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Un empresario turístico con estrechos vínculos con el mercado de aerolíneas en Nicaragua por más de 20 años, dijo a LA PRENSA, bajo condición de anonimato, que las 52 negativas de ingreso al país documentadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (Oacnudh) entre junio de 2024 y el mismo mes de este año representan apenas una fracción de lo que realmente ocurre, algo que atribuye al temor de las víctimas de denunciar sus casos.
El informe presentado el martes 23 de septiembre en el marco del 60 período de sesiones de la ONU expone que la mayoría de las víctimas de esta medida del régimen Ortega Murillo prefirió no denunciar por miedo a represalias, lo que sugiere que la cifra real podría ser mayor.
«52 casos son apenas lo que ocurre en un mes, no en un año. Y en el periodo que ellos mencionan, de junio a junio (de un año a otro), puedo decir sin temor a equivocarme que, entre la vía aérea y terrestre (los buses), al menos 200 personas al mes fueron negadas. En el acumulado real deben ser entre 6,000 y 7,000», dijo el empresario.
Según la ONU, han registrado 52 casos, 27 a mujeres y 25 a hombres, incluyendo siete personas indígenas. Oacnudh detalla que la mayoría no recibió una decisión oficial ni tuvo acceso a mecanismos para impugnar la medida.
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Temor de denunciar
De acuerdo con un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, entre junio de 2018 y agosto de 2025 se registraron 318 casos de negativas de ingreso al país, con base en denuncias de víctimas.
Reed Brody, «el cazadictadores», integrante del GHREN, dijo a LA PRENSA que el temor impide que muchas víctimas denuncien, lo que dificulta dimensionar la magnitud del problema.
«Seguramente son miles. Personas que no pueden abordar aviones porque su nombre aparece en listas, o que al intentar renovar pasaportes son informadas de que ‘no existen’ en Nicaragua. La gente no denuncia por miedo al hostigamiento de sus familias en el país. Estamos trabajando con ONG para dimensionar mejor el alcance», señaló.
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Situación se empeoró desde enero
La fuente, por su parte, dijo que desde enero de este año las negativas han aumentado.
«En algunos vuelos dejaron hasta 12 personas sin abordar. Si uno hace la matemática, considerando que en promedio llegan nueve vuelos diarios, fácilmente en un día podían quedar más de 90 personas fuera», dijo el empresario.
Agregó que a algunos clientes les han negado el retorno al país incluso por motivos urgentes, como entierros de familiares. En otros casos, a un miembro de la familia lo bajan del avión mientras permiten que los demás viajen, aunque finalmente todos terminan impedidos de ingresar al país.
Pedir permiso para viajar
El documento destaca que, desde las reformas impuestas con la nueva Constitución sandinista, se introdujeron disposiciones vagas sobre “traición a la patria” que permiten despojar de la nacionalidad a opositores. A esto se sumó la aprobación de una nueva Ley General de Migración el año pasado, que amplió las causales de pérdida de ciudadanía y restringió el derecho a entrar o salir del país. Sobre esa base jurídica, el régimen ejecutó expulsiones y negativas de ingreso.
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Por otra parte, aunque no precisó la cantidad exacta de denuncias, Oacnudh asegura que continuó documentando casos de personas obligadas a solicitar autorización a funcionarios del régimen para viajar al exterior.
En algunos casos, según el informe, se prohibió específicamente la salida del país y se procedió a la confiscación de pasaportes.
Espionaje para desterrar
Un informe presentado recientemente por el GHREN en abril de este año concluyó que las expulsiones y negativas de ingreso forman parte de un plan deliberado de la dictadura de los Ortega Murillo para eliminar cualquier forma de disidencia.
El grupo determinó que la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, la Dirección de Información para la Defensa del Ejército y altos mandos del Frente Sandinista recopilan información sobre ciudadanos considerados “una amenaza para la soberanía nacional y la sociedad”.
Las órdenes de negación de ingreso provienen directamente de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), cuyo titular es el comisionado mayor Juan Emilio Rivas Benítez. Sin embargo, la decisión final recae en la vocera del régimen, Rosario Murillo. Según el informe, en ausencia de una orden judicial, Murillo y el viceministro del Interior, Luis Cañas, determinan quiénes son despojados de su nacionalidad basándose en información recogida por la Policía, el Ejército y altos mandos del sandinismo.
