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La nueva reforma a la Constitución sandinista y la enmienda a los artículos 11 y 47 de la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley 872), que establecen una dirección bicéfala de la institución, provocará que, aunque el actual jefe de la Policía, Francisco Díaz, se mantenga en el cargo, asuma funciones poco sustanciales, mientras que quien ocupe el nuevo puesto creado por el régimen podría encargarse de labores más específicas, incluidas aquellas vinculadas a inteligencia, según criterios de especialistas en temas de seguridad consultados por LA PRENSA bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Este miércoles 27 de agosto, los diputados aprobaron ambas iniciativas de reforma, que ingresaron de forma expedita al sistema legislativo. Aunque la reforma constitucional aún no está vigente, ya que debe ser ratificada en una segunda legislatura, los diputados adelantaron la modificación a la Ley 872 para acomodar la nueva estructura.
La reforma a la Ley 872 establece que la Presidencia de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo nombrará al nuevo jefe creado a partir de la entrada en vigencia de la ley, posterior a su publicación en La Gaceta, diario oficial. Esto significa que Díaz conservará su cargo, pero lo compartirá con otro jefe policial.
«Va a quedar Francisco Díaz, pero a ese nuevo codirector de la Policía le van a dar funciones más pesadas, de cara a los órganos de seguridad, mientras Francisco puede quedar como un administrador de cosas mínimas o representante legal. Esto es una suposición, porque no se menciona en la reforma, pero ese nuevo jefe debe ser más leal al proyecto familiar y que tenga funciones más delicadas. Hará algo de lo que hacían los jefes de inteligencia policial. Podrá coordinar una especie de seguridad nacional del Estado dentro de la Policía», dijo uno de los especialistas.
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Es necesaria una distribución de funciones
Otro de los especialistas en seguridad coincidió en que el rol de Díaz, consuegro de los dictadores, quedará más rezagado, pero advirtió que aun así deberán establecerse claramente las funciones de los dos jefes policiales.
«Para que tenga lógica, es necesaria una distribución de funciones. Que uno se encargue de unas áreas y el otro de otras, porque si no, eso provocaría que si uno de los jefes nombra a un jefe policial departamental y al otro jefe de la Policía no le gusta, lo va a quitar», señaló.
El mismo especialista mencionó que el interés de mantener en el cargo a Díaz responde más a razones familiares, para no darle una salida «deshonrosa», y sugirió que su rol será básicamente decorativo.
Fortalecer estructura de seguridad
A criterio de uno de los especialistas, las reformas representan un fortalecimiento de la estructura de seguridad del régimen, con menos burocracia y con funciones que se podrán coordinar de manera más discrecional, de acuerdo con los intereses de la familia dictatorial.
«Paulatinamente, desde las primeras reformas policiales, la institución sufrió una serie de cambios drásticos y lo que hay es una integración de funciones que hacen a la Policía como parte de esa megaestructura de seguridad que ahora hay en Nicaragua. Es una función que ha venido haciendo la Policía, pero ahora le están dando cuerpo normativo. Por eso el término de Fuerzas Policiales», señaló.
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¿Podría hacerlo con el Ejército?
A raíz de la reforma surge la interrogante sobre la posibilidad de que la dictadura aplique un esquema similar en el Ejército de Nicaragua, aunque ambos especialistas coincidieron en que sería «peligroso» para el propio régimen.
«Es posible, pero lo veo peligroso. El mando del Ejército es vertical y obedece al jefe del Ejército, Julio César Avilés, pero él no es todo el mando, porque después está el Estado Mayor General, lo que quiere decir que hay decisiones colegiadas. De llegar a plantearse, podría ser el punto de quiebre de la institución militar. El Ejército no es que los vaya a botar, pero sería posible que golpee la mesa, porque la estructura del Ejército es vertical», dijo.
Díaz asumió rol en la represión
Cuatro meses después del inicio de las protestas contra el régimen Ortega Murillo, el 23 de agosto de 2018, nombraron a Díaz director de la Policía. Según su currículum, Francisco Díaz se graduó de abogado y es máster en Derecho Constitucional por la Universidad Centroamericana (UCA), institución que la dictadura confiscó en 2023. Además, es consuegro de los dictadores; y el 5 de julio de 2018, por abusos a los derechos humanos que cometió durante las protestas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó a través de la Ley Magnitsky.
Según informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN), durante una reunión en mayo de 2018, comunicó que actuaba por orden directa de la dictadora Rosario Murillo, quien ordenó responder sin restricciones y utilizar toda la fuerza disponible para reprimir las protestas. En cumplimiento de estas órdenes, Díaz Madriz desplegó fuerzas policiales, incluyendo la Dirección de Operaciones Especiales Policiales, para reprimir manifestaciones en todo el país, lo que resultó en numerosas detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
Además, el informe documenta que Díaz Madriz facilitó la participación de grupos de choque conformados por civiles, empleados públicos, exmilitares y militantes de la Juventud Sandinista. También reconoció que policías voluntarios y profesionales vestidos de civil participaron en estas operaciones, actuando de manera encubierta junto a los grupos armados progubernamentales.
Un exmiembro de la Policía relató que recibió una orden escrita para dirigir a un grupo de choque compuesto por trabajadores del Estado, cuyo objetivo era agredir y detener a quienes participaban en protestas, incluso por actos tan simples como portar pintura en una mochila.
