México atraviesa una crisis. No se trata de una crisis que los gobiernos puedan solucionar con ajustes de políticas, sino de un malestar estructural más profundo que se agrava silenciosamente hasta que estalla. Dos recientes rebajas de calificación crediticia, por parte de Moody’s y S&P, han hecho evidente el problema para los mercados internacionales, pero sus causas aún no se comprenden del todo.
Las agencias de calificación citan el deterioro fiscal —el creciente déficit presupuestario, la precaria situación financiera de la petrolera estatal Pemex y los programas de transferencias sobredimensionados— como la principal razón de la rebaja de la calificación. No se equivocan. Pero este desequilibrio fiscal es síntoma de un problema más grave: un modelo de gobernanza que desconfía de los mercados, es hostil a las instituciones independientes e incapaz de brindar la previsibilidad jurídica que los inversionistas exigen. La verdadera acusación contra México hoy no es principalmente fiscal, sino política.
Durante los siete años que el partido Morena ha gobernado México —primero bajo el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora bajo la presidenta Claudia Sheinbaum— el país ha registrado su peor desempeño de crecimiento desde la “década perdida” de los años 80. El crecimiento del PIB real ha promediado menos del 1 por ciento anual. A medida que las cadenas de suministro se trasladaron fuera de China, el nearshoring debería haber generado una bonanza histórica, pero en cambio ha tenido un desempeño dramáticamente inferior.
La promesa de que México se convirtiera en el gran beneficiario de la desglobalización no se ha materializado. La oportunidad existía, pero el entorno político ahuyentó el capital necesario para aprovecharla. Desmantelar organismos reguladores, ampliar el poder judicial y gobernar por decreto ejecutivo son una receta para el estancamiento, no para una economía competitiva y de alto crecimiento.
Esto nos lleva al meollo de la cuestión: México ya no es una democracia en ningún sentido significativo del término.
La evidencia es abrumadora. AMLO dedicó sus seis años en el cargo a debilitar sistemáticamente todas las instituciones capaces de controlar el poder ejecutivo, desde la autoridad electoral y la Suprema Corte hasta los órganos reguladores autónomos y la prensa libre. Sheinbaum ha continuado y, en algunos aspectos, acelerado ese proyecto. La reforma judicial de 2024, que introdujo la elección popular de los jueces federales, fue el golpe decisivo. En lugar de democratizar los tribunales, los politizó, y en el México actual, un tribunal politizado es un tribunal de Morena.
Las consecuencias para el Estado de derecho han sido inmediatas y graves. Los inversores extranjeros, que se habían mostrado cautelosamente optimistas ante las primeras señales de Sheinbaum, se han alarmado. Sin tribunales independientes capaces de hacer cumplir los contratos y proteger los derechos de propiedad, no es posible un marco de inversión serio. Sheinbaum afirma que quiere capital privado. Pero para ofrecer un sistema jurídico que inspire confianza a los inversores, necesita afrontar el legado ideológico de su partido, algo que parece reacia a hacer.
El gobierno de Sheinbaum ha dado un paso más hacia la consolidación permanente del poder. El Congreso aprobó recientemente una reforma constitucional que permitiría invalidar elecciones por motivos de injerencia extranjera. En un sistema político donde el partido gobernante controla el poder judicial, la autoridad electoral y el legislativo, dicha ley no es una garantía para la soberanía, sino una herramienta para mantener el statu quo y un escudo contra el escrutinio externo.
Consideremos lo que dicho escrutinio ya ha revelado. A finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por conspirar con la facción Chapitos del cártel de Sinaloa para traficar drogas a Estados Unidos. La acusación alega que dicha facción aseguró la victoria de Rocha Moya. en la contienda por la gobernación de 2021 mediante el robo de boletas electorales y el secuestro e intimidación de candidatos de la oposición.
Según los fiscales, Rocha Moya (un estrecho aliado de AMLO) se reunió con líderes del cártel durante su campaña y se comprometió a colocar funcionarios afines al cártel en el gobierno de Sinaloa. Entre las pruebas físicas se encuentran listas mensuales de sobornos manuscritas incautadas en México, con los nombres y cargos de los funcionarios que recibían los pagos, así como las cantidades.
La respuesta de Sheinbaum a la solicitud de extradición fue reveladora: se negó a cumplirla, exigiendo «pruebas irrefutables» y señalando que, si no se presentan pruebas, queda claro que los cargos tienen motivaciones políticas.
La acusación contra Rocha Moya no es un caso aislado. Refleja la realidad de que el crimen organizado no solo opera paralelamente al sistema político mexicano; en muchas partes del país, es el sistema político en sí. La contienda por la gobernación de Sinaloa en 2021, según el gobierno estadounidense, fue una transacción, no una elección.
Esto plantea la pregunta más incómoda de la política mexicana actual. Si el financiamiento de los cárteles llegó al partido Morena en la contienda por la gobernación de 2021, ¿por qué la elección presidencial de 2024 —mucho más importante y con las mismas redes políticas involucradas— sería inmune? La cuestión no es si, a ojos de los votantes mexicanos, Sheinbaum ganó legítimamente, sino si el aparato del partido que le brindó su histórica victoria fue transparente. En este contexto, la supuesta defensa del gobierno contra la injerencia extranjera se asemeja menos a una protección democrática y más a una prohibición preventiva de cualquier intento formal de plantear esta cuestión.
Por eso Sheinbaum no puede romper con su predecesora. Para contrarrestar la influencia de los cárteles en la política mexicana, tendría que enfrentarse a la red que la llevó al poder.
Las rebajas en la calificación crediticia de México señalan un creciente riesgo fiscal. Sin embargo, los mercados financieros tardan en reflejar el riesgo de que un país transite de una democracia imperfecta a un régimen autoritario competitivo. México ya ha cruzado ese umbral. Las consecuencias apenas comienzan a hacerse sentir.
El autor es exministro de Hacienda de México y exgobernador del Banco de México, es el tesorero del G-30.
Copyright: Project Syndicate, 2026.
www.project-syndicate.org
