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En un eventual cambio hacia la democracia en Nicaragua, los purgados por el régimen Ortega Murillo también deberán enfrentarse a procesos de justicia transicional, por lo que asumirán un doble costo, primero por su caída en desgracia y la determinación de responsabilidades en la represión. Según especialistas en política y derechos humanos, quienes estuvieron cerca de la cúpula de poder deberán integrarse a un proceso de justicia transicional para evitar que los crímenes cometidos por la dictadura se repitan en el futuro.
Durante el último año, la dictadura ha ejecutado una serie de purgas internas en su estructura, lo que, según analistas, responde al interés de Rosario Murillo en eliminar a cualquier figura que no le genere suficiente confianza de cara a asumir, en solitario, el control total del régimen una vez que el dictador Daniel Ortega muera.
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Doble papel por purgas
A consideración del especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, quienes fueron purgados o formaron parte de la estructura represiva y luego resultaron víctimas de la misma, tendrán un doble papel en un eventual proceso de justicia transicional.
A criterio del especialista, deberán rendir cuentas por su participación, pero también se deberá esclarecer su papel como víctimas de las purgas y la persecución.
“Esto significa que existen personas que, habiendo participado en violaciones a los derechos humanos, hoy también son víctimas de esas mismas violaciones. En un proceso de justicia transicional, estas personas deben rendir cuentas por sus actos, pero también debe reconocerse su papel como víctimas dentro del complejo proceso político nicaragüense”, dijo Pineda.
Justicia para evitar autoritarismo
Según Pineda, si no se implementa un proceso de justicia transicional, ocurrirá lo que sucedió con el sandinismo en 2007. Es decir, a su criterio, cuando se instaure la democracia aparecerán “voces” entre los purgados que posiblemente tengan responsabilidades en la represión y que pretendan asumir algún tipo de liderazgo.
“La falta de rendición de cuentas generó dos problemas graves. El primero fue el retorno al poder de Daniel Ortega, porque nunca se esclareció su papel histórico en esos hechos. El segundo es que ha impedido la verdadera reconciliación, que es el fin último de la justicia transicional”, consideró Pineda.
Explicó que, por esta razón, la única manera de evitar que se instaure otra dictadura y de garantizar justicia para las víctimas es la justicia transicional.
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Según Pineda, además del retorno en 2007 de figuras responsables de cometer graves crímenes en la década de 1980, como Tomás Borge, también permitió que el régimen Ortega-Murillo manipulara el concepto de “unidad y reconciliación nacional”, una categoría propia de la justicia transicional, pese a que en Nicaragua nunca hubo rendición de cuentas.
“Si tras la salida del régimen Ortega-Murillo no se establece un mecanismo de justicia transicional, Nicaragua corre el riesgo de que surja un liderazgo autoritario de signo contrario, incluso desde la extrema derecha. Por eso este proceso no solo es necesario para alcanzar reconciliación y justicia, sino también para garantizar estabilidad política y una futura democracia con vocación plural”, dijo Pineda.
Se requerirá la refundación del Estado
Según el politólogo José Antonio Peraza, la transición requerirá revertir todo lo que la dictadura ha construido en materia jurídica y en la estructura del Estado.
“Esa transición requiere una reforma constitucional —no inmediata, pero inevitable— y luego una reforma electoral. No sabemos cómo será el cambio de régimen: si mediante elecciones, rebelión popular o golpe cívico-militar. Pero una vez ocurra, será indispensable refundar el Estado de Nicaragua”, dijo Peraza.
El proceso debe ser corto
Pineda señaló que el proceso de justicia transicional debe ser breve, priorizando los hechos ocurridos durante los casi veinte años de retorno de Ortega al poder, aunque también subrayó la necesidad de establecer una verdad histórica sobre lo sucedido durante la guerra contra Anastasio Somoza y el conflicto armado de la década de 1980.
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En ese sentido, sostuvo que la justicia transicional debe tener límites temporales claros. Es decir, una comisión de la verdad podría tener un plazo razonable de un año para recopilar testimonios, investigar y emitir un informe. En caso de que se prolongue indefinidamente, el mecanismo pierde eficacia, credibilidad y el propósito de enjuiciar a los responsables.
“Si la crisis se prolonga y Ortega logra perpetuar su régimen mediante una sucesión familiar, como ha ocurrido en Venezuela o Cuba, el proceso de justicia transicional será mucho más complejo”, refirió.
