huesca, Aragón.
Adilia le recomendó dormir en la estación y que al amanecer tomara el primer bus a Zaragoza, que se bajara en estación Las Delicias y ella llegaría a buscarla allí.
A la «orillita de los papeles»
“Dormite en la estación. Ahí es seguro. Mañana te venís en el primer bus. Yo te voy a ir a esperar”.
Así empezó la travesía que hoy la ha llevado a Aragón, donde trabaja cuidando a personas mayores. Dice que ha tenido empleadores difíciles, “gente que te dice india o que te bota la comida en tu cara”, pero que nunca volvió a sentir miedo como aquella noche.
En 2021, un jubilado que la contrató le exigió que le enjabonara sus partes íntimas “con las manos” y le “hiciera masajes ahí abajo” durante el baño. Mercedes lo recuerda con una mezcla de indignación y resignación:
“El señor era un viejito rabo verde. Me decía que la esponja no le gustaba. Yo le dije que eso no podía ser y le puse queja a los dos hijos. El hijo me ignoró. La hija sí le llamó la atención, pero desde ese día el señor dejó de hablarme. A mí me daba igual, pero es incómodo vivir donde te ignoran o no te dirigen la palabra”.
Ella ha vivido cinco años sin papeles y sin poder empadronarse. Pero hoy, por primera vez, dice que se siente “a la orillita de los papeles”. Quiere trabajar en ventas, tal vez en un mercado o en un almacén, pero con un empleo “normal”, de salida diaria.
“Necesito que me dé el aire”, dice esperanzada.
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Abusos de puertas adentro
En 2019, la Universidad de Zaragoza publicó el estudio “Migrar y seguir cuidando: experiencias de mujeres migrantes de Nicaragua y Guatemala en Aragón”, una investigación académica que se ha vuelto clave para entender la trama de explotación y dependencia en la que viven miles de trabajadoras internas.
El estudio, elaborado por las investigadoras María Sánchez Salgado y Clara Rodríguez Fajardo, documentó que el 90% de las mujeres nicaragüenses y guatemaltecas que llegan a España trabajan en empleo doméstico o cuidados, y que la mayoría lo hace en el régimen de internas, donde las trabajadoras viven en el domicilio de la persona que atienden.
Dentro de los hallazgos más duros, se señaló que estas mujeres pueden trabajar entre 152 y 156 horas por semana, lo que equivale a más del 280% de la jornada laboral legal en España.
“La condición de indocumentadas las sitúa en una posición de imposibilidad para negociar condiciones laborales”, concluyó el informe. “La informalidad se convierte en una estructura de control”.
El estudio también analizó la distribución territorial: en 2019, 42,38% de las nicaragüenses residía en el País Vasco, 29,19% en Madrid y 28,43% en Aragón.
La red de contactos migrantes, el acceso al empleo y la alta demanda de cuidadoras explicaban esta concentración.
“Lo que encontramos —escribieron las investigadoras— es una contradicción profunda: estas mujeres sostienen la vida de centenares de hogares, pero ellas mismas están desprovistas de derechos básicos”.
Internas y esclavitud
Unos meses después de que el estudio fuera publicado, la realidad quedó expuesta públicamente en la llamada Operación Ayote, ejecutada en agosto de 2019 por la Guardia Civil en La Rioja y Huesca.
Siete personas, entre españoles y latinoamericanos, fueron detenidas por integrar una red que explotaba a más de 50 mujeres nicaragüenses y hondureñas.
El diario El País publicó entonces un reportaje que marcó un antes y un después: “Esclavas nicaragüenses para cuidar ancianos en Logroño”.
En él, el periódico relató que la banda captaba a mujeres en Nicaragua mediante anuncios como “Chica con experiencia busca trabajo de interna”. Las seleccionaban jóvenes, pobres, con hijos, sin estudios.
Les compraban los billetes, las recogían en el aeropuerto y, al llegar, les retiraban sus pasaportes.
Las amenazaban con hacer daño a sus familias y las obligaban a trabajar de internas sin descanso, en condiciones que la Guardia Civil calificó literalmente como “esclavitud”.
El País citó a una agente que dijo: “Estas mujeres se subieron al avión sin saber que eran víctimas de trata”.
El caso expuso lo que organizaciones migrantes venían denunciando desde hacía años: la línea entre el trabajo de interna y la explotación laboral puede ser muy delgada sin papeles.
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Pedagogía de la resistencia
Si la historia de Mercedes expone la violencia directa, la de Ana Verónica Ramírez, originaria de Diriamba, revela un drama más silencioso: la larga espera de una resolución de asilo.
Ana llegó a Madrid en 2019 y solicitó asilo político, tras haber protestado en los sucesos de abril de 2018 en Carazo.
Mientras su caso se evaluaba, trabajó “en negro”, como ella dice, cuidando a una maestra jubilada de 89 años. Cuando la señora murió, la familia la ayudó a empadronarse y luego a tramitar la tarjeta roja, el documento que permite trabajar temporalmente.
“Eso me salvó”, dice. “Pero vivir con tarjeta roja es vivir esperando. Llevo siete años en pausa y renovando cada año la tarjeta”.
Durante ese tiempo trabajó en Madrid y Málaga cuidando mayores. Su relato revela ciertas deshumanización cotidiana y “normal” entre los relatos de las cuidadoras nicaragüenses.
“Hay gente que piensa que porque sos interna sos suya. Que tu vida les pertenece. Te dicen que el trabajo es cuidar a la abuela, pero terminás limpiando, cocinando, paseando el perro y recogiendo su mierda en bolsitas, y todo por el mismo salario. Y si les decís algo, te recuerdan que no tenés papeles definitivos”.
El día más duro de su vida migrante ocurrió frente a un altar en Madrid: “Llegué a una misa llorando, con un cansancio mental, agobiada, triste toda yo”.
Una compatriota la escuchó y le dio ánimos, consejos y la contactó con la cooperativa La Comala, una organización sin ánimo de lucro fundada en Madrid en 2017 por mujeres migrantes, entre ellas nicaragüenses, para dignificar el trabajo doméstico y de cuidados.
Experiencia perturbadora
Allí Ana escuchó, por primera vez, a mujeres hablar abiertamente de sus derechos. Y allí conoció una de las historias que más la ha marcado: la de una joven de Boaco cuya experiencia había derivado en un trauma difícil de imaginar.
Según Ana, la muchacha cuidaba a un anciano con deterioro cognitivo severo.
“El señor se defecaba en los pañales, luego se embadurnaba las manos y manchaba paredes, mesas, el piso. Ella hacía todo lo posible por limpiarlo, por mantener el lugar decente, pero los hijos llegaban, veían el desastre y le gritaban que no cuidaba bien al papá”.
Ana relata que la joven trabajaba sin descanso, sin contrato, sin vacaciones, sin poder salir más que un sábado al mes y volver el domingo por la tarde al piso.
“Me decía ella que el piso (apartamento) apestaba tanto que ella sentía que el olor se le metía en la piel”. Después de semanas así, renunció. Pero la renuncia no le trajo el alivio que esperaba.
“Ella me contó —dice Ana— que después de irse seguía despertando con la sensación de que todo olía a mierda. Aunque ya no estuviera ahí. Era como si se hubiera quedado impregnada”.
La organización recibió a aquella joven y le ofreció terapia psicológica y orientación para buscar un trabajo más formal. Ahora habita en Murcia y trabaja en una fábrica de empacado de frutas.
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La esperanza en los papeles
El proceso de regularización que España abrirá este año podría convertirse en un punto de inflexión para miles de mujeres como Mercedes y Ana.
Por primera vez, ellas podrán acceder a un contrato formal y cotizar a la seguridad social, lo que les permitirá dejar atrás la fragilidad del empleo informal.
Tendrán la posibilidad real de cambiar de trabajo sin el temor permanente a quedarse en la calle, y podrán denunciar abusos sin miedo a las represalias y amenazas de deportación.
La regularización también les abrirá la puerta a la salud pública, a la formación profesional y a prestaciones que hasta ahora les han sido esquivas; les permitirá empadronarse sin depender de la voluntad de un empleador, y ofrecerá estabilidad a sus hijos en situación irregular.
“En las noticias todo se oye bonito, ojalá no sea un cuento chino”, dice Mercedes, la managüense que terminó perdida en una plaza de Barcelona por negarse a ceder a los caprichos de su empleador.
