Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo prometieron a la Oficina Internacional de Policía Criminal (Interpol) que respetarán su inmunidad, como suele ocurrir en otros países con las entidades internacionales. Sin embargo, el régimen asaltó y confiscó la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2022, cuando acusó a ese organismo de ser un instrumento de Estados Unidos.
En esta ocasión, el régimen otorgó plenos poderes a Tatiana Daniela García Silva, embajadora de la dictadura en Turquía, para suscribir el «Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades de la OIPC-Interpol» en el marco de la 93 Asamblea General de la instancia internacional, que se celebrará del 24 al 27 de noviembre de este año en Marrakech, Marruecos.
La firma del acuerdo con la Oficina Internacional de Policía Criminal (Interpol) ocurrirá dos meses después de que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), publicó un informe en el que señaló que la dictadura de los Ortega Murillo abusa de los sistemas de Interpol para perseguir a opositores en el exterior.
Según el Acuerdo Presidencial 188-2025, publicado hoy en La Gaceta, Diario Oficial, la certificación del acuerdo —firmada por Ortega y Murillo el 17 de noviembre— «es suficiente para acreditar la facultad de la compañera Tatiana Daniela García Silva para actuar en representación del gobierno».
Ortega y Murillo nombraron a García Silva embajadora de la dictadura en Turquía el 12 de marzo de 2024, once meses después de destituirla de ese mismo cargo. Antes de su salida en 2023, también ejercía como embajadora concurrente ante la República Eslovaca.
El antecedente del asalto a la OEA
La versión final del acuerdo aún no está definida. Surgió en la Asamblea General de Interpol en 2022 en Nueva Delhi, en el marco del centenario de la organización, cuando los países establecieron la necesidad de disponer de un acuerdo general sobre los privilegios e inmunidades de Interpol para garantizar la independencia de la organización y su funcionamiento en los países miembros.
En 2024 se realizaron tres rondas consultivas para ajustar el proyecto de texto del acuerdo a los requisitos de los países miembros y así alcanzar una aceptación amplia.
Según la Resolución 1 (GA-2024-92-RES-01) de la Asamblea del año pasado, el documento contemplará además la inviolabilidad de oficinas.
De acuerdo con los documentos preliminares, el acuerdo será una especie de «convención marco de inmunidades e independencia para Interpol», equivalente a la que tienen la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte Penal Internacional y la Unión Europea. Estos acuerdos establecen inviolabilidad de locales, oficinas, archivos, correspondencia; inmunidad para funcionarios; privilegios para delegados; exenciones fiscales; protección de misiones y de operaciones especiales, entre otros.
Pese a esto, la dictadura no respeta los marcos normativos internacionales, como el de la OEA, y en abril de 2022 ordenó el asalto y la confiscación de su sede en Managua. En la sede robada incluso edificaron un supuesto «museo de la infamia», mientras Rosario Murillo calificó en ese momento al organismo como «un ministerio de colonias».
«Son cláusulas generales sobre el respeto a la libertad e inmunidad de los funcionarios de Interpol que visiten un país extranjero. Es más o menos como el trato que reciben los diplomáticos», dijo a LA PRENSA un exfuncionario de Interpol consultado bajo condición de anonimato.
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«Creativos» para hostigar a los opositores
Los expertos de la ONU señalaron en septiembre que la dictadura de Nicaragua hace uso indebido de las alertas de Interpol al circular a opositores, y que además instrumentaliza la base de datos SLTD (Documentos de viaje robados o perdidos, por sus siglas en inglés) de la Organización Internacional de la Policía Criminal, una medida que especialistas valoran como «sin precedentes».
El informe del GHREN, presentado el 23 de septiembre en el marco del 60 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indicó que las autoridades migratorias de terceros países detuvieron a las víctimas al cruzar fronteras. Algunas lograron continuar sus viajes tras mostrar documentos alternativos, como pasaportes de otros países, o gracias a la comprensión de funcionarios.
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Un exfuncionario de Interpol consideró, bajo condición de anonimato, que es altamente probable que el régimen utilice esta maniobra SLTDF, pues a diferencia de las alertas rojas de Interpol, que pasan por varios filtros, las denuncias de pérdidas de pasaportes se activan únicamente con la declaración de un Estado.
«La base de datos SLTD sobre documentos robados o perdidos, es posible que la utilicen porque con solo la declaración del Estado de que ese documento fue robado se incluye en la base de datos. Nunca escuché algo semejante, son creativos», dijo el especialista.
