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Una de las preguntas más persistentes entre los nicaragüenses en el exilio no es solo cuándo terminará la dictadura, sino si sus responsables enfrentarán alguna vez la justicia. A la luz de los informes de Naciones Unidas, las acciones judiciales en Argentina y las resoluciones de la OEA, la interrogante ya no es si existen pruebas, sino si el sistema internacional está dispuesto a convertirlas en procesos judiciales reales.
La respuesta, como ocurre con casi todo en política internacional, se mueve en una zona incómoda entre el derecho y la voluntad política.
Evidencia ya existe: el debate no es jurídico
Desde 2018, los crímenes del régimen Ortega-Murillo han sido documentados de manera exhaustiva. Los informes del Grupo de Expertos de la ONU no solo describen patrones de represión sistemática, sino que identifican responsabilidades, cadenas de mando y tipificaciones claras de crímenes de lesa humanidad. La OEA, por su parte, ha concluido que en Nicaragua no existe Estado de derecho ni condiciones mínimas para la rendición de cuentas internas.
En términos estrictamente legales, el caso está construido. No se trata de denuncias genéricas ni de informes políticos: se trata de documentación acumulada bajo estándares internacionales, comparable a la utilizada en procesos judiciales en otros contextos.
Por tanto, la pregunta central ya no es si hay base jurídica. La hay. El verdadero dilema es dónde, cuándo y bajo qué condiciones políticas esa justicia puede materializarse.
La Corte Penal Internacional: una puerta entreabierta
La Corte Penal Internacional representa, en teoría, el máximo instrumento para juzgar crímenes de lesa humanidad. En la práctica, Nicaragua no es Estado parte del Estatuto de Roma, lo que limita severamente la jurisdicción de la CPI. Sin una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU —altamente improbable por vetos geopolíticos— o un cambio de posición del propio Estado nicaragüense, esta vía permanece bloqueada.
Esto no significa que la CPI sea irrelevante, sino que su activación depende más de cambios políticos que de avances jurídicos. En escenarios de transición o colapso del régimen, esta puerta podría abrirse. Pero mientras Ortega y Murillo mantengan el control del poder, la CPI seguirá siendo una posibilidad lejana.
Argentina y la jurisdicción universal: la grieta en el muro de la impunidad
Donde sí se ha producido un quiebre concreto es en la justicia argentina. La apertura de una causa penal por crímenes de lesa humanidad contra los principales responsables del régimen marca un punto de inflexión. No porque garantice arrestos inmediatos, sino porque rompe la idea de que la impunidad está garantizada mientras se conserve el poder interno.
La jurisdicción universal envía un mensaje claro: los crímenes más graves no prescriben ni quedan confinados a las fronteras nacionales. A partir de este precedente, otros países podrían seguir el mismo camino, especialmente aquellos con marcos legales similares y tradición en derechos humanos.
Esto introduce un elemento nuevo y profundamente incómodo para la cúpula del régimen: la pérdida de libertad de movimiento. Cada viaje internacional se convierte en un riesgo. Cada salida del país, en una posible detención.
Justicia lenta, pero acumulativa
La justicia internacional no es rápida ni espectacular. No opera con la lógica de la inmediatez, sino con la de la acumulación. Durante años, muchos responsables de crímenes atroces parecieron intocables, hasta que dejaron de serlo. La historia reciente demuestra que los procesos de rendición de cuentas suelen activarse cuando los regímenes pierden cohesión o respaldo internacional, no cuando están en su punto más represivo.
En ese sentido, Nicaragua se encuentra en una fase temprana, pero real de ese camino. No hay juicios inmediatos a la vista, pero sí condiciones objetivas para que estos ocurran en el mediano plazo, especialmente fuera del país.
Más que castigo, una advertencia
Para el pueblo nicaragüense, la justicia internacional no es solo una aspiración moral. Es una señal de que el sufrimiento documentado no ha sido en vano. Para los perpetradores, es una advertencia: el poder puede garantizar impunidad temporal, pero no perpetua.
La dictadura de Nicaragua no solo enfrenta un desgaste interno y un aislamiento geopolítico creciente. En paralelo, se va cerrando el cerco de la responsabilidad penal internacional. No con estruendo, sino con persistencia.
Una conclusión incómoda, pero realista
¿Serán juzgados Ortega, Murillo y los principales cabecillas del régimen? La respuesta honesta es que no es inevitable, pero sí es posible, y cada año lo es un poco más.
La justicia internacional avanza cuando confluyen tres factores: evidencia, memoria y oportunidad política. Los dos primeros ya existen. El tercero aún no, pero la historia demuestra que los regímenes autoritarios rara vez controlan el momento de su desenlace.
Cuando ese momento llegue, la pregunta ya no será si hubo crímenes, sino quiénes deberán responder por ellos.
El autor es ingeniero agrónomo con especialidad en Desarrollo Rural y Biotecnología. Actualmente reside en Canadá en condición de exilio. Escribe desde la experiencia cívica y el compromiso con la democracia, los derechos humanos y el futuro institucional de Nicaragua.
