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Desde el 12 de mayo pasado, en el departamento de Carazo fue habilitado uno de los ocho centros de recuperación de adicciones conocidos como Nuevos Días, creados por una fundación poco conocida y ligada al Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, pobladores aseguran que el lugar no ha sido útil ni presenta movimiento alguno, más allá del personal estatal.
El centro opera en el inmueble que por años ocupó el Centro de Retiros Skylark, perteneciente a la organización canadiense Threefold Ministries, dedicada a brindar retiros espirituales y atención comunitaria gratuita, como capacitaciones en primeros auxilios, electricidad, inglés y cuidado de los pies. Las instalaciones están ubicadas en el kilómetro 44 carretera San Marcos–Jinotepe, 700 metros al oeste.
En agosto de 2024, la organización fue una de las 1,500 ONG canceladas por el Ministerio del Interior, bajo el argumento de «incumplimientos legales», según el Acuerdo Ministerial No. 38-2024. Posteriormente, su propiedad fue confiscada por el Estado.
El Centro de Retiros Skylark era el proyecto más importante de Threefold Ministries, que operaba desde 2007. Ofrecía, según su sitio web, «alojamiento para equipos de fuera de Nicaragua que buscan participar en actividades cristianas en apoyo del pueblo nicaragüense, además de ser la base para la operación de nuestros programas de alcance comunitario».
«Funcionaba más antes que ahora»
Juana, de 54 años, tiene un hijo de 22 con problemas de adicción. Logró internarlo durante un par de meses en el centro de rehabilitación instalado en la propiedad confiscada a la organización Threefold Ministries. Sin embargo, no pudo seguir cubriendo la mensualidad de C$7,300, a lo que se sumaba el gasto de los artículos que debía llevarle cada mes.
«Sólo estuvo dos meses, de ahí no pude pagarle más tiempo. Mi hijo recibía una vez a la semana la visita espiritual de un pastor y como terapia tenía que ayudar con la limpieza del lugar», contó la progenitora.
LA PRENSA conoció que en la actualidad hay sólo cinco internos. «Casi nadie llega porque es muy caro, los internos no son de aquí (de Carazo)», contó una habitante de la zona, quien pidió no ser citada.
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Desde su reapertura como supuesto centro de adicciones, la comunidad insiste en que no ha visto mayor movimiento en el lugar. 16 personas laboran en el centro, entre los que figuran una psicóloga, un terapeuta y una doctora.
«Funcionaba más antes que ahora. A las madres primerizas se les daba charla, les pagaban todos los chequeos médicos, les daban regalos para los niños. A los niños de seis meses hasta 5 años, les daban un kinder gratuito y los jóvenes tenían acceso a clases de inglés, primeros auxilios, cursos de electricidad, todo era gratuito, todo esos proyectos se terminaron», dijo otra habitante.
Otro poblador lamentó que «quitaron la propiedad para dejarla morir. Nadie le está dando uso, porque la mensualidad es cara. Sólo cuando hay actividades políticas lo usan».
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Los internos tienen derecho a visita, dos veces al mes, es decir cada 15 días. En la entrada al centro de rehabilitación hay al menos tres cámaras de seguridad, instaladas en árboles; mientras que oficiales de la Policía rondan el lugar por el día.
El caso de este centro en Carazo se suma a otros inmuebles confiscados por la dictadura, que posteriormente han sido asignados a instituciones públicas sin que se garantice un uso real o beneficio para la población.
