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Las purgas son consustanciales a los regímenes autoritarios y ocurren principalmente por la necesidad de los dictadores de mantener e incrementar el control absoluto del Estado y de la sociedad. Se dan en medio de la inseguridad política que les provoca saber que fueron impuestos, y no electos por la voluntad popular. Esto los lleva, en la mayoría de los casos, a situaciones de auténtica paranoia.
La sucesión de los tiranos genera al final de sus vidas cruentas purgas entre los que aspiran a sucederlos, y está ocurriendo mientras los Ortega Murillo impulsan una sucesión dinástica al estilo de Corea del Norte. La transición hacia la sucesión en primer lugar, a favor de Rosario Murillo y posteriormente de uno de sus hijos, requirió una minuciosa preparación legislativa para acomodar al Estado y sus instituciones a favor de la dinastía, acompañada de las consiguientes purgas para eliminar rivales, reales o supuestos.
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Las purgas se incrementarán en la medida en que se acerque la muerte de Ortega, y para asegurar el control de los herederos se agudizarán cuando opere la transición. Las realizarán combinando propaganda con actos de sumisión, imponiendo el terror, realizando procesos judiciales amañados, y eliminando física o políticamente a posibles adversarios, e incluso militantes apáticos que usarán como víctimas de procesos ejemplificantes.
Aunque parezcan irracionales, las purgas impulsadas por Rosario Murillo persiguen una función política determinada: consolidar su poder y el de sus hijos, imponer el miedo y eliminar toda posible disidencia o resistencia para asegurar obediencia ciega.
Purgas contra corruptos
La campaña “Todos contra la corrupción” y el mandato de Ortega de identificar a los traidores, completaron el marco para acelerar y justificar las purgas, a pesar de la ausencia de voluntad para imponer transparencia y honestidad en el manejo de la cosa pública; y sin importar que el país no enfrenta un conflicto armado internacional que permita aplicar el artículo 409 del Código Penal, referido a la traición a la patria.
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En Nicaragua impera un modelo de corrupción institucionalizada y jerarquizada, que mantiene al país en uno de los últimos lugares del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Por tanto, la justificación de las purgas cae en el vacío y evidencia que su propósito es únicamente castigar a los corruptos que ya no gozan de la bendición oficial de los tiranos, porque se convirtieron en disidentes o sospechosos.
La corrupción de los purgados, antes tolerada o propiciada, se convirtió en la llamada “corrupción no autorizada”, que los Ortega Murillo ven como un reto a su poder centralizado; y a su derecho exclusivo de apropiarse de los bienes del Estado y compartirlo con quien ellos elijan.
Las purgas son parte de la visión del Estado y del rol que se autoasignan dictadores como Ortega y Murillo, que se consideran soberanos, únicos representantes de la patria e intérpretes de los intereses nacionales y, en consecuencia, con derecho para disponer sobre vidas y bienes, y privatizar el Presupuesto General de la República para premiar la lealtad hacia ellos.
Traición a la patria o a ellos
Los Ortega Murillo cofunden su persona con la representación de la patria; y el culto a su personalidad que promueven los hace considerarse la expresión misma de la nación. Por ello, se arrogan el derecho de castigar el antagonismo, la disidencia, el desacato, la falta de fidelidad y de sumisión absoluta, calificándolas como traición a la patria.
Los hechos por los que persiguen penalmente a opositores y a purgados no se subsumen en el delito de traición establecido en el artículo 409 del Código Penal, ya que persiguen conductas atípicas, que únicamente ofenden el propósito de los dictadores de permanecer indefinidamente en el poder, imponiendo el control social mediante el terror.
Es un contrasentido castigar a los purgados por prácticas corruptas, mientras la Contraloría General de la República propicia la impunidad de la corrupción autorizada, consignando en la mayoría de sus dictámenes que no hay mérito para establecer ningún tipo de responsabilidad, aunque reconozca prácticas inapropiadas. Esto corrobora que la falsa campaña sólo persigue purgar a antiguos colaboradores, aliados y testaferros que perdieron el afecto de los dictadores.
Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la ausencia de Estado de derecho y garantías del debido proceso que afectaron a miles de opositores inocentes se revirtieron contra seguidores de la dictadura que ahora son castigados, no por la corrupción y crímenes de lesa humanidad que cometieron bajo la dirección de sus actuales verdugos, sino porque los están usando como ejemplo para imponer el terror y asegurar la continuidad de la dinastía.
