Desde que estalló la crisis sociopolítica en abril de 2018, a raíz de la represión a las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas (GHREN) identificó cuatro etapas de la represión, dos de estas consideradas como las peores.
El informe del GHREN publicado en abril de 2025 y la actualización de septiembre de este año detallan cómo el régimen de los Ortega Murillo puso en marcha varias fases de represión, empezando por la violencia hasta llegar a la que se vive actualmente, encaminada a consolidar el control absoluto y eliminar toda crítica a la dictadura.
Estas son las cuatro etapas de la represión en Nicaragua a partir de 2018:
Primera etapa: violencia
La primera etapa duró dos años, entre 2018 y 2020, y estuvo marcada por la violencia. Desde abril de 2018, el régimen respondió con represión violenta a través de paramilitares coordinados con la Policía y el Ejército.
Según el GHREN, en 2018 la Juventud Sandinista, uno de los principales brazos represores del régimen, fue convocada para conformar las llamadas «brigadas de la paz», que en realidad eran fuerzas de choque contra manifestantes.
En esta etapa se observó la utilización de varios tipos de armamentos y tácticas de represión, como garrotes, armas blancas y armas de fuego convencionales, incluidas pistolas y escopetas. Pero además, se documentó el uso de fusiles de asalto, francotiradores y munición de alto calibre.
Esta fase tuvo como ejemplo la «operación limpieza», que consistió en una serie de operativos policiales y militares de gran escala entre junio y julio de 2018 con el objetivo de desmantelar las barricadas que los manifestantes colocaron como forma de protesta.
También en esta etapa el Ejército tuvo un rol importante al recibir información proporcionada por la Policía para identificar y perseguir a manifestantes.
Segunda etapa: represión selectiva y red de informantes
Según el GHREN, los paramilitares acosaron, intimidaron y persiguieron a personas involucradas en partidos y movimientos políticos en el marco de las elecciones generales de 2021, cuando el dictador Ortega se autoproclamó ganador de los comicios luego de arrestar a opositores.
También se persiguió a defensores de derechos humanos. El informe señala que los grupos paramilitares recogían información sobre estas personas en coordinación con alcaldías, secretarios políticos y las Unidades de Victoria Electoral (UVE), uno de los brazos de espionaje en barrios y comunidades.
Además, se documentó la presencia de paramilitares en los centros de votación, donde monitoreaban a las personas en el ejercicio de su voto.
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Tercera etapa: contexto de las elecciones municipales
El GHREN señala que en 2022 los grupos paramilitares continuaron su trabajo de inteligencia, compartiendo información con la Policía y el Ejército. La represión se enfocó en labores de inteligencia en el contexto de las elecciones municipales, así como en ataques contra miembros de la Iglesia católica.
«Entre los ataques documentados por el Grupo de Expertos se cuentan actos de hostigamiento, amenazas y ataques contra religiosos, feligreses y templos», señala el GHREN.
La estructura del componente militar hasta marzo de 2022 se basó en un sistema de células: cada unidad tenía un jefe encargado de movilizar personal, ejecutar acciones y reportar directamente a las instancias superiores.
Cuarta etapa: consolidación del Estado totalitario
Desde 2023 el régimen impulsó medidas para eliminar toda crítica y establecer un control absoluto sobre el Estado, de tal manera que los paramilitares se consolidaron como parte del personal de las instituciones. En esta etapa se identificó al secretario de organización nacional del Frente Sandinista, Fidel Moreno, como organizador de los secretarios políticos bajo órdenes de Murillo.
El GHREN documentó una relación entre los paramilitares y los grupos sandinistas para realizar actividades de vigilancia.
Esta etapa se caracteriza por el cierre completo de cualquier espacio de crítica y el afianzamiento del poder absoluto en manos del Ejecutivo. Durante este tiempo, el régimen expulsó del país a cientos de nicaragüenses o les prohibió regresar. A otros los despojó de su nacionalidad, dejándolos en condición de apátridas.
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Al mismo tiempo, se aceleró la confiscación de bienes de opositores directos y de sus familias, así como de universidades privadas y organizaciones de la sociedad civil. La cancelación masiva de organizaciones sin fines de lucro se convirtió en una estrategia para borrar toda forma de organización independiente.
Este control se respalda además en cambios legales. Por ejemplo, en febrero de 2025 entró en vigor la nueva Constitución sandinista, que debilitó la protección de los derechos fundamentales y otorgó poderes ilimitados a la Presidencia, que ahora controla todos los poderes del Estado.
La cuarta etapa ya no es solo dentro del país
El informe Nicaragua: Persecución más allá de las Fronteras. Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos, presentado este martes 23 de septiembre en el marco del 60 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el GHREN advierte que la represión en Nicaragua dejó de darse únicamente en el territorio nacional, pues también se documenta en el exterior, alcanzando a las personas en el exilio y a sus familias, con medidas que buscan silenciarlas y cortar cualquier vínculo con el país.
Entre estas están la privación arbitraria de la nacionalidad, la prohibición de entrada a su propio territorio, la negativa a emitir o renovar pasaportes, la eliminación de documentos del registro civil y la revocación de títulos académicos y profesionales.
El informe también documenta casos de vigilancia, amenazas y hostigamiento en el extranjero, así como el uso indebido de mecanismos internacionales: desde notificaciones rojas de Interpol hasta alertas falsas sobre documentos de viaje o bloqueos bancarios, todo con el fin de restringir la movilidad y la vida cotidiana de los opositores.
