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La Asamblea Nacional aceptó la renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Armando Juárez y la propuesta de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo para nombrar en el cargo a Rosa Argentina Solís Dávila, ex magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), y sancionada por Estados Unidos el 19 de julio de 2023.
Según la renuncia de Juárez, su decisión responde a su proceso de jubilación, después de permanecer en el cargo desde 2014. La iniciativa para nombrar a Solís Dávila fue introducida por el mismo jerarca del Parlamento, el sandinista Gustavo Porras Cortes.
La nueva magistrada tiene vínculos sólidos con el FSLN. Murillo dijo en 2019, al darle las condolencias por el fallecimiento de su progenitora, que pertenecía a una familia «legendaria». Solís fue hija de Aura Donatila Dávila, extrabajadora del sector salud y una colaboradora histórica de ese partido que falleció a los 81 años. Pero también fue nieta de Aurora Dávila, quien recibió la orden Carlos Fonseca y Augusto Sandino.
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Solís fue incluida en la «Lista Engel» al ser señalada por Estados Unidos el 19 de julio de 2023, de socavar los procesos e instituciones democráticas al utilizar al TAM para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de los Ortega Murillo y despojar de la nacionalidad a opositores.
Fue nombrada Magistrada de Apelaciones en 2018, ocupó el cargo de magistrada de la Sala Penal 1 de Managua. De hecho, ella fue una de las que confirmó en mayo de 2022 la sentencia declarando culpable por el delito de conspiración a las activistas Tamara Dávila y Violeta Granera; a los exaspirantes presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz. Pero también al opositor José Pallais y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri.
Hasta el momento, aun conservan sus cargos los magistrados Marvin Aguilar, Gerardo Arce Castaño y Alba Luz Ramos, aunque esta última fue despojada de su cargo desde 2023. Fuentes cercanas aseguran que en las próximas horas los magistrados que aun quedan en sus cargos podrían renunciar.
Támara Dávila: «Nadie tiene seguro su lugar» en el régimen
Dávila estuvo presa 607 días, entre el 12 de junio de 2021 y el 9 de febrero de 2023. «No importa a quien pongan, o quien «renuncie», o lo obedientes que sean, lo que importa acá es que nadie vinculado al régimen tiene seguro su lugar, ni siquiera haciendo lo que el régimen ordene. Lo único seguro, es que el régimen prescindirá de ellos, cuando ya no los necesite», afirmó al conocer el nuevo cambio en la CSJ.
La propuesta de nombramiento de Solís Dávila, se conoce un día después que la Asamblea nombró a otros cinco magistrados leales al servicio de la familia Ortega Murillo, de los cuales tres tienen antecedentes también de violaciones a derechos humanos.
Según la Constitución, vigente desde febrero, los poderes del Estado no son independientes, incluido el judicial y son coordinados por el Ejecutivo. Este es dirigido por Ortega y Murillo que, además de esposos, son «copresidentes», es decir tienen el mismo nivel jerárquico en su estado totalitario.
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Los antecedentes de Armando Juárez
Fue electo magistrado el 10 de abril de 2014 por la Asamblea Nacional controlada por el FSLN, tras haber ejercido como fiscal electoral, un rol clave para los intereses del oficialismo en procesos electorales, aunque él mismo se describía como «apolítico«. Además, es señalado de perseguir a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo al Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), organización a la que ordenó allanar en 2008, mientras se desempeñaba como fiscal.
Según fuentes periodísticas, Juárez es familiar del temido operador político Lenin Cerna, exjefe de la temida Dirección General de la Seguridad del Estado, cuyos agentes fueron señalados de abusos de derechos humanos en los años ochenta. Por su cercanía a Ortega y su capacidad conspirativa llegó a ser secretario de organización del FSLN, del que salió tras fricciones con Rosario Murillo.
Previo a su llegada al máximo tribunal, Juárez trabajó en el Ministerio Público como fiscal electoral, función desde la cual actuaba directamente en coordinación con el Consejo Supremo Electoral (CSE). Desde ese cargo fue señalado por organizaciones de derechos humanos de falta de independencia y de favorecer decisiones del CSE que consolidaron el control político del FSLN sobre el sistema electoral.
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Ya en la CSJ, Juárez fue magistrado coordinador de la Circunscripción Judicial del Caribe Norte, participando en giras administrativas y actividades de fortalecimiento institucional que sirvió para extender el modelo de justicia subordinada al Ejecutivo en las regiones del país.
