El control directo que ahora tienen el dictador Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, sobre el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil les da la facilidad de maniobrar a sus anchas los bienes inscritos de todos los nicaragüenses.
Para los críticos esto significa que ya nadie más que el régimen orteguista puede tener acceso a los registros de propiedades, en un país donde se han confiscado decenas de bienes de opositores y otros cientos de propiedades de asociaciones sin fines de lucro.
Los expertos y legalistas coinciden en que la principal y más importante característica del Registro Público de la Propiedad era precisamente ser público por derecho y garantía de los ciudadanos. Su objetivo era ser un instrumento registral abierto al acceso de naturales y jurídicos, para revisar los asientos de interés, lo que garantizaba la transparencia y la seguridad jurídica en el país.
Registros públicos «ya no son públicos»
El abogado Yader Morazán, especialista en administración de justicia y exfuncionario del poder judicial, explicó, por ejemplo, que si una persona va a comprar una propiedad, lo ideal es revisar en el Registro Público si el que está vendiendo es el verdadero dueño y que ese bien no esté en conflicto, pero ahora eso está condicionado a la voluntad del registrador.
«Hay un conflicto de intereses, porque el Estado tiene conflictos de propiedades con un montón de gente», valoró Morazán.
Desde que Ortega regresó al poder en 2007, se ha encargado de restringir el acceso público a estos registros, por medio de reglamentos y resoluciones administrativas del Consejo Nacional de Registros —también bajo su control—, hasta que finalmente este 31 de noviembre la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, aprobó una reforma constitucional que quitó de en medio al poder judicial para que el Ejecutivo tenga control directo de los registros públicos de la propiedad.
Con la reforma, el Registro Público pasó a manos del abogado del Estado, el procurador general de República, una institución que funciona bajo los intereses de la familia Ortega Murillo, y que ha sido clave en el proceso de cancelación de más de 3,400 organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG). Todos los bienes muebles e inmuebles de las ONG canceladas desde 2018 han sido traspasados a la Procuraduría, lo que para los críticos son confiscaciones.
Pueden «inscribir como quieran»
El abogado Morazán explicó que al no ser público el Registro de la Propiedad, el régimen Ortega Murillo puede hacer lo que quiera con los bienes de su interés, con total discreción e impunidad.
Explicó que si bien es cierto que la Procuraduría ha venido expropiando los bienes de los opositores nicaragüenses, pero para hacerlo tenía que acudir al Registro básicamente para poder inscribir. «Ahora lo van a hacer desde la casa», manifestó el abogado.
Morazán valoró que con el control orteguista del Registro Público de la Propiedad la dictadura «tiene un mecanismo para expropiar cualquier bien».
«Al no ser públicos los registros, ellos pueden hacer grandes negocios, poner propiedades a nombre de testaferros, confiscar, inscribir como quieran, y si vos querés hacer una investigación registral no podés hacerlo, porque el Registro ya no es público. Tenés que ir a convencer al registrador de que te permita ver los libros de registro o inscripciones registrales», explicó Morazán.
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Bajo esta situación, incluso los bancos privados están limitados para hacer investigaciones registrales sobre algún deudor. Tampoco le pueden dar seguimiento a los testaferros que están a cargo de las empresas de las familias del círculo de poder de Ortega, agregó Morazán.
Esto también viene a facilitar la continuidad de las confiscaciones a los bienes de los 316 opositores, quienes en su mayoría están en el exilio, tras la persecución de la dictadura orteguista.
Seguridad jurídica seriamente afectada
Un abogado, que pidió ocultar su identidad por motivos de seguridad, señaló que la mayor afectación es para la seguridad jurídica, porque de ahora en adelante el Registro funcionará bajo el «control partidario» de una parte interesada.
«La transparencia registral terminó en Nicaragua, lo cual es la cobertura perfecta para todo tipo de manejo, para que no se conozca quiénes son los propietarios, para que no se conozca el enriquecimiento desmedido de determinadas personas y que estas puedan actuar impunemente, porque el Registro tiene facultades para anular los asientos registrales», manifestó la fuente.
Registro Público al servicio de la familia Ortega Murillo
El abogado también dijo que se anuló la inmovilidad registral, que garantiza que el asiento de una propiedad no pueda ser cambiado sin un proceso legal. Mientras que ahora, «un asiento registral que estaba a nombre de una persona, mañana pueda aparecer esa misma propiedad a nombre de un tercero», por la inseguridad jurídica y el interés de la dictadura.
«Todo esto se mueve en un ámbito de corrupción total, pero no corrupción necesariamente económica, sino una corrupción política. El Registro está al servicio del enriquecimiento de la familia y los círculos cercanos al poder y de los intereses económicos de la familia, sus testaferros y socios», manifestó la fuente.
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Además, el abogado señaló que el control que ahora tiene el Ejecutivo sobre los Registros lo hacen caer en un claro conflicto de intereses, porque el régimen de Ortega es parte interesada tras las confiscaciones de bienes privados que eran de los opositores y ahora, además, tiene a mano un instrumento para hacer estas confiscaciones sin mediación, sin supervisión y en discreción total.
