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La Junta Directiva de la Asamblea Nacional juramentó este jueves 27 de noviembre a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que la pareja de dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, «propusieron» esta misma semana ante el Parlamento para integrar el máximo tribunal, nueve meses después de la entrada en vigor de la nueva Constitución sandinista. Tres de ellos han sido cuestionados por abusos de derechos humanos.
No hubo una transmisión en vivo en el canal parlamentario como en otras ocasiones. En ese medio, únicamente se mostró una sesión solemne en solidaridad con Palestina. Fue a través de un mensaje en la red social de X que pudo completarse la escena: magistrados sonrientes, la bandera del FSLN y el presidente de la Asamblea Nacional operando como maestro de ceremonia.
En el centro figuran los magistrados Ana Julia Guido Ochoa, Shura Bonilyn Welcome Crawford, José Manuel Fuertes Toledo, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino, designados por Ortega y Murillo, y al servicio de su poder totalitario.
La decisión legislativa culmina la reconfiguración total del sistema de justicia para adecuarlo a la arquitectura de poder diseñada por la nueva Constitución sandinista, que subordinó todos los órganos del Estado al Ejecutivo. Murillo celebró de manera discreta el miércoles, cuando anunció los nombramientos en su alocución. «Ahora son magistrados de la Corte Suprema de Justicia», dijo. Una decisión que ha sido cuestionada por distintos sectores.
«Esto es muy ofensivo para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. (A los nuevos magistrados) Se les recompensa por su lealtad a la dictadura. Esto solo refuerza la idea de que el régimen autoritario mantiene a todas las personas bajo control y sin libertad. Eso se llama totalitarismo», sostuvo Paulo Abrāo, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en declaraciones a LA PRENSA.
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Magistrados señalados por la ONU
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Los magistrados fueron ratificados en un procedimiento exprés por una comisión parlamentaria controlada por el Frente Sandinista. La Asamblea, en términos generales, cumplió con el guion del Ejecutivo. El dictamen afirmó que los candidatos no presentaban inhabilidades, a pesar de las sanciones internacionales y los señalamientos documentados por organismos de derechos humanos.
Entre los ascendidos se encuentra la ex fiscal general Ana Julia Guido, sancionada por Estados Unidos en 2020 por la fabricación de causas judiciales contra opositores. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), documentó que recibía instrucciones directas de Ortega y Murillo, o a través del asesor Néstor Moncada Lau, el asesor presidencial para temas de seguridad.
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También fueron premiados los magistrados de Apelaciones, Ernesto Rodríguez y Octavio Rothschuh, sancionados en 2023 por ejecutar el despojo masivo de la nacionalidad a centenares de opositores. Según el GHREN, ambos garantizaron la fabricación de casos y la privación arbitraria de la nacionalidad y de los bienes de cientos de críticos del régimen.
