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CONTENIDO EXCLUSIVO.En medio de la crisis que enfrenta el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), tras una década de déficits, con sus reservas técnicas agotadas desde 2021 y dependiendo desde 2022 de millonarias transferencias a través del Presupuesto estatal para funcionar, el régimen Ortega Murillo le donó 72 propiedades.
Más allá de la ilegalidad que la donación representa, por el origen de las propiedades, los especialistas aseguran que “el regalo” va en línea con lo recomendado por el FMI, ya que mejora los activos fijos del INSS y las propiedades pueden generar rentabilidad y ayudar a enfrentar los gastos.
Sin embargo, los especialistas advierten que aunque el efecto se notará en las cuentas del INSS, para obtener un margen importante de rentabilidad que le ayude a cubrir algunas de sus necesidades, el INSS debe invertir en el mantenimiento de estas propiedades, por tanto, los resultados se verán en el largo plazo. Además, eso no resolverá su crisis, porque el hueco financiero de la entidad es superior al valor de estas propiedades.
Otra advertencia es que esta donación de propiedades, confiscadas a opositores o decomisadas en actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, propicie más corrupción en una institución que ha estado involucrada en actos de este tipo. Cabe recordar que en noviembre de 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al presidente ejecutivo del INSS, capitán en retiro Roberto López, por involucrar a la entidad en prácticas de este tipo.
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Efecto de la donación será a mediano plazo
A través de seis Acuerdos Presidenciales publicados en la edición del viernes 9 de agosto de 2024 en el diario oficial La Gaceta, el régimen Ortega Murillo le ordenó a la Procuraduría General de la República donarle al INSS 72 propiedades de las que solo se brindó el número registral: 38 están ubicadas en Estelí, 23 en Managua, 8 en Rivas, una en Granada, una en Jinotega y una en Masaya.
“Va en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero efectos positivos que puede tener el traslado de activos fijos es lento, si fueran activos corrientes sería distinto, pero los activos fijos no se pueden resolver de un mes para otro, ni de un año para el otro. Además, el INSS tiene que invertir para mejorar las propiedades, administrarlas y ponerlas al día, ponerlas en orden, para que esos activos fijos sean vendibles a un buen precio y eso no se hace en un día, tampoco en un año, esa es una tarea a mediano plazo. Esa es una inversión de mediano plazo y el efecto también será de mediano plazo”, explica un analista financiero que por temor a represalias pide que no se mencione su nombre.
Otro economista que también solicita anonimato, por temor a sumarse a la lista de confiscados, considera que no es novedad que el INSS incluya en su cartera más propiedades, ya que incluso las inversiones en bienes raíces son muy atractivas por su rentabilidad.
En el pasado el INSS invirtió en la construcción de edificios y complejos habitacionales, pero el mal manejo de estas inversiones las llevó al fracaso, situación que ahora que las 72 propiedades son “donadas” no debería repetirse.
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¿Para mejorar finanzas del INSS?
Los especialistas consideran que incluso, pueden usarse para respaldar financiamiento, aunque lo más viable parece que es venderlas, ya que el giro del INSS no es administrar fincas ni alquilar casas, en cambio los recursos que se obtengan por la venta engrosarían sus reservas técnicas, algo que ayudaría, pero no resolvería la crisis de la institución.
“Le están pasando todas estas propiedades al INSS para que su posición financiera luzca un poco mejor en términos de activos, y no descarto que las vendan o subasten. Creo que por ahí va la movida, sobre todo porque el decreto presidencial dice que se usarán para ejecutar proyectos en beneficio de las familias. Obviamente estas propiedades no tienen ninguna utilidad para las familias a las cuales están destinadas por el decreto, entonces creo que podrían liquidarlas y con los recursos que se generen, engrosar las reservas técnicas del INSS”, expone el economista.
Asimismo, el analista financiero explicó que para vender las 72 propiedades a “buenos precios” el INSS tendrá que invertir en el mantenimiento e incluso en mejoras, por lo que eso puede alargarse en el tiempo.
Además, la posibilidad de vender estas propiedades genera muchas suspicacias. Primero por la falta de transparencia en el traspaso de las propiedades, que a excepción de la isleta en el Lago de Granada que le confiscaron al exreo político desterrado Juan Sebastián Chamorro y de la que mencionaron su nombre, y de una finca de Jinotega de la que incluyeron los linderos, las otras 70 propiedades que aparecen en el decreto que ordena la donación no pueden identificarse.
¿De quiénes eran las propiedades donadas al INSS?
Pueden ser propiedades confiscadas a los opositores desnacionalizados, a las ONG cerradas o las involucradas en el caso de corrupción del extesorero de la República, Juan José Montoya Pérez, que está preso. Pero no se sabe porque solo las identifican con el número único de propiedad que es una nomenclatura relativamente nueva.
“Llama mucho la atención que solamente hagan referencia a ese número sin linderos, no quieren ser transparentes, aunque no lo son absolutamente en nada, pero que en este caso solo publicitaron la identidad de dos de las propiedades, y lo que llama la atención es que la mayor parte de ellas tienen números registrales secuenciales, entonces puede ser una urbanización con desprendimientos”, dice el economista, quien por temor a represalias también pide anonimato.
Aunque también aclara que “es posible que tras el paso del Registro Público a la Procuraduría General de la República, hace algunos meses, inventaron nuevos asientos registrales para estas propiedades”.
Efectivamente, LA PRENSA también supo que la dictadura está borrando los antecedentes registrales de propiedades en el Registro Público de la Propiedad que el año pasado pasó a manos de la Procuraduría General de la República. En mayo de 2024, la dictadura emitió una nueva normativa administrativa interna que autoriza “cancelar” antecedentes registrales, lo que un especialista calificó de blanqueo registral inmobiliario.
Esa no es la salida a la crisis
“Esto es un blanqueo registral inmobiliario, tanto para limpiar los antecedentes de la vieja piñata como de la nueva piñata”, afirmó el especialista que pidió no ser identificado.
Las nuevas disposiciones administrativas, denominadas “Criterio homologado de calificación registral” fueron emitidas por el Sistema Nacional de Registro (Sinare) el pasado 7 de mayo de 2024, siete meses después de haberle quitado el control del Registro Público de la Propiedad a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que originalmente lo tenía bajo control, y haberlo pasado a la Procuraduría General.
El especialista considera que hicieron estos cambios para que no quede evidencia del origen de las propiedades.
Ante estas irregularidades con el origen de las propiedades, un especialista en Seguridad Social que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, recordó que la única manera de que el INSS supere su déficit financiero es aumentando la cantidad de cotizantes para elevar los ingresos, así que descarta que esta institución pueda superar su crisis adquiriendo propiedades.
Temen que el INSS sirva de trampolín para robo
“El Seguro Social no hace nada con esas propiedades a menos que las vendiera, pero venderlas es muy difícil. Lo que harán con esas propiedades es que, después de cierto tiempo, como tienen que deshacerse de ellas, se las van a vender a allegados al Gobierno a precios bajo”, advirtió el especialista.
El especialista no duda que estas donaciones y posterior venta de las propiedades sea parte de una nueva versión de “la piñata” en la que antes de abandonar el poder en 1990 los sandinistas se adueñaron de diversas propiedades que en los años 80, a su llegada al poder, le habían confiscado a miles de nicaragüenses.
En esta nueva versión, “la piñata” estaría centrada en las propiedades confiscadas a dirigentes políticos, empresariales y sociales a quienes desterraron después de más de dos años de tenerlos presos, les quitaron la nacionalidad y les confiscaron sus bienes. La nueva “piñata” también incluiría las propiedades de unas cuatro mil organizaciones no gubernamentales (ONG) que el régimen ha cerrado en los últimos años y les ha confiscado sus bienes.
El analista financiero y los economistas consultados también comparten ese temor. Todos coindicen en que existe la posibilidad de que el traspaso de las 72 propiedades al INSS sea un mecanismo para usar a la institución de “trampolín”, para que, en una venta o subasta, personas allegadas al círculo de poder del régimen Ortega Murillo se queden con ellas a precios insignificantes.
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