Brigadas del Minsa. Foto: Tomada del Minsa.

Así opera el Minsa como brazo de vigilancia de la dictadura en Nicaragua

El Minsa es parte de la estructura de vigilancia que mantiene el régimen dentro de Nicaragua. Utiliza los censos nutricionales, abatizaciones y otros para sacar información sensible

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El Ministerio de Salud (Minsa) fue una de las instituciones identificada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como una de las instituciones de vigilancia que utiliza la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua contra la población, en especial opositores. La vigilancia la ejecutan por medio de censos poblacionales.

«Los centros informáticos de los municipios registran la información que las personas facilitan en los formularios censales del Ministerio de Salud», revela el Informe presentado por el Ghren.

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El Ghren explicó que la vigilancia no sólo se limita a personas «consideradas opositoras» sino que «toda la población es vigilada por la estructura de inteligencia a través del Ministerio de Salud que realiza un censo poblacional que incluye preguntas sobre la ubicación de familiares y sus afiliaciones políticas».

Además del Minsa, el aparato de vigilancia señalado por el Ghren incluye al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el Ejército y la Policía.

El caso de Brooklyn Rivera

El 29 de septiembre de 2023, el líder indígena y diputado del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), Brooklyn Rivera, fue detenido mediante engaños por la policía en su domicilio en Bilwi, capital del Caribe Norte de Nicaragua, después de una visita supuestamente de trabajadores del Minsa que supervisaban la zona como parte de una campaña contra la malaria y dengue.

Tininiska Rivera, hija del diputado indígena, en declaraciones a LA PRENSA afirmó que antes de la detención de su padre y que este no estaba en el país, a su casa llegaron en dos ocasiones las mismas brigadas del Minsa.

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«El día que detuvieron a mi papá, el cocinero y el cuidador me dijeron que como a las 7:30 a.m. llegó una brigada del Minsa diciendo que había un brote en el barrio de malaria y de dengue, y que necesitaban revisar cómo estaba el patio de la casa y saber cómo estaban los que habitaban en la casa, no se les permitió la entrada y a los 5 o 10 minutos fue que llegó la Policía», recordó Rivera.

Momentos en que el diputado Brooklyn Rivera Bryan es trasladado en una ambulancia tras ser arrestado por la Policía orteguista. Foto: Redes sociales

Enseguida refirió que durante la detención se encontraba el jefe policial de Bilwi, el responsable regional del Minsa y el director del Hospital Policlínico. «Todos estos participaron en la detención, metieron una camioneta o ambulancia hasta dentro de la casa», apuntó.

Rivera describió que antes que ella saliera al exilio, las brigadas del Minsa en esa zona continuaban haciendo el trabajo de vigilancia. «Los del Minsa llegaban con mentiras a la casa, decían que andaban abatizando, pero hacían preguntas, para mí, fuera de lugar, como quiénes viven, los nombres de las personas, las edades, dónde trabajan, quién es el responsable de la casa», afirmó.

Los censos que hace el Minsa

LA PRENSA confirmó con trabajadores del Minsa que efectivamente realizan un censo conocido como historia de salud familiar, en el que piden dirección exacta, nombres completos de las personas que habitan, fecha de nacimiento, edades, sexo, escolaridad, profesión y ocupación.

Uno de los trabajadores, bajo la estricta condición de anonimato, indicó que en algunos casos «uno puede salirse de las preguntas y hacer otras que hayan sido orientadas por autoridades superiores en ciertas viviendas».

En 2024, la casa de Luisa, a pesar de que no era una opositora reconocida, era vigilada por vecinos integrantes del Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en un barrio de la capital por la participación de su hijo en las protestas antigubernamentales en 2018 y porque continuaba denunciando a la dictadura en redes sociales.

Historia de salud familiar realizado por el Minsa. LA PRENSA

En agosto de ese año, una visita que recibió por brigadas del Minsa la alarmó, aunque según la intención era conocer las enfermedades que presentaban sus familiares, una de los integrantes del Minsa insistió en hacer sobre preguntas de su hijo.

«Me decían ‘¿y ‘Juan’ qué hace ahora, dónde trabaja?’. Yo respondí que mi hijo ya no vivía conmigo, porque es verdad, lo tuve que sacar del país, por miedo», contó la mujer.

El Minsa en su sitio oficial y lo reportado por medios oficialistas, no publican información sobre este tipo de censo, sólo abordan, por mencionar, el Censo Nutricional 2025 dirigido a niños y adolescentes, en edades de 0 a 14 años.

Lo que sí reconoce el Minsa es que estos los censos normalmente los realizan trabajadores de salud en coordinación con el Ministerio de Educación, autoridades políticas locales, Juventud Sandinista y Red Comunitaria que visiten casa a casa, cada año.

Más interés a labor de vigilancia que a prevenir enfermedades

La exministra de Salud, Dora María Téllez, que ocupó el cargo tras el triunfo de la revolución sandinista, indicó a LA PRENSA que si bien es cierto el Minsa habitualmente realiza distintos censos relativos a la condición de salud, enfermedades crónicas, niños y embarazadas, esto lo hace «con el argumento de ver los problemas de salud que tienen las familias y seguramente esa información está siendo pasada a entidades de inteligencia de la Policía».

«El Minsa se ha desvirtuado completamente su papel por la parcialización y politización que ha tenido desde 2018, que fue clarísima con la negativa de atención a personas heridas, y se conoce que su política ha sido de parcialización total, tenemos de ejemplo, el tema de la pandemia del Covid-19».

Dora Maria Tellez. Foto Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

Por su parte, la experta en Salud Pública y directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Ana Quirós, remarcó que «el Minsa ha planteado que visita las viviendas y hace inspecciones para valorar la situación de salud de familias, para dar consejos, indagar sobre los posibles riesgos, sin embargo lo hacen con el doble propósito, porque el objetivo que está detrás es indagar a cerca de la población, de los movimientos de la familia, de quiénes integran y cómo piensan».

Quirós compartió que tiene conocimiento que desde el año pasado el Minsa en sus censos incluyó «preguntas dirigidas a las problemáticas de la población y de quienes estaban fuera del país».

Ana Quirós, opositora al régimen de Daniel Ortega, fue expulsada de Nicaragua en 2018. Cortesía/Donaldo Hernández

«El régimen usa cualquier subterfugio para averiguar acerca de las posiciones políticas de la población, para vigilarla, para conocer sus movimientos y saber cuál es la percepción o la opinión que tienen sobre el régimen, sin lugar a duda. Absolutamente todo lo que hacen tienen un motivo de vigilancia, amedrentamiento y acoso a la población».

La experta en Salud Pública denunció que «el Minsa actúa como otro ente del aparato de vigilancia del régimen hacia la población. Creo que en el último tiempo esta institución le ha prestado más interés a esa labor de vigilancia, que al objetivo central de proteger la salud de la población, prevenir las enfermedades».

Autoridades del Minsa deberán rendir cuentas

Quirós denunció que las afirmaciones del Ghren «en cualquier país del mundo debe ser objeto de investigación por parte de las autoridades, incluyendo la Contraloría de la República y la Corte Suprema de Justicia sin embargo, ninguna de estas dos instituciones tienen un papel independiente que garantice que las instituciones públicas cumplan con su función».

A su vez, apuntó que la información de informe de la ONU da pie para que en el futuro «para que las autoridades del Minsa rindan cuenta de lo que han hecho y han dejado de hacer con relación al Minsa. Lo hemos venido señalando desde 2018 con respecto a las autoridades del Minsa, que en su momento llevó a la sanción a Sonia Castro, ella y las demás ministras deberán rendir cuentas».

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En junio del 2019, EE. UU., y Canadá sancionaron a funcionarios de la dictadura, incluido la ahora exministra de Salud, Castro a quién la identificaron y acusan de ordenar a los médicos, durante las protestas contra el régimen orteguista, que no atendieran a los manifestantes heridos en los hospitales públicos y por el despido del personal médico que decidió atender a los heridos y que han participado en las protestas.

Aunque ella desmintió esa versión, los familiares de las víctimas sostienen lo contrario, como el caso de la madre de Álvaro Conrado, quien murió desangrado tras recibir un disparo en la garganta.

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