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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó al embajador Sergio Farré Salva y su número dos, Miguel Mahiques Núñez, de “actividades incompatibles con su estatus”, para justificar su expulsión el domingo, revelaron fuentes diplomáticas a la prensa española.
Ortega no solo descabezó a la sede diplomática española en Managua, que quedó en manos del encargado de negocios, sino que echó a cinco españoles del área de cooperación que fueron “detenidas y expulsadas”, de acuerdo con el diario The Objective.
Con “actividades incompatibles con su estatus”, los medios se refieren a que el diplomático estableció contacto con «grupos que no son afines a Ortega», afirmó ABC, por ejemplo, que dijo además que el embajador llevó a Mahiques a estas reuniones y eso motivó que ordenaran también su salida del país.
No se ha identificado a qué grupos se refieren con eso de «no afines», pero las fuentes consultadas por ese diario español indican que la única intención del diplomático era “tender puentes”. Oficialmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España no se ha pronunciado sobre este punto en particular, aunque sí calificó el lunes de “injusta” la decisión del ejecutivo de Nicaragua.
LA PRENSA escribió un correo a Exteriores para ahondar en el posicionamiento sobre el tema, pero no respondieron hasta ahora.
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El día de su expulsión, Farré Salva cumplió 23 días en el cargo desde que el “co-canciller” Valdrack Jaenstchke le recibió las cartas credenciales en Managua. El embajador es un diplomático de carrera con 21 años de experiencia.
La medida del régimen nicaragüense fue respondida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, que aplicó “reciprocidad” y expulsó al embajador nicaragüense Maurizio Gelli y también a otro funcionario que no identificaron.
Una crisis suscitada por el régimen de Ortega
Aunque públicamente no se haya dado un pronunciamiento de ningún funcionario de España, ni de Nicaragua, lo ocurrido es un nuevo capítulo de las tensiones que han marcado en los últimos años las relaciones diplomáticas de ambos países.
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En 2026, la dictadura de Ortega cumple 19 años en el poder con estricto control de las libertades y teniendo bajo dominio a todos los poderes del Estado, que son coordinados por el Poder Ejecutivo desde febrero de 2025.
Durante estos años de crisis, España ha sido solidaria con las víctimas de la represión, ha ofrecido y dado la nacionalidad a quienes la dictadura de Ortega se las arrebató, y también ha recibido a centenares de refugiados. La expulsión seguía provocando rechazo entre fuentes consultadas por LA PRENSA.
El poder en Nicaragua lo ejercen el dictador y su esposa Rosario Murillo, quienes son llamados ahora “copresidentes”. La represión desatada en 2018 contra manifestantes provocó una de las crisis de derechos humanos más graves de la región. En el contexto de las protestas murieron 355 personas, según registros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa, quien ejerció entre 1997 y 2002, sostuvo que España no se quedará con los brazos cruzados y explicó que este país es el “puente político” entre la Unión Europea en su totalidad y América Latina.
