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La historia de Nicaragua está llena de guerras civiles, invasiones, pactos a puerta cerrada y decisiones políticas que, para bien o para mal, fueron definiendo qué entendemos hoy por soberanía.
Y aunque el término “vendepatria” no nació aquí, pocos países lo usan con tanta fuerza como el nuestro. Cada generación lo ha lanzado como acusación directa a quienes, según la memoria popular, entregaron algo más que poder: cedieron la dignidad nacional a cambio de favores extranjeros o beneficios personales.
Así, vemos a un Daniel Ortega ya decadente y anciano, repitiendo por más de 40 años el discurso de vendepatria contra sus opositores, hasta convertir la disidencia de opinión y las críticas a su dictadura en un delito de “traición a la patria”.
En Domingo buscamos a historiadores, politólogos y muchos libros y documentos oficiales y no oficiales, para desentrañar a grandes rasgos quiénes podrían encajar en la figura del “vendepatria” que pregona la dictadura Ortega Murillo.
Aquí vamos. La narrativa del “vendepatria” no es nueva.
El término “vendepatria” también ha cambiado con el tiempo. En el siglo XIX apuntaba a quienes pactaban con imperios europeos; en el XX, a quienes abrían la puerta a las intervenciones de Estados Unidos; y en el XXI, a quienes se han inclinado hacia alianzas oscuras con China o Rusia, como lo hacen los Ortega Murillo.
Lo que sigue es un recorrido por diez episodios emblemáticos. Personajes, tratados y decisiones recogidos por historiadores y documentos oficiales, que hoy siguen siendo citados como ejemplos claros de cómo, una y otra vez, la soberanía nicaragüense ha quedado en manos ajenas.
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Los patrocinadores de Walker
La llegada de William Walker a Nicaragua en 1855 fue posible gracias a la alianza de facciones liberales de León, desesperadas por vencer a los conservadores de Granada en una guerra civil que desangraba al país.
Estos líderes, entre ellos Máximo Jerez y Francisco Castellón, contrataron a Walker como jefe de una expedición mercenaria bajo el eufemismo de “voluntarios”.
La decisión se convirtió en uno de los actos más vendepatria de la historia: al abrir la puerta a un filibustero extranjero con ambiciones expansionistas entregaron la soberanía nacional a un aventurero estadounidense que pronto se proclamó presidente, restauró la esclavitud y puso a Nicaragua bajo dominio esclavista del Sur de Estados Unidos.
Lo que comenzó como un pacto militar táctico degeneró en una ocupación colonial con apoyo de empresarios estadounidenses y el control del tránsito interoceánico.
La traición terminó desencadenando una guerra centroamericana para expulsarlo, pero dejó al país devastado política y demográficamente.
Los marines de Juan José Estrada
Juan José Estrada encabezó la llamada “Revolución de 1910”, una revuelta conservadora apoyada por Estados Unidos para derrocar al presidente liberal José Santos Zelaya.
Estrada solicitó explícitamente respaldo militar y diplomático de Washington, lo que abrió la puerta al desembarco de marines en 1910 y consolidó la intervención estadounidense en Nicaragua.
Durante su breve gobierno provisional, firmó los Pacto Dawson con un delegado del Departamento de Estado de EE.UU., Thomas C. Dawson, donde se estableció un nuevo orden económico, político, financiero y diplomático en Nicaragua, cediendo además la administración de las aduanas, principal fuente de ingresos del Estado, a través del mecanismo de los collectors estadounidenses.
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Esta entrega fiscal permitió a los bancos de Wall Street controlar la solvencia del país, hipotecándolo para pagar deudas adquiridas bajo condiciones negociadas.
La figura de Estrada se considera vendepatria porque priorizó su ascenso político sobre la soberanía nacional, legitimó la ocupación militar y aceptó que Nicaragua quedara bajo tutela económica extranjera.
Su mandato preparó el camino para la prolongada presencia de marines que duraría hasta 1933.
“El Yanqui” Adolfo Díaz
Adolfo Díaz, inicialmente contador de la empresa minera La Luz y Los Ángeles (estadounidense), llegó a la Vicepresidencia y luego a la Presidencia con apoyo directo de Washington.
Su gobierno quedó marcado como uno de los períodos más sometidos a intereses extranjeros en la historia nacional. Díaz autorizó préstamos con banqueros de Nueva York, especialmente el Knox Loan, que dejaron como garantía las aduanas, los ingresos fiscales y los ferrocarriles nacionales.
Esta “dolarización política” sometió a Nicaragua a la supervisión financiera de Estados Unidos y justificó la presencia permanente de marines para “proteger los pagos”.
Su dependencia extrema de la embajada estadounidense le ganó el apodo de “el Yanqui”. Bajo su Presidencia, la soberanía económica quedó prácticamente anulada, se firmaron acuerdos que hipotecaron por décadas los activos estratégicos del país y se consolidó un protectorados de facto.
Su papel quedó marcado como «vendepatria» por haber convertido la Presidencia en un apéndice de Washington.
El Tratado Chamorro-Bryan
El Tratado Chamorro-Bryan, firmado entre el embajador nicaragüense Emiliano Chamorro y el secretario de Estado estadounidense, William J. Bryan, otorgó a Estados Unidos derechos exclusivos y perpetuos para construir un canal interoceánico por Nicaragua a cambio de tres millones de dólares, deducibles de la deuda entre ambos países.
Aunque el canal no se construyó, el tratado bloqueó cualquier negociación con potencias rivales y congeló durante décadas el sueño canalero nicaragüense.
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La Asamblea Nacional lo rechazó inicialmente, pero luego se impuso a través de presiones diplomáticas y económicas.
Para amplios sectores, este acuerdo representó un acto «vendepatria» por ceder la posibilidad de desarrollo más estratégica del país a un poder extranjero, sin beneficio real para la población ni garantías de soberanía.
El tratado subordinó la política exterior nicaragüense a Washington y simbolizó la entrega conservadora de recursos nacionales. Hasta hoy se le recuerda como un pacto de sumisión y una renuncia histórica al proyecto canalero propio.
El general Emiliano Chamorro
Emiliano Chamorro Vargas, figura dominante del conservatismo, consolidó una política de estrecha dependencia hacia Estados Unidos durante sus mandatos y negociaciones.
Además de ser responsable del Tratado Chamorro-Bryan, toleró y promovió la presencia militar norteamericana en Nicaragua, justificándola como garantía de “estabilidad” frente a la oposición liberal.
Chamorro gobernó en sintonía con los intereses de la diplomacia estadounidense, permitiendo que los marines aseguraran elecciones, resguardaran aduanas y controlaran la Guardia Nacional.
En 1926, su intento de regresar al poder mediante un golpe, provocó otra intervención estadounidense que desató la Guerra Constitucionalista.
Para sectores amplios, su figura encarna la entrega sistemática de decisiones nacionales a Washington, la subordinación de la política interna a potencias extranjeras y el desprecio por la resistencia nacionalista, incluyendo al general Augusto C. Sandino.
El Tratado Moncada-Stimson
El Tratado Moncada-Stimson, negociado por el enviado estadounidense Henry L. Stimson tras la guerra civil entre liberales y conservadores en mayo de 1917, impuso el desarme de las fuerzas nicaragüenses y entregó a Estados Unidos la organización y supervisión de elecciones.
Como parte del acuerdo, que se denominó en Nicaragua como «El Pacto del Espino Negro», se consolidó la Guardia Nacional bajo mando estadounidense y se prolongó la ocupación militar iniciada en 1912.
Para amplios sectores, este tratado firmado por el presidente José María Moncada fue un acto vendepatria porque subordinó la institucionalidad democrática al control de Washington, redujo al Ejército Nacional a una fuerza tutelada y anuló la capacidad de los partidos para dirimir conflictos sin intervención externa.
Solo el caudillo liberal Augusto Sandino rechazó firmarlo, denunciándolo como una imposición colonial, lo que lo llevó a iniciar una nueva guerra con la formación de un ejército irregular que se enfrentó a los marines y la Guardia Nacional.
El tratado consolidó la influencia de Estados Unidos en Nicaragua y sujetó la soberanía electoral, dejando al país dependiente de decisiones extranjeras durante la década siguiente.
La dinastía de los Somoza
Anastasio Somoza García llegó al poder desde la jefatura de la Guardia Nacional, una institución creada y entrenada por Estados Unidos.
En 1936, aprovechó la tutela norteamericana para desplazar al presidente Juan Bautista Sacasa y establecer su dictadura.
Durante su mandato, otorgó concesiones mineras, agrícolas y bananeras a corporaciones estadounidenses, garantizando sus intereses a cambio de apoyo político y militar.
Consolidó un régimen personalista que acumuló propiedades, empresas y territorios en manos de la familia Somoza, mientras reprimía opositores y anulaba la democracia.
La dinastía, apoyada por Washington como “baluarte anticomunista”, subordinó los recursos nacionales a compañías extranjeras y manejó la economía como patrimonio privado.
Por su origen como hombre de confianza de los marines y su entrega de recursos estratégicos, Somoza García es considerado uno de los mayores vendepatria: un dictador que cambió soberanía por respaldo externo, estableciendo un régimen familiar que duró hasta 1979.
Daniel Ortega y Wang Jing
En 2014 la Asamblea Nacional, por órdenes de Daniel Ortega, aprobó la Ley 840 que otorgó a la empresa china HKND, dirigida por Wang Jing, una concesión extraordinaria para construir un canal interoceánico y proyectos asociados, incluyendo puertos, zonas francas y un oleoducto.
El acuerdo concedió a la empresa derechos por 100 años prorrogables, exoneraciones absolutas y autoridad sobre 278 km², afectando territorios indígenas, tierras campesinas y áreas ambientalmente sensibles.
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Más de 120 comunidades rurales denunciaron expropiaciones forzosas y falta de consulta previa, en marchas en todo el país, repelidas por la policía del régimen.
La ley de Ortega entregó potestades soberanas a una entidad privada extranjera, permitiéndole expropiar, explotar recursos y restringir el paso en zonas estratégicas.
Aunque el proyecto colapsó, la concesión sigue vigente jurídicamente. Para amplios sectores, la Ley 840 constituye un acto vendepatria porque cedió soberanía territorial y legal a intereses de un empresario chino sin transparencia, sin beneficios concretos y con graves impactos sociales.
Laureano Ortega ante China y Rusia
En 2025, pero desde 2023, el hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo, operador económico del régimen Ortega-Murillo, intensificó negociaciones con China y Rusia para ampliar inversiones estratégicas en minería, energía, telecomunicaciones y control territorial.
Su labor diplomático-comercial está calificada por politólogos y analistas como una entrega acelerada de soberanía, pues busca concesiones a largo plazo para empresas estatales de ambos países a cambio de apoyo político internacional para legitimar la dictadura.
Bajo su dirección, se han ofrecido bloques de explotación minera, infraestructura portuaria, proyectos militares duales y acceso privilegiado a información estratégica.
Además de promover acuerdos opacos, Ortega Murillo ha impulsado una narrativa de alineamiento total con Beijing y Moscú, desplazando a Occidente y cerrando el espacio democrático interno.
Para críticos, su papel es tan vendepatria como el de su padre Daniel Ortega, porque consolidó la dependencia del régimen a dos potencias autoritarias a través de concesiones económicas y geopolíticas que comprometen el futuro del país.
Su figura representa la diplomacia familiar al servicio del poder, no de la nación, dice el analista político Luciano García, quien achaca a los Ortega Murillo dos acciones más que él considera pueden ser consideradas vendepatria: el destierro de cientos de nicaragüenses, la anulación de su nacionalidad y, en sentido contrario, la nacionalización de prófugos de la justicia en otros países a cambio de fortunas.
«No hay mayor ejemplo de vendepatria de los Ortega Murillo, que otorgar la nacionalidad nicaragüense corruptos, criminales y delincuentes de otros países», estima.
