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El 2 de agosto de 2024, el régimen de Nicaragua anunció una evaluación y “reestructuración” del Estado para supuestamente mejorar la eficiencia. Según la dictadura, esta medida valoraría el trabajo de cada institución. Sin embargo, algunos analistas no dimensionaron que la reestructuración desembocaría en la imposición de un Estado totalitario a través de la nueva Constitución sandinista.
Desde el anuncio de la reestructuración del Estado hasta hoy se contabilizan al menos seis hechos notables que muestran cómo el régimen Ortega Murillo preparó el camino para el nuevo Estado totalitario, algo que, según analistas, se enmarca en la sucesión dinástica.
Barrida en instituciones públicas
Uno de los primeros efectos del anuncio de la reestructuración fue el despido masivo de empleados públicos, algo que el régimen había evitado e incluso revertido, al engrosar las planillas estatales desde que Ortega retornó al poder.
Empleados públicos que conversaron con LA PRENSA expresaron su temor a los despidos y a las represalias que el régimen podría tomar si alguien hablaba del tema.
Aunque la dictadura no ha reconocido públicamente los despidos, las cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) entre agosto del año pasado y el mismo mes de este año muestran que hay menos trabajadores en el Gobierno central. En agosto de 2024, el BCN registró 111,980 empleados, y en agosto de este año la cifra se redujo a 108,387.
Esto significa que, en un año desde el anuncio de la reestructuración del Estado, el Gobierno central tiene 3,593 trabajadores menos.
Imposición de la nueva Constitución
El 22 de noviembre, la dictadura Ortega Murillo anunció una “reforma a la Constitución” que, en realidad, representó una modificación de más de 100 artículos. Entre los principales objetivos de la nueva Constitución sandinista está la imposición del Estado totalitario.
Ese nuevo Estado cuenta con una “Copresidencia”, mientras que todos los demás poderes del Estado se degradaron a “órganos” subordinados a los dictadores Ortega y Murillo.
«La reforma transforma los poderes en órganos subordinados. Por ejemplo, ya no se habla de poder judicial o legislativo, sino de ‘órgano judicial’ y ‘órgano legislativo’. Esto consolida un poder único del cual dependen todos los demás órganos, centralizando todo en el partido y la familia Ortega-Murillo», explicó un abogado que prefirió el anonimato.
La reforma también elimina el pluralismo político, limitándose a reconocer el pluralismo cultural y social para garantizar la organización y participación en procesos electorales, ahora controlados por el régimen.
«La actual Constitución es un traje a la medida del poder. Fue diseñada para mantener el control total y permitir la reproducción dinástica del régimen. Esa lógica nunca termina bien, y los Ortega lo saben, pero ya instalados en el poder encuentran sentido a lo que antes no lo tenía», afirmó el politólogo José Antonio Peraza.
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La reactivación de paramilitares
Aunque la nueva Constitución sandinista aún no tenía vigencia porque debía ser aprobada por la Asamblea Nacional en una segunda legislatura, la Policía juramentó a 80,000 policías voluntarios desde el 15 de enero de este año.
No obstante, la Policía Voluntaria se contempla en la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley 872), con la aprobación de la nueva Constitución sandinista esta figura se elevó a rango constitucional.
El superministerio de Justicia
La Asamblea Nacional, bajo el control de la dictadura Ortega Murillo, aprobó el pasado 6 de agosto, en primera legislatura, una reforma constitucional —la segunda desde que impuso la nueva Constitución en febrero de este año— con la que se crea la PGJ, restándole funciones al Ministerio Público, cuyas competencias pasan a esta nueva entidad.
Y aunque la enmienda no está vigente, al requerir ratificación en segunda legislatura, el régimen de los Ortega Murillo echó a andar la PGJ para acusar al exasesor presidencial en inversiones Álvaro Baltodano y a su hijo Álvaro Baltodano Monroy por lavado de dinero el pasado 14 de agosto. Es decir, sin vigencia constitucional, ley creadora de la PGJ ni reglamento emitido por la Presidencia.
Esto, según abogados especialistas consultados, implica que la institución encargada de acusar e investigar será la misma Presidencia, bajo el control directo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo que elimina por completo las garantías procesales de los ciudadanos que enfrenten juicios.
Doble mando en la Policía y Cancillería
El 27 de agosto, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron por unanimidad una tercera reforma a la Constitución sandinista y otra enmienda a la Ley 872 para instaurar una jefatura con doble mando.
La reforma al artículo 125 de la Constitución eliminó la figura del director general de la Policía Nacional y la sustituyó por una jefatura dual. A partir de ahora, la Presidencia nombrará a dos jefes de las ahora denominadas “Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua”, seleccionados entre los comisionados generales que integran la Jefatura Nacional. Posteriormente, la dictadura anunció que los dos jefes policiales son Francisco Díaz y Victoriano Ruiz.
El 24 de septiembre, el régimen designó a Valdrack Jaentschke (quien permanece como canciller) y a Denis Moncada Colindres como una dupla de cancilleres. El 5 de septiembre de 2024, Ortega y Murillo habían removido del cargo a Moncada “por motivos de salud” y lo dejaron como «ministro asesor para políticas y asuntos internacionales».
Tras el rechazo de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a la candidatura de Jaentschke como secretario general en noviembre de ese año, la dictadura presentó una nueva terna en la que incluyó nuevamente a Moncada.
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No hay doble nacionalidad
El 16 de mayo, la dictadura reformó nuevamente su Constitución para eliminar la doble nacionalidad, argumentando que quienes adquieran otra nacionalidad pierden la nicaragüense por una cuestión de moral y patriotismo.
«Pero esto va más allá de lo jurídico, esto es moral. Esto es de espíritu, es de patriotismo. Esto es de ese sentimiento que cuando leemos a nuestro general Sandino nos llena», señaló el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, durante la aprobación de la reforma en primera legislatura.
La Asamblea Nacional debe ratificarla en una segunda legislatura, aunque críticos advirtieron que el régimen podría aplicarla de forma retroactiva o incluso sin la debida vigencia constitucional.
¿Qué pasará con la reestructuración cuando caiga la dictadura?
A consideración del politólogo José Antonio Peraza, con la eventual caída de la dictadura, esta reestructuración que derivó en un Estado totalitario deberá revertirse a través de una “refundación del Estado”.
«Esa transición requiere una reforma constitucional —no inmediata, pero inevitable— y luego una reforma electoral. No sabemos cómo será el cambio de régimen: si mediante elecciones, rebelión popular o golpe cívico-militar. Pero una vez ocurra, será indispensable refundar el Estado de Nicaragua», consideró.
Urge transición real
Peraza mencionó que Nicaragua ha tenido transiciones fallidas en 1979 y en 1990, pero a su criterio ambas crearon grandes expectativas que terminaron frustradas.
«No somos una sociedad especial, sino un ejemplo típico del subdesarrollo político del tercer mundo. Casos similares existen en África o Asia, como el de Zimbabue con Robert Mugabe, un líder idealista convertido en dictador, cuya esposa intentó perpetuarse en el poder hasta ser desplazada por el ejército. Rosario Murillo conoce esa historia y sabe los riesgos que enfrenta», afirmó Peraza.
