Desde que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), recomendó por primera vez a la comunidad internacional llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, por violar la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, varios países la consideran válida y la aplaudirían, pero hasta el momento ninguno ha querido asumir el costo político que eso representa.
Reed Brody, integrante del GHREN, dijo a LA PRENSA que el grupo de expertos ha sostenido encuentros de alto nivel con países democráticos, pero algunos prefieren mantener cierta interlocución con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mientras que otros buscan más países dispuestos a presentarla.
«Hemos hablado ya con muchos países. Casi todos consideran que es una idea excelente, pero hasta ahora ningún Estado ha querido tomar la iniciativa. Nosotros no somos actores en este proceso, solo podemos recomendar, pero son los Estados los que deben decidir. Sabemos que es una decisión que tiene un peso diplomático, político y económico bastante alto», dijo Brody a LA PRENSA.
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Temor a represalias de Rusia o China
Según explicó Brody, en cada reunión bilateral de alto nivel donde se aborda la temática, se deja claro que es muy poco probable que un país cercano geográficamente a Nicaragua tome la iniciativa, como es el caso de Costa Rica.
«A esto se suma que el universo de Estados dispuestos a presentar una demanda es muy reducido, porque ningún país que tema represalias de los aliados de Nicaragua —como Rusia o China— lo haría. Eso excluye a casi todos los países africanos y asiáticos. Aun así, seguimos socializando la idea y tenemos amigos dentro de varios gobiernos que nos están ayudando», dijo Brody.
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¿Por qué ante la CIJ?
Brody señaló que una de las razones por las que el GHREN recomienda llevar a Nicaragua ante la CIJ es que el país ha sido uno de los que más casos ha presentado ante ese tribunal internacional.
Además, mencionó que el régimen de Ortega y Murillo se ha retirado de casi todas las organizaciones internacionales y foros multilaterales, pero la CIJ sigue siendo un foro cuyas órdenes y sentencias el propio régimen considera legítimas.
La dictadura usa el mecanismo
El 1 de marzo de 2024, el régimen presentó una demanda contra Alemania, en la que acusó a ese país de supuestamente instigar y ayudar en la comisión de un genocidio mediante el suministro de armas a Israel, en el marco del conflicto en Gaza. También lo señaló de retener fondos destinados a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
Los Ortega Murillo acusaron a Alemania de violar sus obligaciones derivadas de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En el marco de la presentación de la demanda, el representante de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, aseguró que Alemania «conocía el riesgo de que se cometiera un genocidio».
No obstante, el 30 de abril del año pasado la CIJ rechazó la demanda presentada por Nicaragua para que ordenara a Alemania suspender la ayuda militar, financiera y política a Israel, así como restablecer el apoyo financiero a la UNRWA.
A raíz de estas medidas, el régimen rebajó sus relaciones diplomáticas con Alemania y ordenó el cierre de la Embajada de Nicaragua en ese país.
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Nicaragua respondió físicamente
Durante la presentación del informe del GHREN ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el régimen estuvo por primera vez presente de forma física en una sesión del grupo, aunque descalificó su trabajo e insultó a los expertos.
Brody señaló que intentó acercarse a la delegación del régimen de Ortega y Murillo, pero no fue posible.
«En lo personal, no pueden acusarme de imperialismo. Yo documenté los crímenes cometidos por la ‘Contra’ en los años ochenta, y mi informe de 1985 fue presentado por el propio Gobierno de Nicaragua ante la CIJ. Dicen que nuestros informes carecen de sustancia porque no visitamos el país, pero nada nos gustaría más que poder hacerlo y dialogar con las autoridades. Ellos se niegan, así que nuestros informes se basan en miles de documentos y entrevistas, con un nivel probatorio alto», señaló Brody.
