En la sala de un pequeño apartamento, al sureste de Miami, en Florida, Estados Unidos, Armando Robles Alaniz y tres mujeres nicaragüenses sacan cuentas sobre los gastos de alquiler, servicios básicos y alimentos, para pagarlos en cuotas iguales. A partir del 9 de febrero de 2023, cuando fueron desterrados de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, surgió entre ellos un inesperado lazo de familia.
Robles, un comerciante que además era líder de la opositora Alianza Cívica en el departamento de Río San Juan, conversa con “Cristina”, “Juana” y “Alicia”, sus compañeras de apartamento. A diferencia de él, ellas prefieren reservar sus identidades para evitar represalias del régimen orteguista contra sus familiares en Nicaragua.
Viven entre el miedo y la búsqueda de soluciones a sus problemas cotidianos: el pago de 2,100 dólares mensuales —dividido entre cuatro— por el alquiler del apartamento, es uno de los asuntos inmediatos y prioritarios.
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Juana y Cristina se hablaron por primera vez en el avión que las llevó a Washington, en Estados Unidos.
—¿Has viajado en avión? –preguntó Cristina.
—No –respondió Juana.
—Entonces tratá de pensar en otra cosa.
Así comenzó su historia juntas, a la que se sumarían Robles y Alicia. Ellos cuatro son parte de los 222 presos políticos a los que el régimen de Ortega y Murillo despojó de la nacionalidad y desterró enviándolos a Estados Unidos. Un caso inédito de expulsión masiva en América Latina que provocó alarmas en la región sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Chocaron con otra realidad en la que el idioma era tan solo una dificultad. Hasta llenar los formularios de trámites migratorios que incluyeran a sus núcleos familiares, se volvió un laberinto no resuelto. Un motivo más de insomnio.
Robles, Cristina, Juana y Alicia ahora forman parte de la nutrida comunidad de nicaragüenses en Miami, un espacio donde luchan por sobrevivir miembros de este grupo con antiguos exiliados.
Son 18 excarcelados de conciencia quienes aceptaron contar sus historias tras el destierro, el 8 por ciento de los que fueron expulsados de Nicaragua, declarados traidores de la patria y confiscados por órdenes de Ortega. Trabajan en distintos sectores y la mayoría de veces son empleos temporales: limpieza de casas, pintura, construcción, floristerías, consultorías. Otros están desempleados.
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En otro sector de Miami, los también desterrados Néstor Eduardo Montealto Núñez y sus primos Ángel de Jesús y José Gadiel Sequeira Zamora, comparten una sola habitación en un apartamento. No fue el primer lugar donde estuvieron en febrero, pero están conscientes de su nueva realidad.
“Ahí nos acomodamos (para dormir) en colchonetas y colchones inflables”, cuenta Montealto. Reciben el apoyo de su prima Elvira —hermana de los Sequeira Zamora— y el esposo de ella, Hamilton Javier Sánchez Quiroz —excarcelado político de 2019— quienes huyeron antes de la represión de Ortega y residen en el mismo sitio.
Moisés Alfredo Leiva Chavarría tiene 26 años y una vida que se enfrentó a la represión de Ortega en Matagalpa, una ciudad al centro de Nicaragua, donde fue encarcelado dos veces a partir de 2018, hasta que finalmente fue desterrado en febrero de 2023 junto con los otros 221 presos políticos.
Antes de agosto de 2022, Sergio José Cárdenas Flores era reportero gráfico en TV Merced, un canal de televisión por cable de la Diócesis de Matagalpa. Fue parte del grupo —inicialmente de 11 personas— que, desde el 4 de agosto de 2022 estuvo en cautiverio junto con el obispo Rolando José Álvarez Lagos en la Residencia Episcopal de Matagalpa.
Álvarez finalmente fue trasladado a su casa en Managua tras un violento asalto policial el 19 de agosto de 2022. Mientras que Cárdenas, 3 sacerdotes, 1 diácono y 2 seminaristas fueron conducidos a la prisión de alta seguridad policial el Chipote, denunciado por organismos de derechos humanos como un centro de torturas.
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Cárdenas tiene problemas para caminar, por lesiones que sufrió en un accidente de tránsito en Matagalpa antes de ser secuestrado. Una dolencia con la que tuvo que lidiar mientras estuvo encarcelado. En su destierro, fue intervenido para quitarle unos clavos de la pierna izquierda y se recupera bajo el cuido de la Diócesis de Gaylord, en Michigan. No solo el pasado le preocupa, o su recuperación. Han aflorado una serie de traumas, como ocurre también con otros desterrados.
«No podía dormir. Era una cosa de que no dormía, me agarró ansiedad… era muy raro para mí ser alguien ansioso”.
Sergio Cárdenas, sobre sus primeros meses en el destierro
El insomnio también se apodera de Montealto, quien recibe asistencia psicológica cada 10 o 15 días. “Cuando estoy dormido se me vienen cosas como que estoy preso y eso, me cuesta dormir, me vengo durmiendo a las 2:00 o 3:00 de la mañana”, relata.
Montealto estuvo preso tres años y tres meses con sus primos, los Sequeira Zamora. Versiones periodísticas relatan que vivieron escenas de tortura como comer gusanos y excremento de ratas. Uno de ellos incluso pensó en suicidarse. Las condiciones eran tan crueles que Montealto improvisó una huelga de hambre zurciéndose los labios.
Al matagalpino Moisés Leiva, además de recordar su pasado en la cárcel, le preocupa su hermana Reyna Isabel, quien está encarcelada por supuestos cargos de transporte de marihuana, una acusación que considera falsa porque la atribuye a una represalia política contra él.
“Se la desquitan con ella, porque claro, a ella los funcionarios sí la reconocen como presa política, como hermana de Moisés Leiva”, dice el muchacho. También le preocupa su hermano adolescente de 16 años, quien fue víctima de una agresión policial cuando catearon la casa de su familia, cuando Leiva estaba encarcelado, un año antes del destierro.
El olor a carne asada invade un sector cercano a la Pequeña Habana donde destaca una fritanga nica. En ese local, uno de los comensales es un rostro conocido en Nicaragua: calvo, moreno, delgado y de bigote. Es Carlos Raúl Valle Guerrero, el padre de la estudiante Elsa Valle, también ex presa política.
Valle Guerrero tiene 65 años y estaba jubilado en Nicaragua. Además del destierro, el régimen de Ortega le quitó la pensión. Hoy enfrenta el desempleo y solo atina a conseguir trabajos ocasionales. Recientemente trabajó más de 40 horas en dos días con una compañía de eventos.
“Uno puede conseguir trabajo en construcción, pero qué voy a trabajar yo en eso, subirme a una escalera, me caigo de un segundo piso, me mato”.
Carlos Valle Guerrero, lamentando la dificultad de encontrar trabajo.
Casi todos han tenido que reiniciar sus vidas en oficios distintos a los que ejercían en Nicaragua. “Cristina”, una de las compañeras de apartamento de Armando Robles, e integrante de su “nueva familia”, estudió y se desempeñó siempre en Administración de Empresas y Contaduría Pública. Pero en Miami ha tenido que trabajar limpiando casas y ahora está desempleada. Las enfermedades crónicas que padece esta mujer de 59 años, incluidas diabetes y osteoporosis, se agravaron en la cárcel.
José Alcides Zeledón Úbeda, otro de los desterrados y quien vive en Portland, Oregón, también tiene un temor fundado de que el régimen tome represalias contra sus familiares en Nicaragua. Él era un próspero agricultor, dueño de negocio y ganadero en su natal Jinotega. Las vacas que criaba rompieron récords nacionales en producción varias veces. En 2017 en una feria en Estelí, su vaca “Calceta” produjo 83.5 litros de leche. Pero fue encarcelado dos veces desde 2018, hasta que también fue desterrado.
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“Hay muchas cosas que no puedo hablar, porque esa gente (el orteguismo en Nicaragua) vive ‘al tiro’ (muy pendiente) y realmente la familia está en peligro allá en Nicaragua. Lo tienen a uno de mano atada”, se disculpa Zeledón Úbeda y lo único a lo que se refiere abiertamente es al reto de conseguir empleo en su nueva realidad.
Como otros de los desterrados, el idioma es una barrera. En Oregón, donde vive Zeledón Úbeda, solo el 6.5 por ciento de la población habla español, según el Censo de los Estados Unidos del año 2020. Ese dato contrasta con otros sitios en Estados Unidos, donde el español es una realidad entre los migrantes como Miami, donde aproximadamente el 70 por ciento de la población es hispanohablante.
Rusia Evelyn Pinto Centeno es una reconocida defensora de derechos humanos. Tiene 64 años y por su activismo en defensa de la niñez y comunidades indígenas, estuvo presa 460 días, entre el 6 de noviembre de 2021 hasta el destierro, el 9 de febrero. Está desempleada, y señala que, “para los que tuvimos la suerte de tener familiares aquí en Estados Unidos, nos ha sido más fácil lidiar con el duelo de la pérdida de la nacionalidad y el destierro”.
He lidiado con la pérdida de mi hogar, de mis cosas, de mi vida pasada y eso es lo que me ha dolido y todavía sigo procesando”.
Rusia Evelyn Pinto Centeno, desterrada
Félix Alejandro Maradiaga Blandón, es de Matagalpa. Era un niño cuando tuvo que emigrar durante el primer régimen de Daniel Ortega en la década de los 80 y posteriormente pudo estudiar postgrados en Estados Unidos. Integró la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Fue uno de los precandidatos presidenciales que Ortega se quitó del camino encarcelándolos. Recuerda los 611 días que pasó encerrado, sin acceso a luz solar y a ningún tipo de lectura. Ni siquiera una Biblia le permitieron.
Sin embargo, admite que “mi caso no es ilustrativo de la difícil situación” que enfrenta la mayoría de los 222 desterrados. Tras el destierro, Maradiaga ha podido retomar las actividades en consultorías estratégicas, pero también ha viajado a distintos foros alzando la voz por los presos políticos que quedan en las cárceles de Nicaragua.
Juan Lorenzo Holmann Chamorro es sobrino de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el director mártir de LA PRENSA, asesinado el 10 de enero de 1978 en el final de la dictadura de los Somoza. Durante su vida, el periodista mantuvo el ideario de la defensa de las libertades públicas en un ambiente marcado por la persecución política y la violencia estatal.
Holmann Chamorro es el actual gerente del mismo periódico que tiene ya 97 años y a lo largo de su historia ha enfrentado a las dictaduras somocista y sandinista. El 14 de agosto de 2021 Holmann fue arrestado arbitrariamente luego que un dispositivo policial se tomó las instalaciones del diario más antiguo de Nicaragua.
La familia directa de Holmann sufrió persecución. Sus primos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios también fueron encarcelados. Enfrentaron procesos fabricados por la Fiscalía. La madre de Holmann fue sujeto de vejaciones cuando intentó visitarlo. En octubre de 2021, mientras seguía secuestrado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa al gerente del diario confiscado.
A pesar de que estudió en Estados Unidos, habla inglés y conoce la idiosincrasia de ese país al que también viajaba con frecuencia por negocios o vacaciones, acepta que “es difícil adaptarse” a un país que no es el suyo.
“Siempre pienso en las personas que venían con nosotros, que no tienen esas herramientas que algunos otros tenemos (para superar) la barrera del idioma y eso”, dice Holmann, quien debe enfrentar el reto, todos los días, de mantener estable un diario que el régimen, sin éxito, se ha empeñado en destruir.
Él mismo asegura que está buscando otras opciones para complementar su salario, que es menor a lo que percibía antes, debido a la crisis provocada por el régimen de Ortega.
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“(LA PRENSA) no está en capacidad de pagarme lo suficiente para poder vivir en este país, en las condiciones que este país te da, y estoy buscando otras opciones para hacer, paralelas a mi labor de defensa de la libertad de expresión en Nicaragua y en América”, señala Holmann, quien participó en un evento de la SIP en julio reciente.
Todos los días, el exreo de conciencia Armando Robles Alaniz, toma el transporte público de Miami para ir a su trabajo en una floristería. Tarda tres horas en llegar.
A su memoria regresan los detalles del día del destierro. Iba con chinelas, un pantalón corto y una camiseta que ni siquiera le quedaban. Una indumentaria que “la guardia” —como llama a la Policía orteguista— lo obligó a usar cuando lo sacaron de la cárcel.
“Hospedado como cualquier exiliado”
La Parroquia Santa Agatha, al suroeste de Miami, es un punto donde converge la comunidad nicaragüense. Cada domingo, exiliados nicas llegan a escuchar las palabras de consuelo y esperanza de monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, quien salió de Nicaragua en 2019, por recomendación del papa Francisco, tras las amenazas de fanáticos del orteguismo.
Báez en las misas que preside siempre pide por la liberación del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Ambos han sido de las voces más valientes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua al denunciar los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en el país.
Al lado de Báez se encuentra el sacerdote Edwin Román, otro de los religiosos exiliados por la persecución contra la Iglesia católica. El 3 de agosto cumple dos años en Miami. Quien lo ve circunspecto en el oficio religioso no se imagina que sorteó balas y arriesgó su vida para defender a las víctimas de la represión en su natal Masaya.
Antes de radicarse en Estados Unidos, fueron públicas las imágenes del asedio de la Policía a las puertas de la Parroquia San Miguel Arcángel, donde el padre Román sigue siendo párroco. En esos videos que circulan en las redes sociales el sacerdote intenta que la Policía permita a los feligreses participar en una misa. Los oficiales lucen imperturbables y acatan las órdenes de represión.
Años después, la Parroquia Santa Agatha bulle. Báez se abre paso entre feligreses que llegan a exponerle sus puntos de vista sobre Nicaragua. Le piden palabras de aliento. Muchos se acercan también al padre Román. Les piden tomarse fotos con ellos.
Báez y Román fueron despojados de su nacionalidad el 15 de febrero de 2023 como parte de un grupo de 94 ciudadanos a los que el régimen de Ortega y Murillo castigó. Ellos se suman a los 222 presos políticos desterrados 5 días antes.
Si están en la Parroquia Santa Agatha es porque cuentan con la anuencia del padre Marcos Somarriba y una licencia del arzobispo de Miami, monseñor Thomas Gerard Wenski.
El padre Román admite que no se ha establecido totalmente, que algunos fieles le apoyan para su manutención, porque “no estoy asignado a ninguna parroquia, simplemente estoy aquí hospedado como cualquier exiliado, con la buena voluntad del padre Marcos Somarriba que me da techo y comida y le ayudo en algunas misas. No tengo salario, no estoy asignado a esta linda parroquia”.
Desterrados sin reunificación familiar
Otro de los grandes problemas que enfrentan los desterrados es el reencuentro con sus familias, que depende de la autorización que, especialmente en casos de menores de edad, el régimen de Ortega y Murillo tiene que dar para que salgan del país.
Carlos Raúl Valle Guerrero dice que entre los desterrados han hecho un censo y “hay 27 hermanos que no han podido conseguir un patrocinador para traer a sus familiares… y lo más difícil para los 222 es la reunificación familiar”.
Sergio Cárdenas, el reportero gráfico de la Diócesis de Matagalpa, no ha podido reunirse con su esposa e hija, mientras sigue recuperándose de las dolencias en la pierna.
Al menos 27 sin reunirse con familiares
Valle tuvo una experiencia distinta. Su esposa y 4 hijos estaban en Estados Unidos cuando él fue desterrado el 9 de febrero. A través del parole logró llevar a otros tres hijos, pero aún quedan dos en Nicaragua.
Aunque el gerente de LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann, pudo reencontrarse con su familia, cada vez que conversa con funcionarios influyentes en Estados Unidos, trata de concienciarlos sobre la situación en la que se encuentran los demás desterrados y sus familias, lo que él considera prioritario.
Dos de las mujeres con las que Armando Robles comparte apartamento en Miami, “Juana” y “Alicia”, sueñan con poder reencontrarse con sus familiares. En el primer caso, ella logró reunirse con su hijo mayor, pero en Nicaragua siguen su esposo y un hijo de 13 años.
Alicia lamenta un escenario que ve cuesta arriba para poder encontrarse con sus tres hijos. Necesita que ellos tengan pasaporte. “Dicen que tengo que mandar una carta-poder, ir a la Embajada (de Nicaragua), pero no le veo nada lógico (…) si voy a ir a gastar mi tiempo y voy a gastar mi dinero, porque al dar mi nombre y mi apellido me van a negar todo”.
