CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Tres años después de haber salido de las cárceles de Nicaragua, montados en un avión con destino incierto y perder la nacionalidad y ser separados violentamente de sus familias, gran parte de los 222 desterrados del 9 de febrero de 2023 siguen inmersos en una pesadilla que parece no tener final.
El dirigente opositor nicaragüense Álex Hernández, uno de los 222 presos políticos expulsados de Nicaragua el 9 de febrero de 2023, recuerda su salida del país como una experiencia marcada por sentimientos contradictorios.
“Lo definí como una alegría agridulce, porque por un lado era imposible no sentir alivio o una alegría interna al saber que ya no estaba en una celda en Nicaragua. Pero, en el fondo, al mismo tiempo, yo sabía que salir tenía un precio bastante alto”, relata.
Hernández había pasado más de año y medio encarcelado y, durante ese tiempo, pensaba con frecuencia en regresar a su casa y reencontrarse con su familia en Catarina, su ciudad natal.
Imaginaba que, al recuperar la libertad, podría decidir por sí mismo qué hacer con su vida, incluso la posibilidad de salir del país si las circunstancias lo exigían.
Tres años sin abrazar a su madre
Sin embargo, la expulsión ocurrió sin previo aviso y sin que pudiera tomar ninguna decisión. “Lo que pasó en realidad fue tan grande que todavía ni siquiera lo termino de digerir”, afirma.
Uno de los aspectos que más le ha marcado es la forma abrupta en que ocurrió la salida.
“En mi caso, y en el de otros de los 222, yo no me despedí de mi familia. Tengo tres años de no abrazar a mi madre”, dice.
La ausencia de ese momento de despedida sigue siendo, para él, una de las heridas más profundas. A veces, comenta, encontrarse con alguien originario de Catarina le produce una emoción difícil de explicar, porque le acerca por un instante a su vida anterior.
En el exilio, Hernández ha intentado reconstruir su vida y alejarse de la política militante. Ha estudiado, completó una maestría y ha logrado cierta estabilidad material básica. Aun así, reconoce que la sensación de provisionalidad permanece. Dice que vive con la idea de que en cualquier momento podría regresar, como si su vida todavía estuviera en pausa.
Lea además: Vidas y desafíos de los desterrados por Ortega
Punto de inflexión
Desde su perspectiva, el destierro de los 222 marcó un punto de inflexión en la historia de la represión en Nicaragua.
Considera que no fue únicamente una expulsión física, sino también una forma de desarticular la vida política de los opositores, al dispersarlos y privarlos de las condiciones mínimas para organizarse.
Hernández también subraya que la realidad del exilio ha sido desigual. Algunos lograron estabilidad rápidamente, mientras otros enfrentaron mayores dificultades económicas o personales.
«Hubo quienes cayeron de pie el primer día, otros caímos de rodillas y algunos que todavía no han terminado de caer», dice.
Muchos llegaron prácticamente sin pertenencias y tuvieron que empezar desde cero, buscando empleo, vivienda y estabilidad en un entorno desconocido.
En su análisis, uno de los factores que dificultó la articulación política del grupo fue la persistencia de divisiones y “viejas prácticas” que ya existían antes de la cárcel.
A esto se sumaron las heridas emocionales y el trauma del encarcelamiento, que hicieron más difícil construir proyectos colectivos.
Al mismo tiempo, considera que hubo expectativas poco realistas sobre los excarcelados. Recuerda que, apenas un día después de llegar a Estados Unidos, ya había quienes les pedían retomar responsabilidades políticas, cuando muchos ni siquiera tenían resueltas sus necesidades básicas más inmediatas, como encontrar dónde vivir.
Para Hernández, la experiencia de los 222 refleja no solo la magnitud de la represión en Nicaragua, sino también los desafíos humanos, materiales y emocionales que implica reconstruir una vida después de la cárcel y el destierro.
Lea también: Destino: ¡Libertad! Crónica del vuelo del destierro
El mito de los “súper 222”
Para el sociólogo Óscar René Vargas, el destierro de los 222 fue muchas cosas a la vez: el mayor crimen de lesa humanidad masivo en la historia moderna de América Latina y un acto de brutalidad política sin precedentes en la región.
En su opinión, también se construyó un mito alrededor de ese hecho: la idea de que significaba un cambio en la política interna de Nicaragua, ya que, en medio de la alegría inicial de una parte de la población, muchos esperaban que de los desterrados salieran las respuestas a la crisis que desde 2018 vive el país bajo la dictadura.
En ese grupo iban intelectuales, empresarios, políticos, estudiantes, campesinos, periodistas, candidatos, sacerdotes, activistas, católicos y hasta miembros del partido sandinista.
Quienes pensaron que de los 222 iba a salir una oposición unida, según Vargas, calcularon mal.
“En muchos casos, y probablemente en la mayoría, lo único que tenían en común las personas de ese grupo era haber estado presas y haber viajado en el mismo avión, bajo la condición de desnacionalizados y desterrados”, dice.
Ni siquiera todos habían estado en la misma cárcel. Algunos estuvieron en La Modelo, otros en el Chipote y otros en estaciones de policía o en sistemas penitenciarios de distintos departamentos del país.
No se han vuelto a ver
La mayoría, explica Vargas, no se conocían entre sí.
“Existía un grupo relativamente grande, de unas 40 o 50 personas adultas con experiencia política y trayectoria pública, entre ellos periodistas, empresarios y dirigentes, que sí nos conocíamos. Pero el resto, la mayoría, jamás se habían visto la cara”, recuerda.
“Sabían algo unos de otros porque aparecían en las noticias tras haberse involucrado en las protestas de 2018, pero no existía una relación previa. Incluso después del aterrizaje en Estados Unidos, muchos no volvimos a encontrarnos”, señala.
Según Vargas, alrededor de 15 personas de aquellos 222 viven actualmente en Costa Rica, incluido él; otras 10, quizá menos, residen en Europa, principalmente en España, y otros se establecieron en México y Guatemala.
Uno fue deportado a Honduras; otro está detenido por ICE en Estados Unidos y dos murieron tras salir del destierro, entre ellos el empresario Michael Healy.
Para el sociólogo, era natural y previsible que los 222, al salir, se dispersaran por razones de sobrevivencia, adaptación y reacomodo personal.
Señala que muchos de ellos, probablemente la mayoría, optaron por mantener un perfil bajo.
“El objetivo principal era proteger a sus familias que permanecen en Nicaragua y, al mismo tiempo, gestionar sus propios procesos migratorios, ya que una prioridad central para los desterrados ha sido la reunificación familiar”, dice.
Puede interesarle: Servicio, bromas y principios: la vida de Juan Lorenzo Holmann
Después de esa primera etapa, describe Vargas, llegó el golpe de realidad: sobrevivir y adaptarse, buscar documentos, lograr estabilidad, elegir el lugar donde existen mejores opciones para rehacer la vida, reiniciar proyectos personales y, en muchos casos, comenzar a procesar o sanar los traumas derivados de la prisión y el destierro.
A esto se suma la complejidad del estatus migratorio en Estados Unidos.
Vargas explica que los 222 llegaron a Estados Unidos con parole humanitario y no con refugio, que es una figura migratoria distinta.
Eso implicaba atravesar procesos legales prolongados y desgastantes para regularizar la situación, un panorama que se volvió aún más incierto con el endurecimiento de las políticas migratorias durante el retorno de Donald Trump a la Presidencia.
En ese contexto, señala el sociólogo, la lucha por obtener documentos, reunir a la familia, sobrevivir económicamente y, en algunos casos, el desgaste y la desilusión con la política han llevado a muchos a tomar distancia, guardar silencio y reducir su exposición pública.
El propio Vargas decidió salir de Estados Unidos en 2024 y trasladarse a Costa Rica, al considerar que no logró adaptarse a la vida en ese país y que el escenario migratorio se volvería cada vez más restrictivo.
Su decisión, explica, formó parte de ese mismo proceso de reacomodo que han vivido muchos de los desterrados, marcado por la necesidad de encontrar condiciones más viables para rehacer la vida tras la expulsión forzada de Nicaragua.
Lea también: Los 222 excarcelados y desterrados políticos y el valor de la libertad
De EE. UU. a España
Samantha Jirón, exestudiante de la Universidad Centroamericana (UCA) y una de las 222 personas desterradas de Nicaragua en 2023, es una de las que eligió salir de Estados Unidos.
Ella explica que, a tres años de aquel hecho, la mayoría de los expulsados continúa viviendo en Estados Unidos en condición de solicitantes de asilo político y en incertidumbre por la difícil situación de los migrantes.
Según relata, muchos han sido impactados por las medidas migratorias adoptadas durante la nueva administración del presidente Donald Trump.
Señala que, hasta donde tiene conocimiento, solamente un caso de asilo ha sido resuelto, mientras que los demás, que constituyen la mayoría, continúan en espera dentro de procesos largos e inciertos.
Jirón también indica que más de un centenar de los desterrados han recibido la nacionalidad española, aunque no todos residen en España.
Explica que son apenas unos pocos, menos de una decena, quienes viven actualmente en territorio español con esa nacionalidad. Otros de sus conocidos se han establecido en México con nacionalidad mexicana, y algunos residen en Costa Rica tras haber obtenido también nacionalidad española.
En lo personal, Jirón se trasladó a vivir a España en septiembre de 2024 con el objetivo de continuar sus estudios universitarios.
Actualmente cursa la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.
Por ahora, su intención es establecerse en España, ya que considera que el hecho de contar con la nacionalidad le brinda oportunidades importantes, además de sentir una cercanía cultural que le ha facilitado su adaptación.
Lea además: Excarcelados políticos nicaragüenses sobreviven en EE. UU. recogiendo y vendiendo lo que otros tiran
Reflexiones desde Madrid
Sobre el resto de los desterrados, señala que la mayoría trata de sobrevivir el día a día en Estados Unidos, mientras que un grupo logró graduarse recientemente de una Maestría en Administración de Empresas en California.
Explica que algunos han optado por concentrarse en reconstruir sus vidas personales, mientras que otros continúan involucrados en actividades relacionadas con los derechos humanos y la promoción de la democracia, algo que, en su opinión, es válido en cualquiera de sus formas.
A tres años del destierro, Jirón considera que aquel episodio quedará registrado en la historia: cómo una dictadura destruyó la vida de 222 familias en un solo día.
A pesar de ello, Jirón asegura que el destierro y la desnacionalización no lograron diluir las convicciones de quienes fueron expulsados.
Interpreta aquella medida como un “castigo brutal”, orientado a desmoralizar y despojar de dignidad a los nicaragüenses en general, pero sostiene que ese objetivo de causar terror no se cumplió del todo.
Señala que ningún excarcelado o excarcelada se ha arrepentido de su posición o de sus ideales, ni ha pedido perdón; por el contrario, muchos continúan denunciando lo que ocurre en Nicaragua y exigiendo la libertad de los presos políticos.
No obstante, reconoce que sí existe desgaste. Explica que no es natural vivir en el exilio: implica sobrevivir como migrante, cargar con duelos, enfrentar la soledad y, en muchos casos, asumir la pérdida de lo que se tenía antes.
Arrojados al mundo
La expulsión de 222 presos políticos nicaragüenses la madrugada del 9 de febrero de 2023 fue el desenlace de un proceso iniciado años antes y cuyas consecuencias continúan marcando la vida de quienes fueron obligados a salir del país.
“Es como si una mano gigante nos hubiera tomado y arrojado al mundo para ver dónde y cómo caemos. Nadie sabía dónde terminaría”, dice Vargas.
Una parte importante de los detenidos había sido arrestada desde 2018, tras las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que dejaron más de 300 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos.
Otros fueron capturados en 2021, en la antesala de las elecciones presidenciales, cuando el Gobierno encarceló a siete aspirantes presidenciales, dirigentes políticos, periodistas, empresarios y antiguos militantes sandinistas.
Muchos permanecieron en el centro de detención conocido como el Chipote, en condiciones de aislamiento prolongado y con acceso restringido a familiares y abogados, hasta que la dictadura decidió enviarlos al destierro.
Lea también: Dictadura excarcela a 135 presos políticos y los destierra a Guatemala
Aquel lejano febrero
En la madrugada del 9 de febrero de 2023, los detenidos fueron trasladados en autobuses desde distintos centros penitenciarios hasta el Aeropuerto Internacional de Managua y embarcados en un avión con destino a Estados Unidos.
El operativo se ejecutó en menos de 12 horas, según el relato del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Mientras el avión volaba a Estados Unidos, la Asamblea Nacional al servicio de la dictadura aprobaba reformas legales y constitucionales para despojarlos de su nacionalidad, declararlos “traidores a la patria” y permitir la confiscación de sus bienes.
Posteriormente, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyó en 2024 que el destierro constituye un crimen de lesa humanidad, conforme al Estatuto de Roma, al tratarse de un desplazamiento forzoso sin fundamento en el derecho internacional.
Los 222 llegaron a Washington con permisos humanitarios temporales y comenzaron a enfrentar una etapa difícil de adaptación.
Muchos tuvieron que empezar desde cero, buscar empleo, resolver su situación migratoria y reorganizar sus vidas familiares.
Solo un grupo reducido, estimado entre 30 y 40 personas según cálculos de Vargas, logró mantener un papel más visible en la política vinculada a Nicaragua, mientras la mayoría se concentró en la reconstrucción personal y profesional.
Con el paso del tiempo, las trayectorias comenzaron a diferenciarse.
Algunos optaron por retomar estudios o capacitarse.
Cinco de los desterrados concluyeron en 2025 una maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Dominican University of California, dentro de un programa global iniciado en 2024.
Entre ellos se encontraba el abogado Moisés Astorga, quien había trabajado como asesor en la Corte Suprema de Justicia durante la presidencia de Alba Luz Ramos; Walter Gómez, exadministrador financiero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro; Alexis Peralta, contador público y excatedrático universitario; el dirigente opositor Álex Hernández; y Gabriel López, exauditor e hijo de la activista Andrea Margarita del Carmen.
Lea también: El vuelo de los 222 desterrados – La Prensa
Los caminos de la vida
Otros han seguido caminos distintos y antagónicos en cuanto a privilegios.
El dirigente campesino Medardo Mairena, uno de los líderes del movimiento campesino contra el proyecto del canal interoceánico, ha relatado públicamente que ha sobrevivido en empleos precarios en el exilio, mientras figuras como el economista Juan Sebastián Chamorro y el académico Félix Maradiaga, ambos excandidatos presidenciales, han continuado activos en la organización política y en iniciativas de incidencia internacional.
En el ámbito del periodismo y la empresa privada, varios retomaron gradualmente la actividad pública.
El comentarista Jaime Arellano, el cronista deportivo Miguel Mendoza, el periodista y excandidato presidencial Miguel Mora, así como el empresario Juan Lorenzo Holmann, gerente general del Diario LA PRENSA, han continuado participando en espacios de análisis, medios de comunicación e iniciativas vinculadas a la libertad de prensa.
Al mismo tiempo, otras figuras que habían tenido un perfil público relevante antes de su detención optaron por una vida más discreta.
Entre ellos se encuentra Arturo Cruz, académico, diplomático y excandidato presidencial detenido en 2021; Luis Rivas Anduray, banquero y exgerente general del Banco de la Producción (Banpro); Noel Vidaurre, abogado y excandidato presidencial del Partido Conservador en procesos electorales anteriores; y José Adán Aguerri, empresario que presidió durante más de una década el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
El exvocero de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios, también ha mantenido un perfil bajo, mientras que Marlon Sáenz, conocido en redes sociales como “Chino Enoc”, ha seguido participando activamente en debates políticos digitales, a menudo en medio de controversias.
No todos han logrado rehacer sus vidas. El empresario y dirigente gremial Michael Healy, expresidente del Cosep y representante del sector agroexportador, falleció en el exilio, al igual que Brayan Rogelio Cruz Calderón, uno de los presos políticos más jóvenes del grupo.
Antes del destierro, el general en retiro Hugo Torres, histórico comandante guerrillero que participó en acciones contra la dictadura somocista, murió en prisión en febrero de 2022, tras haber sido detenido en la misma oleada represiva.
Por su parte, el diplomático y exviceministro Víctor Hugo Tinoco, también excarcelado en 2023, ha evitado en gran medida las apariciones públicas tras salir de Estados Unidos a un país al sur.
Con el paso del tiempo, la dispersión geográfica, los problemas de salud, las dificultades económicas y las diferencias personales hicieron más difícil mantener la cohesión del grupo.
En 2024, cuando se cumplió el primer aniversario del destierro, menos de 80 de los 222 estuvieron en condiciones o dispuestos a reunirse. Un año después, en 2025, solo 60 lograron coincidir en una misa celebrada en Virginia, Estados Unidos, para recordar lo ocurrido y a quienes ya no estaban.
Unidos en el WhatsApp
La excomandante guerrillera y ex presa política, Dora María Téllez, una de las 222 personas desterradas de Nicaragua en febrero de 2023, sostiene que nunca existió una estructura organizada que diera seguimiento sistemático al grupo tras su expulsión.
Según relata, lo que ha predominado han sido redes informales de comunicación, principalmente grupos de WhatsApp organizados por afinidad: uno general, otro de mujeres y algunos entre quienes estuvieron recluidos en el Chipote, lo que refleja la dispersión geográfica y las diferentes trayectorias personales que han seguido desde entonces.
Téllez explica que la mayoría de los desterrados se estableció en Estados Unidos, mientras grupos menores se trasladaron a Europa, Costa Rica, México y otros países.
Sabe que varios han intentado reconstruir sus vidas a través del estudio o el trabajo, con más éxito que otros.
Menciona, por ejemplo, que algunos han completado programas académicos, como Lester Alemán en Sevilla o un grupo que cursó maestrías en una universidad de California, entre ellos Alex Hernández.
Otros, dice, han encontrado empleo en ferreterías, centros logísticos, organizaciones o empresas privadas, mientras que algunos casos han enfrentado dificultades legales y migratorias, incluyendo arrestos por autoridades migratorias estadounidenses.
Sobre su propia experiencia, Téllez señala que estuvo dos años trabajando en Universidades de Estados Unidos: Tulane, Harvard y Princeton.
Y luego se trasladó a Europa desde el año pasado, pero aun a distancia, sigue conectada con los asuntos de Nicaragua y con los medios de comunicación.
“Ahora lo que nos toca es seguir empujando para lograr que Nicaragua se abra a una transición democrática”, dice.
Explica que su trayectoria académica previa facilitó su inserción laboral en universidades estadounidenses, aunque subraya que ello implicó competir por puestos en igualdad de condiciones con otros candidatos.
Ella atestigua que muchos de los desterrados aun pagan las consecuencias de la ruptura y el destierro: la separación familiar, la barrera del idioma, la edad avanzada en algunos casos y la pérdida total de ingresos tras la confiscación de bienes y pensiones.
“Quienes pudieron hacer reunificación familiar, que fueron poquísimos, han mejorado su moral. El resto ha tenido esta pérdida de familia relevante que pesa mucho en el destierro y el exilio es siempre una condición sumamente difícil de enfrentar”, afirma.
Para Téllez, la dispersión y la falta de una organización común eran previsibles.
“Los 222 provenían de edades, profesiones y trayectorias políticas muy distintas; fueron expulsados de manera abrupta, sin recursos ni estructuras previas de apoyo, y debieron priorizar la sobrevivencia inmediata”, dice.
“Esa urgencia, sumada a la distancia geográfica y a las exigencias de adaptación, hizo difícil mantener cohesión como grupo”, reitera.
Aun así, concluye Tellez, persiste un elemento común en muchos: la experiencia del desarraigo y el compromiso de seguir trabajando, desde el exilio, para volver algún día a Nicaragua.
