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Con el pretexto de «aumentar la cobertura de la Seguridad Social de los trabajadores», y fortalecer su capacidad para ejecutar proyectos, el régimen Ortega Murillo le sigue donando propiedades al Instituto Nicaragüenses de Seguridad Social (INSS). El 20 de agosto le entregó cuatro más, con las que suman 54 adjudicaciones entre enero y agosto de este año, y sumadas a las 72 que le traspasó el año pasado, la entidad ya recibió 126, que se supone se las confiscaron a opositores que han desterrado.
Mientras estas donaciones siguen creciendo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público retrasa la publicación de las finanzas del INSS. El último reporte publicado, refleja que a mayo el Seguro Social acumuló un ligero superávit de 81.20 millones de córdobas. Además, desde el año pasado Hacienda no incluye donaciones en estos reportes, pero el segmento «otros ingresos» creció más que en otros periodos.
El 20 de agosto a través de dos Acuerdos Presidenciales el régimen Ortega Murillo le ordenó a la Procuraduría General de la Republica, que le traspasara cuarto propiedades al INSS. Tres de ellas están inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias del Departamento de Managua bajo los Números Absolutos de Propiedades (NAP): BI-9ADJMQL, BI-9AAHFT8 y BI-9A81PD2; y la cuarta bajo el NAP BI-2KZOHLXG del Registro de Matagalpa.
Ya le donaron 126 propiedades
Esta nueva donación de cuatro propiedades se suma a las 11 más ubicadas en Masaya, Granada, Carazo, Matagalpa, Managua y Estelí, que el 14 de agosto le traspasaron a la institución. También a cinco donadas el 22 de enero; siete el 25 de febrero; veinte que le traspasaron el 19 de marzo; y siete más el 6 de mayo. Con estas, entre enero y el 20 de agosto son 54 los bienes inmuebles que supuestamente le pertenecían al Estado y ahora son propiedad del Seguro Social. Además, estas se suman a las 72 que le entregaron el año pasado, para totalizar una donación de 126 propiedades.
Los Acuerdos Presidenciales que ordenaron la donación de estas 126 propiedades no incluyeron ningún otro dato sobre los bienes inmuebles traspasados, solamente el NAP. Sin embargo, existe el precedente de que en casos anteriores algunos exreos políticos desterrados y despojados de su nacionalidad identificaron la inscripción de algunos de sus bienes y denunciaron el abuso.
Por tanto, se presume que la mayoría de estas propiedades pertenecían a opositores a los que la dictadura Ortega Murillo despojó de sus bienes después de desterrarlos. Incluso, algunos afectados han descrito esta práctica como un intento de legitimar la confiscación de bienes a personas que el régimen Ortega Murillo considera opositores, entre ellos dirigentes políticos, sociales y empresariales, a los que en su mayoría mantuvo encarcelados y posteriormente desterró y los despojó de su nacionalidad.
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¿Qué hace el INSS con las propiedades?
Tampoco se sabe cuál es el valor de las 126 propiedades que hasta ahora le han traspasado a la institución, ni qué hace el Seguro Social con ellas para fortalecer sus finanzas, ya que según los documentos, es el objetivo del «traspaso».
Cabe recordar que en 2014 el INSS tenía 10,464 millones de córdobas en reservas técnicas, pero a partir de ese año comenzaron a reducirse, hasta convertirse en una enorme deuda, según muestran cifras oficiales.
Desde entonces, la deuda siguió creciendo hasta ubicarse en 5,811 millones de córdobas en 2023, monto que al cambio oficial actual representa unos 158 millones de dólares. La mayoría de esa deuda, 5,520 millones de córdobas, pertenece al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y los restantes 290 millones de córdobas al régimen de Riesgos Profesionales (RP).
Cifras del INSS difieren de las de Hacienda
Además, desde 2014 también crecieron los déficits que acumula la institución en el cierre anual de sus operaciones, ya que sus gastos superan a sus ingresos. Según el anuario de 2023, ese año la entidad acumuló un déficit de 3,093 millones de córdobas, cifra similar a la reportada en años anteriores. Estos son los datos más recientes que se conocen ya que el INSS publicó recientemente el anuario estadístico de ese año y mantiene oculto el de 2024.
No obstante, es evidente que el régimen se empeña en «maquillar» esta crisis financiera, ya que los reportes del Ministerio de Hacienda sobre las finanzas del INSS reflejan otra realidad. Por ejemplo, según Hacienda la entidad cerró el 2023 con un superávit de 137.1 millones de córdobas. Conforme esos reportes el año pasado el superávit subió a 400 millones de córdobas; y en mayo de este año fue de 81 millones de córdobas.
Además, esos reportes ya no incluyen las millonarias partidas de donaciones y otros apoyos que el Estado le transfiere anualmente al Seguro Social para garantizar que, a pesar de su quiebra técnica, siga cumpliendo las obligaciones que tiene con los jubilados y asegurados activos.
Y mientras la crisis financiera del INSS se agudiza, la dictadura sigue sin dar a conocer la supuesta propuesta de reforma que prepara para sacar al INSS de la crisis. Según la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visitó Nicaragua a finales del año pasado en el marco de la evaluación anual conocida como Artículo IV, los funcionarios de la dictadura les informaron sobre las conversaciones que mantienen para explorar posibles opciones de reforma.
