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Tras meses de mantenerla descabeza, la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo juramentó de manera relámpago y en menos de una semana a seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que a criterio de especialistas se trataría de una movida con doble objetivo: distraer la opinión internacional y garantizar el control total de Murillo en ese poder del Estado ante un posible deceso de Ortega, ya de 80 años.
«Varias cosas están pasando» a nivel internacional«que tienen que ver con los ajustes que ellos están haciendo; sienten que el tema de la relación con Estados Unidos se les puede descomponer mucho más de lo que está», dijo a LA PRENSA Eliseo Núñez, analista político y exdiputado nicaragüense.
Una investigación elaborada por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su siglas en inglés) fue publicada en octubre, exponiendo el deplorable estado de los derechos laborales y las normas democráticas en Nicaragua. Recomendaba dicha Oficina expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio que mantiene con Estados Unidos y el resto de Centroamérica, como también imponer aranceles de hasta el 100% sobre productos nicaragüenses.
Sin embargo los analistas dicen que los cambios son «cosméticos». Los nuevos magistrados impuestos por la dictadura están señalados internacionalmente de ser cómplices de crímenes de lesa humanidad. De hecho, lo que Octavio Rothschuh, Ernesto Rodríguez, Ana Julia Guido y Rosa Solís Dávila tienen en común, además de las sanciones de Estados Unidos, es su lealtad a la dictadura y su voluntad de colaborar con el proyecto de continuidad de la familia Ortega-Murillo.
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Un descabezamiento en su fase final
Antes de llegar a la coyuntura actual, el régimen inició una reestructuración de la CSJ como parte de un esfuerzo de consolidación de lealtades, presuntamente iniciada por Murillo pero con el beneplácito de Ortega tan pronto como 2023, cuando la magistrada Alba Luz Ramos fue removida de su cargo de facto, aunque de jure figure todavía en la nómina de la institución.
La purga habría desplazado a entre 900 y 1,600 funcionarios, dependiendo del estimado consultado, muchos de ellos leales a la dictadura.
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El rol de EE.UU.
Núñez valora que el panorama se ha complicado más en Nicaragua e indica que detrás de la reestructuración actual de la Corte Suprema de Justicia y de su urgencia, está la presión que la administración del presidente Donald Trump ha impuesto sobre la dictadura aliada de Nicolás Maduro en Venezuela.
Con ello en mente, considera el experto, es que la dictadura consintió «liberar» a un grupo de presos políticos, a quienes mantiene en casa por cárcel. La liberación se ha dado en las últimas semanas.
Núñez explica que también en la movida actual está ligada «a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que había que reforzar el Estado de Derecho porque encontraba debilidades en él».
«Es toda una estrategia de ellos para encontrar algún tipo de punto medio que les permita quedarse ellos en el poder indefinidamente pero que la comunidad internacional no aplique con fuerza las herramientas que ellos están viendo que puede aplicar, que son el tratado comercial por parte de Estados Unidos y (la negativa a prestar) del FMI», apuntó.
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Exfuncionario del Poder Judicial:
Aunque faltan algunos magistrados por nombrar, una alta fuente ligada al Poder Judicial (declarando bajo anonimato por motivos de seguridad), dijo a LA PRENSA que en los cambios cosméticos actuales se espera que «se haga oficial la destitución de Alba Luz Ramos», actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
La fuente dijo que todos los magistrados «serán sandinista», eliminando los últimos vestigios liberales que quedaban en teoría, como Manuel Martínez Sevilla.
«La corte ya dejó de ser Poder del Estado con la reforma constitucional; pasó a ser un órgano de la presidencia. Acuérdate de la última reforma: le cambiaron el nombre de Poder del Estado a órgano. Entonces ya no es como antes. Ahora es un órgano de la co-presidencia. Pero hay que estar pendiente de los últimos nombramientos».
«Eso va a reflejar cómo va la relación de poder en términos de la sucesión. Rosario ya va avanzando rápidamente en la cuestión de poder a la hora de la sucesión. Pero hay que estar atentos», añadió la fuente.
Buscarán más leales
Los analistas apuntan a que el régimen buscará en la coyuntura actual individuos más leales todavía. En ese sentido, Núñez no encuentra mucha diferencia entre los nuevos y los viejos magistrados, considerando a ambos «represores».
Yader Morazán, otro exfuncionario del Poder Judicial, subraya a LA PRENSA lo ve distinto. «Ellos (los nuevos magistrados) son el instrumento que le faltaba a ese engranaje en donde ya no existe un órgano del Estado con autonomía, independencia, ni siquiera financiera. Entonces son un peligro por la instrumentalización del aparato judicial», sentencia Morazán.
«Los magistrados anteriores que eran complacientes, al menos habían hecho carrera judicial».
Uriel Pineda, jurista experto en derechos humanos, coincide por separado con Morazán y Núñez en que estos ascensos «son una nueva etapa» que refleja el declive del régimen.
«Esto es la configuración de Rosario Murillo de la Corte Suprema Justicia; y también coincide con la liberación de presos políticos. Busca despresurizar la presión internacional del régimen. Se busca mostrar como un gesto de buena fe, más aún con el tema de Venezuela», concluyó Pineda.
